En cadena nacional el presidente de la República, Lenín Moreno, reveló parte del diagnóstico hecho al panorama económico del país. Los resultados reflejan una situación “extremadamente difícil”, crítica, cuya salida, advirtió, se logrará con la participación de todos.  

Desde 2015, recordó, Ecuador ha enfrentado escenarios adversos, producto de la reducción del precio internacional del petróleo y de las materias prima, así como de la apreciación del dólar. A esto se sumó el devastador terremoto de 2016. Reconoció que en la actualidad en el país existe mayor equidad, mejor infraestructura, servicios y talento humano, “pero tenemos que pagar por ello”, previno.

Aquel contexto llevó al anterior gobierno a buscar financiamiento interno y externo. Sin embargo, cuestionó que las decisiones adoptadas “no fueron debidamente mesuradas”. Incluso, aseguró que dichas acciones pusieron “al límite la sostenibilidad” de la economía. Habló de crisis, pero también de mirar hacia adelante.

Dos momentos definirán la política económica. El primero fue esbozado en el anuncio de este viernes, donde expuso la proforma presupuestaria de 2017. Indicó que a mayo la deuda pública del país, que incluye a los gobiernos locales, alcanzó un monto agregado de $ 41.893 millones.

Cada año se requerirán $ 8.000 millones para cubrir el déficit fiscal y pagar las amortizaciones de la deuda interna y externa, al tiempo que deben garantizarse $ 2.000 anuales adicionales para cumplir las metas y objetivos nacionales hasta el 2021.

A esto hay que agregar alrededor de $ 15.895 millones por rubros correspondientes a operaciones de corto plazo, pasivos de empresas petroleras, ventas anticipadas de hidrocarburos, contingentes que hoy no son deuda pero que podrían transformarse en obligaciones futuras, la deuda con el IESS (solicitada por la Contraloría) y los incentivos por jubilación a los exservidores públicos. 

Frente a ello se tomarán 5 acciones que incluyen: la dinamización del sector de la construcción; atracción de inversiones e ingreso de divisas; estimulación del uso de medios de pagos digitales; política de austeridad; y priorización de la inversión pública. 

El segundo momento llegará en septiembre, cuando el Presidente difunda el programa económico que regirá durante su administración.

La proforma creció este año

Con un crecimiento del 2% respecto de 2016, la proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) para lo que resta del año asciende a $ 36.818 millones.

Para estructurar la proforma el Gobierno estimó $ 41,69 como precio promedio por barril de petróleo, con una exportación proyectada de 136,6 millones de barriles. En 2016 el valor considerado fue de $ 35.

La recaudación de impuestos, calculada en $ 14.760 millones, representa casi la mitad de los ingresos que prevé el Gobierno. El nivel de déficit fiscal está en $ 4.700 millones, equivalentes al 4,7% del Producto Interno Bruto (PIB).

Las autoridades económicas anticiparon que sus aspiraciones eran reducir al 4,5%. No obstante, el porcentaje estimado significa una reducción de $ 1.000 millones con relación al año anterior.

La proyección del crecimiento del PIB es positiva, ubicándose en 0,7%. La cifra dista del 1,4% vaticinado por el anterior gobierno. La proforma será tramitada por la Asamblea Nacional una vez que finalice el período de vacancia  previsto entre el 31 de julio y el 14 de agosto. 

Los legisladores no pueden hacer cambios, solo observaciones. (I)