El proyecto de la Ley de Pesca y Acuacultura permitirá a los productores hipotecar total o parcialmente los terrenos concesionados, sea de zona de playa o bahía, para acceder a créditos.

Así lo informó el último lunes el viceministro de Acuacultura y Pesca, Javier Cardoso, en la inauguración del Congreso Mundial AquaExpo 2017, que organiza la Cámara Nacional de Acuacultura y que finaliza hoy en Guayaquil.

El funcionario mencionó que el pasado 14 de agosto, el Ministerio de Acuacultura y Pesca (MAP) presentó a los representantes de los sectores productivos de pesca y acuacultura el borrador de la ley.

El documento es la base para la construcción, entre los sectores público y privado, de la nueva normativa que reemplazará a la actual que data de 1974.

“En este proyecto hemos incluido la institución jurídica de hipoteca acuícola, por la cual los titulares de concesiones de zonas de playa y bahía podrán hipotecar total o parcialmente sus terrenos, permitiéndoles así ser sujetos de créditos”, manifestó el funcionario.

Cardoso recalcó que esta cartera de Estado no tomará decisiones sobre temas de acuacultura y pesca sin la participación de los pequeños, medianos y grandes actores del sector.

Junto a esta propuesta, los camaroneros también esperan que en la nueva ley se incluya un artículo que les permita el uso de armas con las que quieren combatir los asaltos.

Segundo Calderón, presidente de la Cámara de Productores de Camarón de El Oro, señaló que mantuvieron reuniones con los representantes de la Marina, Policía Nacional y de otras entidades para hallar soluciones a esta problemática.

“Cuando el presidente anterior, Rafael Correa, nos autorizó manejar armas bajó, automáticamente, el 50% del índice delincuencial, por eso pedimos que nos dejen portarlas y que esté tipificado en la nueva ley”.

El presidente de la Cámara de Acuacultura, José Antonio Camposano, expresó que con las autoridades del Ministerio de Acuacultura y Pesca definen 3 políticas públicas que esperan sean incluidas en la normativa.

La primera es la reducción de la tramitología, es decir lograr una norma moderna que regule esta actividad productiva, pero que “bajo ningún concepto obligue a cumplir una serie de trámites engorrosos”.

Otro punto que destacó es reconocer la capacidad de la autoridad nacional para que la acuacultura crezca de forma sostenible.

Para ello, Camposano calificó de importante tener instituciones fortalecidas que acompañen debidamente el crecimiento de la industria. “Esto creemos que es el rol que debe cumplir el Estado”.

“Como tercer punto, esperamos una normativa que incentive, que fomente la actividad acuícola. Entonces, con estos tres componentes podemos discutir una ley que sea moderna y que prevea el crecimiento del sector”.

Tras ello, el viceministro de Acuacultura ratificó que continuará el trabajo en beneficio de cada una de las 65 plantas industriales, 66  descabezadoras de camarón, 226 laboratorios, 5.308 productores y las 213.000 hectáreas de fincas a nivel nacional.

Datos oficiales indican que el sector camaronero genera en el país más de 250.000 plazas de empleo directo e indirecto. En los últimos 7 años, este sector incrementó su capacidad de producción a una tasa promedio anual de 7%, pasando de 360 millones de libras exportadas a 800 millones en 2016, lo que generó el año pasado divisas por $ 2.580 millones. (I)