Para la próxima semana está previsto que la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional apruebe el informe para primer debate del proyecto de Ley de Telecomunicaciones de iniciativa del Ejecutivo, documento en el cual se incorporaría el artículo 34 que determina el pago por participación en el mercado de las operadoras de telefonía móvil del país.   

La propuesta fue presentada por la legisladora Paola Pabón (PAIS), quien sostuvo que  la norma está dirigida a las 3 operadoras que al momento brindan servicios en Ecuador: Conecel (Claro), Otecel (Movistar) y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

Dentro del proyecto presentado en 2012 por el Ejecutivo se incorpora el artículo que indica: “las operadoras  de servicio de telecomunicaciones pagarán al Estado anualmente un porcentaje de sus ingresos totales en función de su participación en el mercado, de acuerdo al número de usuarios del servicio concedido”.  

Según Pabón, el pago no se trata de un impuesto sino de una regalía que las empresas deberán cancelar al Servicio de Rentas Internas (SRI). “Sin duda hay una ocupación del mercado de manera desproporcionada, hay empresas que tienen mayor porcentaje que otras y me parece importante plantear las regalías de las ganancias totales que estas operadoras tienen por copar el mercado”, aseveró la legisladora.

Explicó que la fórmula planteada es en base al número de usuarios de cada operadora, “para lo cual se establece un porcentaje que iría desde el 35% hasta el 75%, este a su vez estará relacionado con un porcentaje que se entregaría al SRI, que va desde el 1% al 9%”.  

De acuerdo con las cifras entregadas a la Comisión por el SRI, Claro ocupa el 68%  del mercado, Movistar el 29% y CNT el 3%.

Las cifras coinciden con las entregadas a la legislatura en agosto pasado por el exministro de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero, dentro de su informe de labores.  

Pabón precisó que la rentabilidad financiera que presentan estas empresas es importante entre la utilidad y el patrimonio y señaló los casos de Conecel, donde es del 155%, y de Otecel, con el 59%. “Hay una ganancia importante; solo en el caso de Conecel, después de hacer la operación de ganancias contra gastos operativos, se llega a $2.046 millones al año”, aseguró.

Basados en estas cifras el artículo que se incluiría en la Ley de Telecomunicaciones solo se aplicaría a Claro, la cual, de aprobarse la norma,  tendría que pagar sobre los $144 millones al Estado, ya que está dentro del rango de entre el 68% y 74,99% de ocupación del mercado, que establece un porcentaje de pago del 7%.

Las otras 2 operadoras, Movistar con el 29% y CNT con el 3% de ocupación del mercado, no tendrían que cancelar esta regalía.

El presidente de la Comisión, Richard Calderón, reconoció que la aplicación del artículo, de aprobarse, sí afectaría los contratos firmados por las operadoras con el Estado. “Esta ley entraría en vigencia una vez que se publique en el Registro Oficial y la misma está sobre los contratos. Por principio legal, estableceríamos, de ser el caso, una transitoria. Veríamos cómo se formula esta aplicación, pero en todo caso al ser una ley orgánica todos la deberán acoger”, aseveró.

Calderón aclaró que esta es una alternativa al tema de la reducción de utilidades a los trabajadores del sector, el cual ya no entraría dentro del proyecto de ley que envió el Ejecutivo.

Reunión con el Ejecutivo

La coordinadora del bloque de PAIS, Soledad Buendía, señaló que los legisladores de la bancada tendrán el próximo miércoles reuniones de coordinación con el presidente de la República, Rafael Correa, donde se “va a tratar la agenda legislativa”, ya que es importante responder a una línea programática. Resaltó que la Ley de Telecomunicaciones es algo que se lo ha estado tratando, ya que el Gobierno y los asambleístas están muy interesados en dar una respuesta a este tema.

“Hay varias propuestas, el mismo Presidente de la República, el día sábado, hizo algunos planteamientos; nosotros, como asambleístas, tenemos otras ideas que queremos incorporar, como el alza de sueldos, bajar las tarifas, mejorar el servicio, accesibilidad al servicio, entre otros”, aseveró la parlamentaria.
Oposición a la propuesta

El legislador René Yandún (Independiente), vocal de la Comisión de Gobiernos Autónomos, rechazó la propuesta presentada por el bloque de PAIS, al sostener que se debe buscar que la cobertura de la telefonía móvil llegue a todos los ecuatorianos.

Para esto se necesita incentivar que las operadoras amplíen el servicio y que desde el Estado se impulse la reducción de las tarifas para mayor accesibilidad de los ecuatorianos.  Consideró que este tipo de medidas restringirá la cobertura.

Por su parte Luis Fernando Torres (CREO) considera que no se podrían limitar las ganancias de las operadoras, tomando en cuenta que existe un contrato de concesión que se debería considerar.

“Esto ya ocurrió con los antiguos contratos petroleros; mediante ley se quiso cambiar la ecuación del reparto de los contratos de participación, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de la norma; sin embargo, en el ámbito de los arbitrajes se ha dicho que esa ley nunca pudo haber sido aprobada en los términos que la aprobó el Legislativo para equilibrar contratos  frente a ganancias extraordinarias”, aseveró Torres.

El asambleísta agregó que lo mismo podría ocurrir con las telefónicas: “se aprueba la ley y con este precedente a nivel petrolero, las telefónicas podrían recurrir a un arbitraje  y lograr un laudo a su favor”.

El parlamentario no precisó qué tipo de arbitraje podrían aplicar las  telefónicas en caso de así decidirlo.

Operadoras no se pronuncian

Desde el miércoles este Diario ha solicitado vía telefónica y mediante correo un pronunciamiento de parte de las operadoras de telefonía móvil sin tener ninguna respuesta.

Solo la empresa Telefónica Movistar, a través de correo electrónico, señaló que están analizando el tema y que al momento no van a opinar al respecto.