Ley de Plusvalía o ciudad para todos

Pablo Moreira Viteri, pdte. Colegio de Arquitectos de Pichincha

A nivel global estamos apostando porque nuestras ciudades sean más equitativas, resilientes y sustentables, manifiesto contundente, destacado en octubre de 2017 en Quito, en el marco de HÁBITAT III, por tanto, ciudadanos y profesionales interesados en que todos vivamos mejor tenemos la responsabilidad de promover leyes y políticas urbanas integrales, que hagan de nuestras ciudades espacios diversos, que garanticen calidad de vida para todos. En este contexto, el control de la especulación sobre el valor de las tierras es un factor preponderante. Desde el Colegio de Arquitectos de Pichincha estamos comprometidos en la búsqueda de mecanismos efectivos para combatir esta especulación, en beneficio de todos los ciudadanos. Como primera premisa, creemos que el Estado es el llamado a controlar los procesos especulativos del suelo, limitando el mal concebido “libre mercado”, como herramienta fundamental para combatir la pobreza, el caos de las ciudades y la expansión desordenada del territorio y como mecanismo regulador de precios, lo que beneficiaría a todos los involucrados en el proceso de desarrollo inmobiliario. En este afán se creó la denominada ‘Ley de Plusvalía’ cuya derogatoria está planteada en la pregunta 6 de la consulta popular del 4 de febrero- con loables intenciones que se evidencian en la generalidad de sus considerandos, pero con una orientación básicamente recaudatoria y poco reflexiva en sus artículos, que no contribuyen de ninguna manera a los fines que arriba mencionamos. Es evidente que una tasa impositiva del 75% para la segunda venta de un bien inmueble se constituye en un fuerte desincentivo para la especulación, pero, en realidad, es un fuerte desincentivo para la construcción en general, ya que ha provocado, y las cifras no mienten, que las inversiones en el sector inmobiliario se estanquen, si a esto le sumamos que la construcción es una actividad del sector productivo que paga varios impuestos adicionales como el impuesto a la renta, la patente municipal, impuesto al valor agregado, al capital de giro, etc., esta Ley resulta ineficaz para el objetivo que se creó. Existen otros mecanismos idóneos para el control de la especulación, pero necesitan ser reforzados en su contenido y reglamentación, como  el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, o el Catastro, este último adaptable a cada ciudad, que además tiene que dejar de ser visto como un instrumento meramente recaudatorio y pensarse como la base fundamental de la planificación de las ciudades.  

Finalmente, existe una problemática compleja vinculada con la especulación de la tierra y la mecánica inmobiliaria que debería ser tratada a profundidad, no solo con alcance sectorial, sino trans-sectorial, es decir, cuidando los intereses de la sociedad ecuatoriana en su conjunto. (O)