El manejo de la deuda externa, los beneficios y las condiciones de los préstamos a organismos internacionales cambiaron a partir de 2008, cuando el Gobierno del presidente Rafael Correa declaró como “ilegal e ilegítima” una parte de la deuda pública, coinciden analistas consultados por este diario.

Tras  ello, el Estado pudo recomprar el 70% de los bonos Global 2012 y 2030, y desde ese tiempo  Ecuador prefirió optar por préstamos con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y países considerados amigos como China.

Antes de la renegociación de la deuda externa, que se concretó en 2009, esta superaba los $ 10.000 millones y después se redujo a $7.000 millones. Hasta febrero, la deuda externa ecuatoriana que sumaba $ 13.029 millones representaba el 13,9% del producto interno bruto (PIB), mientras que 8 años atrás, en 2006, esa relación llegaba a 21,8%, según el Ministerio de Finanzas.

La deuda con organismos multilaterales acumuló hasta febrero de este año $ 5.978,3 millones, que representan el 45,9% de las obligaciones totales, repartidos en: BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, parte del Grupo Banco Mundial), $ 225,9 millones; BID, $ 2.705 millones; CAF, $ 2.570 millones;  y FLAR, 450 millones de dólares. La deuda con China registraba hasta febrero $4.768 millones, el 32% del total.

Las nuevas obligaciones asumidas por el Gobierno tienen como objetivo financiar los proyectos de inversión enmarcados en el cambio de la matriz productiva y la erradicación de la pobreza.

Solo para este año, el Plan Anual de Inversiones supera los $ 7.200 millones. Esos recursos estarán destinados al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, $ 1.284,49 millones; Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, $ 1.136,46 millones; Ministerio de Salud Pública, $ 763,30 millones; y Ministerio de Educación, $ 697,15 millones.

Antes el crédito era destinado a beneficiar a ciertos sectores, mientras que hoy es para inversiones.Para cumplir el programa, el Gobierno busca nuevo financiamiento que beneficie al país, a diferencia del pasado cuando, según concluyó la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público en su informe, “los mayores beneficiarios de los préstamos fueron los acreedores (banca multilateral, banca privada, tenedores de bonos) que se vieron beneficiados porque como el país no podía afrontar las obligaciones impuestas en los plazos establecidos, se debía recurrir a renegociaciones y canjes de deuda, cada vez más onerosos, debido a las condiciones impuestas por los mercados que encarecían el costo del crédito”.

Ejemplo de ello fue el caso de los bonos Brady con los que se exigió la compra de garantías colaterales sustentadas en nuevos préstamos bilaterales y multilaterales que significaron un elevado costo político y económico para el país. Otro ejemplo es el proceso de sucretización de 1983 en el Gobierno de Oswaldo Hurtado, cuando las deudas privadas se transfirieron al Banco Central del Ecuador (BCE), que asumió su pago, ocasionando grandes pérdidas al Estado.

Diferencias con el pasado

Analistas coinciden en el cambio que hay en los organismos multilaterales de crédito, como el Banco Mundial (BM), lo que ha determinado que el Gobierno vuelva a estudiar la posibilidad de acceder a los créditos que estos otorgan.

Señalaron que los condicionamientos que tenían los organismos multilaterales de crédito eran una práctica común y perjudicial para los intereses del país,  donde se planteaba mediante cartas de intención, el retiro de subsidios a los combustibles, pago de intereses sobre intereses de los créditos, entre otros aspectos que hicieron que la deuda externa del país creciera.  

El director del Instituto Superior de Investigación de la Universidad Central del Ecuador, Santiago García,  dijo que debido a la necesidad, entre este año y el siguiente, de financiar  gran parte de la inversión pública, el gobierno ha vuelto a dialogar con dicho organismo multilateral. “Para ello el régimen debió haber visto el cambio que ha manejado el BM, en el cual prioriza la política pública y no el capital”.

El analista económico Luis Rosero consideró que esto ha cambiado, y es por eso que el régimen busca acercamientos con dichos organismos, al señalar que tanto en el Fondo Monetario Internacional (FMI) como en el BM, existe una especie de restructuración en cuanto a sus condicionamientos