El nuevo proyecto de Ley de  Burós de Información que en la Asamblea Nacional pasó su primer debate la semana pasada, mantiene en expectativa a los ecuatorianos, unos porque están en  la central de riesgo por cuotas vencidas de pago y otros porque han sido agregados en el sistema  sin ser deudores de la banca,  almacenes u operadora telefónica.

Eduardo, quien no proporcionó su apellido por protección, indicó que la propuesta que se debate en el pleno legislativo es importante para quienes han caído en un historial crediticio negativo durante varios años de su vida.

Dijo que por circunstancias que se le presentaron en un momento determinado, le fue imposible pagar por cuatro meses su deuda, que la adquirió en el Instituto Ecuatoriano de Créditos y Becas (IECE), con el fin de concluir con su tesis de grado. “Por ese problema no pude realizar créditos por algunos meses en ningún banco, y menos aún en almacenes, tuve que acudir a terceras personas para que me prestaran sus tarjetas y así adquirir lo que necesitaba”.

Es importante que en esta ley se haga respetar los derechos constitucionales de los ecuatorianos, porque “así hayamos luego de un tiempo cumplido con nuestras obligaciones, ya no somos sujetos confiables de crédito”, acotó.

Situación por la que la legisladora independiente Betty Amores indicó que es necesario que esta información  “debe quedar bajo la salvaguardia de la Superintendencia de Bancos”, con el propósito de que los burós de crédito justifiquen la razón por la que una persona sigue apareciendo  en la central de riesgos, luego de haber pagado sus obligaciones.

Mientras tanto, la situación de Jéssica S. fue diferente. Confiada en su positivo historial crediticio, por luego de varios meses de haber cumplido con sus obligaciones de pago en el banco, acudió por segunda ocasión a solicitar un crédito, pero le indicaron que no le podían ayudar ya que estaba en la central de riesgos por una deuda de alrededor de $ 16  por un plan telefónico contraído en Movistar.

Esto le provocó sorpresa, porque manifestó que jamás ha sido clienta de esta operadora y con esa situación que le vincularon tampoco lo sería.  Fue a la operadora y efectivamente le confirmaron que tenía un saldo pendiente. Según Movistar, la ciudadana había contraído un contrato vía telefónica con la operadora, pero el error fue  que esta había confundido a Jéssica con otra persona que tenía diferente apellido.

Luego de muchos trámites, Movistar hizo las gestiones para sacar de la central de riesgo a la denunciante.
“Tuve muchos inconvenientes, tardaron mucho tiempo para sacarme de la central de riesgo y, para variar, en la empresa telefónica me trataron mal”, denunció Jéssica.

Este tipo de abusos de las entidades financieras, almacenes y operadoras telefónicas son los que se quieren evitar con la nueva normativa, según  Francisco Velasco, titular de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea.

Enfatizó que los burós de crédito proveen de información a los agentes económicos sobre la situación crediticia de los clientes para así evitar sobreendeudamientos y agilitar la aprobación de créditos, pero que lamentablemente se utiliza esta información para negar empleos, se publican reportes con valores no contratados por el deudor principal.

Velasco mencionó que la propuesta es que  los burós sean tanto públicos como privados, que la información crediticia sobre las personas naturales y jurídicas no podrá exceder de tres años; “que los reportes que generen harán referencia únicamente a los tres años anteriores al año en que tales reportes se emitan”.

La intención del proyecto es que desaparezca la calificación desde la A hasta la E que se otorga a los usuarios (por ser cumplidos o incumplidos en sus pagos), para que esto no signifique “la muerte crediticia” de un ciudadano y se evite vulnerar derechos que garantiza la Constitución.

Por su parte el analista económico Pablo Dávalos indicó que los burós de crédito no deben ser solo privados sino también públicos y que estos entes por ningún motivo deben continuar siendo los decidores de la situación crediticia de una persona, “porque tal como han venido funcionando, desde cuando se crearon en los años 90, son los grandes decidores de la muerte civil de un ciudadano”.