En tres semanas de análisis en la Asamblea Nacional la primera ley económica del Gobierno de Lenín Moreno llega a su segundo debate (previsto para estos días) con más del 65% de modificaciones a su contenido original.

Para la Comisión de Régimen Económico esto significa  que ahora la normativa se convirtió en una iniciativa de la legislatura.

A través de esta vía el Fisco proyectaba recaudar alrededor de $ 1.900 millones con un castigo fiscal de $ 300 millones, equivalentes a los incentivos y exoneraciones tributarias.

Las fuertes críticas y reparos de los que fue blanco la ley llevaron a Moreno y a la Comisión a eliminar temas sensibles, modificar y agregar otros que fueron apareciendo en el transcurso del debate  (ver infografía).

A lo largo del análisis la mesa legislativa escuchó las comparencias de 35 actores públicos y privados.

La votación del texto para segundo debate fue agitado porque cinco asambleístas, de once presentes, reclamaron que se hayan retirado del documento las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero con las que el Banco Central del Ecuador  (BCE) deja de administrar el dinero electrónico.

Esa reforma obedecía al acuerdo entre el Gobierno y el sistema financiero para trasladar el manejo del dinero electrónico a manos privadas. Pabel Muñoz (AP), presidente de la Comisión, no descarta que el Ejecutivo aplique un veto.

Además se eliminó la entrega de información del buró de crédito a la Superintendencia de Bancos.

También quedaron fuera las cuestionadas deducciones del impuesto a la renta por cargas familiares que pretendían ser aplicadas a las personas que percibieran ingresos superiores a $ 3.000 al mes.

El Estado ya no cobrará la tasa de 0,5% y 2% a aquellas personas que retiren dinero en efectivo por una cantidad mayor a $ 5.000.

Tampoco recaudará la tributación sobre el décimo tercer sueldo de quienes ganen más de $ 3.750. Legisladores de distintas bancadas consideraban que la propuesta representaba un retroceso a los derechos de los trabajadores.

Los contribuyentes podrán deducir en sus declaraciones de impuestos los gastos de hijos y padres dependientes, además de las pensiones alimenticias.

Para los pequeños negocios se amplió la exoneración del pago del impuesto a la renta (IR) de 2 años, propuesto inicialmente, a 3.

Diferentes representantes de los sectores productivos señalaron que 3 años es el tiempo promedio en el que una microempresa empieza a generar ganancias.

Asimismo se fija una franja exenta del impuesto a la renta de $ 11.290.

Con el fin de estimular los encadenamientos se permite una deducción adicional del 10% a las compras a los actores de economía popular y solidaria.

Para los exportadores habituales se establece un IR del 22%, además obtendrán la devolución del impuesto a la salida de divisas (ISD). El propósito es incrementar los recursos que ingresan al país.

Este sector, así como el manufacturero, se beneficiarán de los incentivos a la reinversión de utilidades de hasta 10 puntos del IR, siempre que incluyan en la producción de bienes al menos un 50% de componente nacional.

Las empresas que facturen más allá de $ 1 millón tendrán una tasa de impuesto a la renta del 25%. En la actualidad el margen es de 22%, los 3 puntos adicionales se destinarán a priorizar la formación y capacitación para el trabajo y el sistema de institutos técnicos y tecnológicos, explicó Muñoz.

Por pedido de la Asociación de Línea Blanca del Ecuador la Comisión de Régimen Económico resolvió reducir al 50% el impuesto a los consumos especiales (ICE) que rige sobre las cocinas y cocinetas de gas, de acuerdo al cumplimiento de metas de exportación.

Javier Mora, director ejecutivo del gremio, indicó que con esto buscan aumentar la producción y aprovechar los acuerdos comerciales que Ecuador firmó con países de Centroamérica (Honduras, Nicaragua, El Salvador).

En el mismo sentido, por solicitud de gremios licoreros, se reduce el ICE sobre licores condicionado a la compra de alcohol de producción nacional.

También se incorporó la recomendación de los Deudores de Buena Fe para reformar la Ley para Reestructuración de Deudas. Las deudas contraídas por personas que ya han fallecido, cuyos montos sean mayores a $ 150 mil, deban pagar solo el excedente. (I)

Datos

Devoluciones del SRI

→ En 60 días de aprobada la ley, el Servicio de Rentas Internas (SRI) deberá emitir una resolución para regular la devolución automática de recursos para exportadores de bienes y proveedores directos. Así lo estipula el proyecto.

36 cambios tiene el documento final aprobado para ser discutido en el  pleno de la Asamblea.

Extinción de microcréditos

 →Se extinguen los microcréditos adquiridos a través del Convenio de participación para el programa de crédito asociativo entre el Consejo Provincial de Santa Elena y la CFN.