Un pedido de las víctimas del terremoto del 16 de abril de 2016 ha sido recogido en el proyecto de Ley de Crecimiento Económico.

El artículo 4 del primer capítulo de la propuesta dispone la remisión del 100% del capital, intereses y multas correspondientes al copago y cualquier obligación de pago o aporte de los damnificados de la catástrofe natural que destruyó Manabí y Esmeraldas.

Los afectados de estas provincias estaban obligados a cancelar el 10% del valor de las viviendas entregadas por el Gobierno. Este rubro se denomina copago y fue creado mediante el acuerdo ministerial del 22 de junio de 2016 bajo la administración de la exministra de Vivienda, María de los Ángeles Duarte.

Si el costo total de la casa era de $ 10.000, el copago equivalía a $ 1.000. Además, quienes recibieron $ 4.000 para la reconstrucción de su vivienda debían pagar $ 400 por el mismo concepto.

Milton Obando, de Portoviejo, perdió su casa y dos negocios en el terremoto. Él fue acreedor de una vivienda en el reasentamiento El Guabito, donde habitan 320 familias.

“Muchas familias han hecho un esfuerzo para cumplir con el copago, pero hay otras que aún no se han podido recuperar económicamente”, dice Obando. “Por eso incumplieron el pago de las cuotas”.

La asambleísta independiente por Manabí, Karla Cadena, fue la primera autoridad en transmitir el pedido de las víctimas de eliminar este pago.

“La Ley de Solidaridad no especifica que se les deba cobrar a los damnificados, más bien dice que no se les cobrará nada en absoluto”, indicó.

Recuerda que el dinero para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas vino de los fondos que todos los ecuatorianos aportaron con el 2% del IVA, “por lo que el copago es una ilegalidad”.

Guillermo Celi, presidente de SUMA, coincide con su colega. “Gracias a la Ley de Solidariad los ecuatorianos aportaron cerca de $ 1.600 millones. Es una barbaridad que se les haya cobrado el copago”.

El presidente Lenín Moreno, en su informe a la nación del 24 de mayo de este año, dispuso que se detenga este cobro.

“Desde ese día luchamos para que se les devuelva el dinero a aquellas personas que sí pagaron”, afirma Celi.

El asambleísta cree que depende de una decisión administrativa del Ministerio de la Vivienda y estima que deben devolverse cerca de $ 780.000.

Los legisladores aplauden la incorporación de la eliminación del copago y su devolución en el proyecto de ley económica urgente. Ahora se espera conocer el mecanismo para la devolución de los recursos. (I)