“Los banqueros antes hacían las leyes y se autorregulaban”

Entre 1998 y 1999, 32 instituciones financieras, entre bancos, mutualistas y cooperativas, quebraron y la mayoría de sus clientes todavía no ha logrado recuperar sus fondos. Se estima que el considerado “gran atraco bancario” le costó a Ecuador un monto de aproximadamente 6.000 millones de dólares.

La crisis financiera, que como consecuencia derivó en la dolarización de la economía del país, marcó una oleada de migración de ecuatorianos que buscaron mejores condiciones de vida en el exterior, especialmente en España, Italia y Estados Unidos.

El presidente del Directorio del Banco Central del Ecuador (BCE), Diego Martínez, recordó cómo se originó la crisis financiera de hace 15 años y el objetivo del Gobierno que a través de la Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, que fue aprobada el jueves pasado por la Asamblea, busca cerrar esta “herida” que muchos ecuatorianos no quisieran recordar.

Según expertos en temas financieros, con los recursos destinados al salvataje bancario se podrían realizar actualmente miles de obras. Por ejemplo: el valor promedio de una escuela del milenio es de 3’625.362 dólares. Si dividimos los 6.000 millones de dólares (que algunos banqueros se “feriaron” en 1999) para el costo de cada unidad educativa, resulta que se habrían construido 1.655 escuelas del milenio.

El costo del Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López del IESS es de 6’850.000 dólares (incluye equipamiento). Haciendo la sencilla operación se llega a la conclusión de que se habrían edificado 876.

¿Qué originó la crisis bancaria?
Recordar el origen de esta crisis es un tema importante. Han pasado ya 15 años, quizá a veces tendemos a olvidarnos qué la ocasionó. Unos años antes de 1999, entre 1994 y 1995, se aprobó un conjunto de leyes que tenía el objetivo básico de liberalizar el sector financiero. Es decir, se permitió que dieran créditos de forma más amplia y con menos restricciones. Con lo cual aparecieron créditos vinculados, un manejo completamente liberalizado de las tasas de interés que se podían poner a cualquier nivel, poca regularización. También se relajaron los demás controles sobre la banca.

Debemos acordarnos de los famosos créditos vinculados que eran otorgados por el banquero a sí mismo a través de testaferros, empresas, amigos, parientes y demás. Créditos que no eran pagados y ocasionaban perjuicio al banco. Luego esta situación se resolvió y políticamente ha sido uno de los temas más importantes que ha propuesto este Gobierno, que es que el banquero sea banquero y nada más.

En aquella época se hicieron leyes para que el banquero pudiera ser casi cualquier cosa, además de banquero.

En 1995 hubo un precedente importante, el salvataje del banco Continental, ese fue un segundo elemento que puso en escena algo que luego se transformó en factor común. Si algo pasaba en un banco el Estado lo intervenía.

Fue algo nocivo porque el banco Continental en aquel momento, cuando tuvo problemas en 1995, no era uno de los más grandes, pero fue una entidad que el Estado salvó. Los banqueros dijeron si a un banco mediano se lo salva a un grande también. Se generó un efecto de riesgo moral, un mal antecedente.

El costo del salvataje del banco Continental fue grande. Este andamiaje legal con el antecedente del salvataje luego terminó con la expedición de la Constitución de 1998, que por un lado prohibía que el Banco Central del Ecuador otorgara préstamos a bancos en problemas y por otra parte, de una manera no muy clara, se introdujo la transitoria 42 en la que se permitía que el BCE dé préstamos a entidades con problemas por el plazo de dos años, hasta que el país contara con mecanismos adecuados.

¿Los banqueros formaban parte de los organismos de control?
Los órganos de regulación de la banca también incluían banqueros o allegados al sistema financiero. Se autorregulaban.

Luego se impusieron algunos mecanismos adicionales, se eliminó el Impuesto a la Renta (IR), se aplicó el Impuesto a la Circulación de Capitales (ICC), que ya con problemas ocasionó mayor restricción a la circulación de la moneda nacional. Se deterioró el tipo de cambio, hubo la emisión monetaria acelerada por parte del BCE con respecto al crédito de liquidez. Se creó la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) con características nocivas, que esencialmente se referían a que la garantía de depósitos de esta entidad era ilimitada, cuando casi en ningún país del mundo están garantizados 100%, siempre hay un límite porque no hay un sistema que pueda sostener una corrida de depósitos de una magnitud así.

Con los recursos destinados al salvataje  se podrían hacer en la actualidad miles de obras.

El otro riesgo que impuso la AGD es que las garantías de los depósitos no eran hechos con fondos de los bancos, esa ley establecía que el 100% era con dinero público.

Los bancos estaban más que felices porque sabían que si había algún problema, el primero que respondería era el Estado en la totalidad de los depósitos. Eso generó un comportamiento sumamente desprolijo e inadecuado en el sistema financiero que indujo a la crisis.

Cuando estalló la crisis todo esto se transformó y el sector público asumió un montón de situaciones financieras. En aquella época, en varios años, cerraron aproximadamente 32 entidades financieras, entre bancos, mutualistas y cooperativas.

¿Cuál fue el costo del salvataje?
El costo de este salvataje fue enorme, no solo por la cantidad de dinero que el Estado puso en los bancos para que no quebraran, sino que hay que sumarle el costo del congelamiento de los depósitos. Si uno hace cálculos con fechas y tipos de cambio de aquella época, se congelaron alrededor de 4.000 millones de dólares en depósitos de los clientes.

A eso hay que sumarle los créditos de liquidez que daba el Banco Central, que fueron a un ritmo acelerado, y también se emitió mucho dinero.

800 millones de dólares se destinarían para pagar a los exdepositantes de los bancos que cerraron.

En ese entonces tuvimos que acostumbrarnos a los billetes de 10.000, 20.000 y 50.000 sucres que antes no habíamos visto, fue una emisión de dinero realmente enorme. Todo esto configuró el origen de una crisis.

Regularon la banca y el costo lo pasaron al Estado y la sociedad, no lo pagaron los banqueros, así de sencillo. Hicieron todas las leyes posibles para que el costo de la crisis bancaria y esa responsabilidad, tanto pública como privada, sean asumidas por el Estado y la sociedad.

Las consecuencias de la crisis las sabemos, hubo devaluación, pérdida de la moneda, alta inflación y tasas de interés, desempleo, migración, entre otras cosas.

¿Qué leyes se han cambiado para que esta situación no vuelva a ocurrir en el país?
El Código Monetario Financiero que proponemos busca asegurar que en el futuro el Sistema Financiero Nacional no tenga nuevamente este tipo de problemas. Eso es lo que busca en esencia también este otro cuerpo legal que el Presidente ha anunciado que se enviará con posterioridad a la Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999 a la Asamblea.

¿Cuándo se cerrará lo dejado por la crisis financiera de 1999?
Esta ley es más acotada y precisa, con el objetivo esencial de concluir con una serie de procesos que no se ha podido cerrar hace 15 años.

Son esencialmente tres aspectos, el primero pagar a los exdepositantes, gente a la que nunca se canceló el dinero que tenía en sus cuentas de los bancos.

El Banco Central del Ecuador tendrá el plazo de 120 días para liquidar los fideicomisos.

El segundo es elaborar un mecanismo viable para que las personas que debían pagar a los bancos por créditos lo puedan hacer en condiciones justas, porque sus deudas se han triplicado y es imposible cancelarlas.

El tercer aspecto es resolver que los bienes inmuebles que fueron dados como garantía por la banca cerrada, 20.000 aproximadamente (19.000 en Guayas) puedan pasar a tener uso productivo lo más rápido posible. El objetivo de la ley es por fin pagar los valores que tenían en esos bancos, aproximadamente, 45.000 exdepositantes de las entidades financieras.

Hemos puesto una restricción, que es pagar hasta 75.000 dólares con lo cual cancelaríamos aproximadamente al 90% de exclientes. Este esquema es parecido al de la Corporación del Seguro de Depósitos que no cubre el 100%, pero 75.000 dólares es un monto elevado para que la gente recupere sus recursos.

El recálculo y reliquidación de cartera se aplicarán
a la cartera crediticia no vinculada.

Un dato importante es que no solo se pagará a los exdepositantes, sino que por fin se hará justicia con un grupo vulnerable de la población, que son exjubilados de las entidades financieras a quienes jamás se les había pagado. Para solucionar ambos casos hay un plazo de un año.

¿Cuánto representa en dinero el pago a los exdepositantes y exjubilados?
Un monto de alrededor de 40 a 45 millones de dólares. No hay una cifra definitiva aún porque la ley dispone que todo jubilado que tenga una sentencia en firme pueda acercarse a exigir su pago.

Uno de los mayores afectados por la crisis financiera también fue el Estado, ¿cómo recuperarán esos recursos?
No nos olvidemos que la crisis financiera la hicieron pagar a los ciudadanos congelando sus depósitos y al Estado, que tiene que recuperar, y hasta ahora no ha logrado, alrededor de 700 millones de dólares. Todo lo que se logre recuperar de los deudores o la venta de los bienes será pagar a los exdepositantes y también reintegrar la mayor cantidad posible de recursos al otro gran afectado de la crisis financiera que fue el Estado.

¿Cuándo resolverán el tema de los bienes inmuebles de la banca cerrada?
Hay aproximadamente 20.000 bienes inmuebles que no han podido ser todavía puestos en usos productivos. En Guayaquil hay todavía muchos edificios abandonados, que están en desuso y deteriorados. Muchos locales comerciales del centro de la ciudad son consecuencia de esa crisis financiera.

Hay bienes de todo tipo, como terrenos, almacenes, fincas, galpones, palcos en estadios, nichos en cementerios, consultorios, departamentos, estacionamientos y demás.

La ley propone algo muy sencillo y diferencia los bienes en dos tipos: de carácter urbano y rural. Los de carácter urbano van a pasar a la entidad pública que maneja este tipo de bienes, que es Inmobiliar, y los de tipo rural al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap).

Estas dos entidades en el marco de la política pública que cada una define decidirán el destino final de los bienes. A cambio de entregar los bienes a estas dos entidades el Estado, a través del Ministerio de Finanzas, va a pagar por ellos sea en efectivo o en títulos. En efectivo si es que es necesario todavía completar el monto para pagar a los exdepositantes y la diferencia en papeles.

El plazo que se establece también para esto es máximo un año después de aprobarse la ley.

El anuncio que hizo el presidente Rafael Correa es claro, esta ley tiene un objetivo también, una vez aprobada dar un plazo de un año para pagar a los exdepositantes y resolver el tema de los bienes.

¿Este pago se lo hará luego de que se vendan los bienes ?
No. Vamos a adelantar el pago a los exdepositantes y de tal manera que se pueda resolver el asunto este año porque no podemos esperar. Si decidiéramos esperar no es el objetivo político de este Gobierno. Los temas no resueltos de la crisis financiera continuarían y eso es algo que no queremos hacer. Una vez aprobada la ley hay un plazo de un año para hacerlo.

¿Los deudores no vinculados tendrán un trato preferencial?
Es gente que sacó créditos en la banca y que con el transcurso del tiempo esos valores se triplicaron. Estas personas conocidas como deudores de buena fe recibieron en créditos aproximadamente un monto de 850 millones de dólares en capital, pero si a eso le sumamos el interés de mora (1.500 millones de dólares), intereses normales (200 millones de dólares), gastos judiciales (50 millones de dólares), esa gente que recibió 800 millones de dólares su deuda es de 2.700 millones de dólares y es imposible pagar.

Entonces por un acto de justicia la ley propone mecanismos de pago. Se dejan de tomar en cuenta o se excluyen de las deudas actuales los intereses normales, los de mora, gastos judiciales y nos quedamos solo con el capital inicial que pidieron (800 millones de dólares). Es una especie de condonación de alrededor de 1.700 millones de dólares y se recalculan esas deudas solo desde el capital original por el tiempo transcurrido a una tasa que es la más baja que hay desde la época de la dolarización que es del 5%.

De esto se benefician solo los deudores no vinculados, ya que los vinculados fueron causantes en parte de la crisis y serán declarados insolventes.

Datos

El pleno de la Asamblea Nacional, con 102 votos aprobó el jueves pasado en segundo debate el proyecto de Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, que tiene por objetivo facilitar la realización de activos de la banca cerrada, viabilizar el cobro de la cartera adecuada bajo criterios de justicia financiera y establecer un mecanismo de pago a los acreedores perjudicados.

De acuerdo a el Gobierno, la normativa permitirá optimizar recursos del Estado destinados por casi 15 años a solventar los manejos irresponsables de activos y cartera de las instituciones financieras privadas extintas por parte de sus accionistas y administradores.