Quito y Guayaquil.-

Uno de los puntos incluidos en el Proyecto de Ley de Telecomunicaciones establece el pago de entre el 0,5% y el 9% de los ingresos totales de las empresas de telecomunicaciones con una participación en el mercado superior al 30%. Así lo señala el informe para segundo debate de la norma, aprobado la noche del miércoles por la Comisión de Gobiernos Autónomos.

La asambleísta Paola Pabón (AP) afirmó que el tema de las regalías fue uno de los más debatidos al interior del organismo legislativo. Lo que se busca es evitar las distorsiones en el mercado de telecomunicaciones y promover la competencia, donde los prestadores privados que concentren mercado en función del número de abonados o clientes del servicio concesionado, autorizado o registrado, pagarán al Estado anualmente un porcentaje de sus ingresos totales.  

En este sentido, los miembros de la mesa, acogiendo ciertos criterios expuestos durante el proceso de socialización, resolvieron reducir el porcentaje de participación de las operadoras en el mercado del 35% al 30%, lo cual consta en el artículo 34 del proyecto de ley.

Para el efecto se ha establecido una tabla que contiene el porcentaje sobre el cual los operadores deberán empezar a cancelar al Estado, que va desde el 30% de participación del mercado en adelante (ver infografía).

La recaudación de estos valores sería trimestral y la realizará la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCT), de conformidad con la norma que para el efecto se emita. La ARCT reemplazará en funciones a la Superintendencia de Telecomunicaciones.

La asambleísta Pabón aclaró que esta disposición no solo enmarca a las operadoras de telefonía móvil, como se había sostenido, sino a todas las  empresas que ocupan el espectro radioeléctrico que es un recurso que le pertenece al Estado ecuatoriano. “La disposición emitida está dirigida a todas las empresas que operan en el espectro radioeléctrico”, precisó la legisladora.

Pabón agregó que “la ley establece una nueva institucionalidad en donde se reconocen los derechos de los usuarios a tener un buen servicio y que no haya costo en la facturación por internet, si desea recibir o no la factura en digital”.

Además, en la normativa se establecen las condiciones para la asignación de las frecuencias y de las concesiones; que la interconexión sea ventajosa para los usuarios, se plantea que en cualquier momento la autoridad pueda modificar los costos de interconexión, entre otros aspectos de importancia que estarían concatenados con la Constitución.

Críticas al cobro

Tanto los trabajadores de telefonía móvil como el sector empresarial realizaron observaciones al proyecto de ley, en especial por el pago que harían las empresas de telecomunicaciones. Según ellos es necesario respetar los contratos firmados con las empresas.

Franco Fernández, vocero de los trabajadores de la telefónica Claro, en diálogo con EL TELÉGRAFO, sostuvo que ellos están en contra de este planteamiento, porque se estaría afectando al 30% de sus ingresos y que no se debería cambiar los términos que constan en los contratos firmados por las empresas.

“Esperamos que las alternativas que se han presentado sean acogidas, de lo contrario, al Estado ecuatoriano se le vienen demandas de los trabajadores, accionistas, de las personas que cotizan a través de las acciones de forma internacional en estas empresas y de parte de Claro en Ecuador, por la afectación grave que se está causando y el atentado a la seguridad jurídica”, aseveró.

Por su parte, JuanCarlos Terán, presidente de la Comisión Sectorial de Telecomunicaciones de la Cámara de Comercio de Guayaquil, dijo que es necesario que se mantenga la seguridad jurídica, respetando los contratos y convenios vigente entre particulares y el Estado, de tal manera que el sector de alto dinamismo y de capital intensivo siga creciendo al ritmo que lo ha venido haciendo.

Terán acotó que en el artículo 34 se está dando una atribución a la ARCT que ya tiene la Superintendencia de Control del Poder de Mercado para establecer a los operadores dominantes. Además, establece regalías, lo que perjudicará a la eficiencia de la empresa privada, frenando las inversiones.

DATOS

El documento fue remitido al Consejo de Administración Legislativa para que sea puesto en consideración delpleno de la Asamblea, lo cual sería la próxima semana.

La propuesta deroga la Ley Especial de Telecomunicaciones y todas sus reformas y el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones; la Ley de Radiodifusión y Televisión y su Reglamento General.

Se crea el Consejo Consultivo, integrado por un delegado del directorio de la ARCT, quien lo presidirá; un delegado de la Defensoría del Pueblo, uno de las empresas públicas, uno de las privadas, prestadoras de servicios de telecomunicaciones y uno de los usuarios de servicios de telecomunicaciones.

El área de telecomunicaciones mueve unos $ 4.800 millones de facturación. Alrededor de 30 mil personas trabajarían en el sector.