Las pérdidas de Cacpet sumarían $ 3,3 millones

Los cierres de las cooperativas de ahorro y crédito Acción Rural, con sede en Riobamba, y Cacpet Tungurahua, en Ambato con más de 20 años de existencia, no guardan relación alguna, aseguró Celso Villegas, liquidador designado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) de esta última, quien es doctor en contabilidad y auditoría.

“Definitivamente son procesos diferentes. La liquidación de las cooperativas Acción Rural y Cacpet Tungurahua se debe a faltas graves al Código Monetario y Financiero,   que han motivado a la liquidación de ambas”, manifestó.
La entidad crediticia tungurahuense, según el informe emitido por la SEPS el lunes, tendría pérdidas que bordearían los $ 3,3 millones, lo que afecta directamente el capital y reservas (patrimonio) de la cooperativa dejándola insolvente.

Tras el nombramiento del liquidador, agregó, los más de 20.000 clientes de Cacpet deberán esperar al menos 6 procesos, entre ellos la toma de posesión de los bienes de la institución, valorar los activos, prelación de pagos, entre otros.

“Aunque es difícil, los socios deben guardar la calma pues tras estos pasos prosigue la devolución del dinero a los depositantes. No hay un tiempo estimado para este proceso pues cada caso es diferente. Los trámites que cada cuentaahorrista deberá cumplir son gratuitos”, añadió.

Mientras tanto, en la puerta de la cooperativa Cacpet Tungurahua, ubicada en la esquina de las calles Rocafuerte y Castillo, en el centro de Ambato, ayer se volvieron a reunir decenas de personas que mantenían cuentas en la entidad.

“Hasta ahora ningún directivo de la cooperativa ha dado la cara. Sabemos que la SEPS está a cargo del caso, pero es indignante que ninguno de los representantes de Cacpet se personalice, envíe un documento o emita un comentario en algún medio de comunicación, pese a que nosotros les confiamos por años nuestros ahorros, pensiones y sueldos”, indicó Ester Salinas, depositante del cantón Píllaro.

Francisco Delgado, agricultor y socio de Cacpet hace 6 años, está preocupado pues mantenía una cuenta con $ 6.000.

“Este dinero estaba destinado a la compra de un tractor. Mi esposa padece diabetes y la noticia del cierre de la cooperativa empeoró su situación. Ahora solo esperamos que la devolución sea pronto, pues ambos somos jubilados”, apuntó Delgado.

La lluvia de la mañana de ayer no impidió que un grupo de cuentaahorristas volviera a plantarse en las afueras de la entidad para esperar algún pronunciamiento de directivos, lo que no tuvo respuesta.

El lugar permanece vigilado a diario por policías y vigilantes municipales de tránsito, pues la aglomeración de exaltados socios de la entidad paraliza el tráfico vehicular. Algo similar ocurre en Riobamba, en las cercanías de la cooperativa Acción Rural, que tenía sucursales en Ambato, Cevallos, Quero y Mocha Cevallos y Patate.

Los depositantes de Cacpet Tungurahua y de Acción Rural recibirán sus ahorros de acuerdo con el cronograma que será publicado el 1 de septiembre del presente año, de conformidad con la cobertura del seguro de depósitos del sector financiero popular y solidario.

Dictamen satisface a clientes

El jueves se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos en contra de los 8 directivos de la cooperativa Acción Rural, que entró en liquidación forzosa por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Más de 2 horas el juez de lo Penal, Nelson Rodríguez, escuchó los argumentos de la defensa, a cargo de Becker Carvajal, además observó las pruebas de la Fiscalía General del Estado presentadas en el caso.

En la audiencia, que se realizó en una de las salas de la Unidad Penal de Riobamba, ubicada en el sur de la ciudad, estuvieron los socios de la cooperativa, tanto en el interior como en los exteriores del edificio, a la espera del dictamen.

Después de evaluar los elementos presentados, el juez dictaminó prisión preventiva a Luis A., gerente general; Tania R., secretaria; y a los miembros del Consejo de Administración, Jorge G., Pedro G., Fauri Ll., Víctor B., Oswaldo C. y Guillermo N. Además, el juez les prohibió la salida del país y la enajenación de sus bienes. Ninguno de los procesados estuvo en la audiencia de formulación de cargos.

Para los socios que estuvieron pendientes de la resolución, el dictamen fue satisfactorio. “Me siento tranquila por esto, se hace justicia. No debían perjudicar a tanta gente. Sabemos que nos van a devolver el dinero, pero esto fue un abuso de confianza”, manifestó Flor María Guillén, una de las perjudicadas.

Hasta el momento se ha iniciado el proceso de instrucción fiscal, que durará 90 días. No se descarta que haya más personas involucradas en el caso. (I)