La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera  modificó el requerimiento de reservas mínimas de liquidez (RML) y el coeficiente de liquidez doméstica (CLD), con lo cual las entidades del sistema financiero obtendrán mayor liquidez y con ello mayores recursos para repartirlos en créditos.

La resolución 323-2017-M, suscrita el 10 de enero del año, y publicada el 30 del mismo mes, entrará en vigencia el 10 de marzo y abarca a bancos privados; sociedades financieras; mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda; cooperativas de ahorro y crédito; y las cajas centrales que tengan aportes en el fondo de liquidez.

Las instituciones financieras deberán constituir y mantener reservas mínimas de liquidez respecto de sus captaciones (depósitos), de acuerdo a niveles y activos definidos en el texto.   

Los porcentajes de requerimiento  por captaciones a la vista son de 0%, 15% y 25%. En tanto, para los depósitos a plazo se establecieron márgenes de 1%, 5%, 10% y 25%.

Las reservas mínimas se constituyen por activos líquidos de las entidades del sistema financiero dentro del Fondo de Liquidez, explica Carlos de la Torre, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).

“Cuando los bancos retiran los depósitos del público prestan esa plata, pero la ley disponía que una parte la tuvieran guardada de forma líquida, ya en monedas, billetes, títulos o bonos que fácilmente pueden convertirse en efectivo”, aclaró.

La Junta determinó que la composición de las RML de cada institución financiera, para cada bisemana, se calculará con base a la información correspondiente a cada día de dicho período que las entidades remitan al Banco Central del Ecuador (BCE), excepto los depósitos en el  Central y los aportes al Fondo de Liquidez.

A criterio del académico Marcelo Varela, del Centro de Economía Pública y Sectores Estratégicos del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), las nuevas disposiciones cuidarán los depósitos que la ciudadanía tiene en los bancos y provocarán que exista mayor oferta de crédito. “Lo que busca esta resolución es que las reservas que mantienen la liquidez no se vayan afuera del país”, señaló Varela.

En concordancia, De la Torre agrega que “todo esto se articula como una presión para que las entidades, en vez de tener el dinero en el exterior, lo traigan a Ecuador y concedan más créditos”.

La Junta no ordena que los recursos de esas reservas se concentren en el Banco Central.

Tampoco determina el destino que se debe dar a esos recursos que ingresan a la liquidez, por lo que, a juicio de Varela, la Junta debería expedir una nueva resolución que direccione en qué porcentajes y hacia qué segmentos debe ir el crédito, haciendo énfasis en el sector productivo.

También recomendó que los porcentajes de requerimiento de captaciones deben tener más fuerza en los depósitos a plazo, porque los bancos pueden trabajar mejor con los valores fijos.

EL TELÉGRAFO consultó a Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), cuál es la posición del gremio. El ejecutivo respondió que al momento no tenía conocimiento de la nueva norma, por tanto no podía emitir ningún pronunciamiento. Sin embargo, se comprometió a brindar declaraciones en los próximos días.

Al cierre de 2016 la Asobanca registró un saldo de cartera bruta (crédito) de $ 20.375 millones, el cual representó un crecimiento de 8,5% ($ 1.602 millones), frente a diciembre de 2015. El 67% se destinó a créditos productivos (comerciales, vivienda y microcréditos).

El pasado 16 de enero, Prado dijo a este diario que los bancos deberán repatriar en marzo alrededor de $ 500 millones. Además esto empata con la disminución de los costos financieros, vigente desde enero de este año. Semanas atrás, el superintendente de Bancos, Christian Cruz, indicó que estas decisiones buscan que los excedentes de liquidez se traduzcan en más créditos “porque eso es lo que más necesita la economía en este momento”. (I)