Si se analiza la relación entre la política y la economía ecuatorianas, 2015 culmina reproduciendo resultados habituales e insatisfactorios. Una vez más, se avizoran escenarios de confrontación que emanan de la incapacidad que las agrupaciones políticas tienen para agregar preferencias, canalizar intereses y generar representaciones compartidas.

Hasta el momento, si bien 12 organizaciones podrían presentar sus propias figuras ‘presidenciables’, no se vislumbran ni siquiera 3 propuestas de modelos económicos alternativos que puedan distinguirse claramente entre sí, que puedan romper con los lugares comunes de la crítica al actual Gobierno o que puedan abstenerse de prometer todo aquello que el electorado desea escuchar.

Por otra parte, como actividad dirigida a disputar el poder que se puede ejercer desde el Estado, la política ha tendido a concentrarse en pequeñas batallas simbólicas cuya magnificación parecería ser la carta de credencial para ingresar y mantenerse en el oficio. En este proceso de acumular capital político mediante rituales de posicionamiento público, se está perdiendo la capacidad colectiva para detectar aquellas acciones que podrían ser imprescindibles para mejorar los niveles de bienestar de ‘la nación’, una comunidad imaginaria que, como lo evidencian otros casos latinoamericanos, puede fracturarse con facilidad cuando la situación económica alienta las pasiones.

Entre las expresiones de esa pérdida del sentido de lo importante, se encuentra una cierta disociación entre el tiempo requerido para la creación o reforma jurídica y el ritmo de transformaciones que demanda la consolidación de una política económica anticíclica. El meollo de este desencuentro no está en el número de leyes aprobadas sino en sus eventuales contenidos. En el proyecto de ‘Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales’, por ejemplo, se entremezclan visiones, objetivos y medios de política pública que se contradicen entre sí porque implican opciones diferentes de reestructuración de las estructuras agrarias ecuatorianas.

El carácter precario o difuso de las definiciones sobre ‘economía campesina’, ‘latifundio’ o ‘función social y ambiental de la tierra’ no es el resultado de incomprensiones intelectuales. Aquel es consecuencia de prácticas que buscan contentar a todos en el papel aunque luego no satisfagan a nadie.

El eclecticismo en la construcción jurídica no facilitará generar acuerdos sociales para gestionar las restricciones coyunturales, ni tampoco contribuirá a la transformación sustantiva de la economía ecuatoriana. Para lograr esto, el ‘espíritu’ de esta u otra ley con implicaciones económicas debería expresar y configurar la hegemonía de una propuesta a largo plazo... cualquiera que fuese esta. (O)