Hasta el momento, las aseguradoras privadas han cancelado alrededor de $ 3 millones por concepto de indemnizaciones a causa del terremoto del 16 de abril. La cifra la confirmó el secretario ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros, Patricio Salas.

El empresario fue citado por la Comisión de Régimen Económico como parte del tratamiento de la Ley Solidaria. Durante la comparecencia, Salas informó que aún no existe una cuantificación oficial de las pérdidas, sin embargo, sus estimaciones apuntan entre $ 300 millones a $ 850 millones.

Al respecto manifestó que hasta el viernes 29 de abril se receptaron 3.500 reclamaciones para la efectivización de las pólizas de seguros, que ascenderían a $ 70 millones. Afirmó que las aseguradoras cuentan con el respaldo suficiente para cubrir de manera inmediata las indemnizaciones.

La Superintendencia de Compañías establece que toda empresa de seguros tiene la obligación de pagar el seguro contratado o la parte correspondiente a la pérdida debidamente comprobada, según sea el caso, dentro de los 45 días siguientes de presentada formalmente la reclamación.

Debido a la magnitud de la catástrofe, Salas mencionó que las aseguradoras ampliarán los plazos -entre 10 a 15 días, dependiendo del caso- para receptar las solicitudes de indemnizaciones, es decir que los beneficiarios de seguros podrán reclamar sus valores sin inconvenientes de temporalidad.

“Apoyamos una decisión de la Superintendencia, en la cual se instruye al mercado de que estos plazos, que son para casos normales, no se apliquen, para que los asegurados no pierdan ningún derecho a su indemnización”, ratificó Salas.

Del listado de 650 fallecidos que posee la Fiscalía General del Estado, se detectaron 170 coincidencias con personas aseguradas. Para la entrega de los recursos, varios equipos de las aseguradoras se encuentran recorriendo los sectores destruidos, con el fin de identificar a los beneficiarios de los seguros de vida, dado que en muchos casos los familiares de las víctimas mortales desconocían la existencia del seguro de vida.

La aseguradora del Estado, Seguros Sucre, calcula que las pérdidas de bienes asegurados están entre los $ 500 millones a $ 800 millones. En los próximos días se procederá con las indemnizaciones, indicó el gerente José Luis Romo.

Sin precisar un número estimado, dijo que parte de los bienes asegurados incluye a los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Manta y Portoviejo (Manabí) y otras dependencias públicas. (I)