Las autoridades del Frente Económico del Gobierno aclararon que, en la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, solo los adultos mayores que perciban ingresos superiores a $ 3.072 pagarán el impuesto a la renta (IR).

No todos los jubilados pagarán el IR como han manifestado sectores de la oposición. La normativa en estudio sustituye el numeral 7 del artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno y, para fines de determinación y liquidación del Impuesto a la Renta (IR), están exonerados los ingresos “que perciban los beneficiarios del sistema de seguridad social, por las prestaciones que otorga esta entidad, excepto las pensiones jubilares”.

Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas, precisó que todas las pensiones jubilares del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) van a seguir exentas del pago del IR, en virtud de que la pensión máxima para el año 2016 es $ 2.013 mensuales. “Ningún jubilado del IESS, por este proyecto de ley, pagará el impuesto a la renta”, afirmó.

El ministro Coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, manifestó que quienes estarían sujetos al IR serían los afiliados al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), así como del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), cuyos ingresos sean superiores a $ 3.072 mensuales. Se estima que, a nivel nacional, unas 1.200 personas cancelarían el tributo.  

La ley vigente excluye del IR a los pagos que perciban los beneficiarios del IESS, por toda clase de prestaciones que otorga esta entidad; las pensiones patronales jubilares conforme el Código del Trabajo; y, a los pagos que perciban los miembros de la Fuerza Pública del Issfa y del Isspol; y, los pensionistas del Estado.   

A decir de Orlando, la medida propende a la equidad y justicia, en relación a los pensionistas que puedan recibir solo hasta los $ 2.013, lo cual implica que el impacto sería a un pequeño grupo de personas.   

La propuesta fomenta el uso del dinero electrónico

En el proyecto de ley se otorga la devolución de hasta 2% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a quienes utilicen medios de pago electrónico, ya sea por dinero electrónico o tarjetas de crédito y débito. Para recibir el beneficio el ciudadano deberá tener habilitada una cuenta de dinero electrónico.

Diego Martínez, gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), mencionó que actualmente existen 53.000 cuentas abiertas. Añadió que el incentivo no solo es para el usuario, sino para los establecimientos comerciales, ya que podrán ver reducida la cantidad de IR que pagan anualmente.

En todo el territorio nacional están habilitados 3.400 centros de transacción. Además, la semana pasada entraron en funcionamiento 920 cajeros electrónicos de la banca privada, en los cuales los ciudadanos pueden hacer descargas de dinero electrónico e incluso, en algunas máquinas expendedoras, se podrá cargar dinero electrónico.

Martínez manifestó que al emplear este medio de pago, para obtener la devolución del IVA, las familias ecuatorianas incrementarán sus ingresos disponibles, así como su capacidad de consumo.

El incremento del ICE generaría más del 85% de recaudación

A través del aumento del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), el Estado captaría $ 278 millones en 2016, indicó Orlando.

La norma agrega el 15% del ICE a los servicios de telefonía fija y móvil prestados a empresas, excepto cuando se efectúan operaciones de dinero electrónico. Por este tema, se recolectarían $ 126 millones. Mientras que por el ICE a las gaseosas serían $ 81 millones y por la cerveza sumarían otros $ 71 millones.

Las autoridades recalcaron que el ICE por telefonía móvil no afectará a las cuentas individuales de los ciudadanos sino a los planes corporativos. Se enfatizó por ello que el servicio que usen los hogares, en internet y datos, continuará exento del impuesto.

La asignación a los GAD procederá según los ingresos reales

Según explicó Madeleine Abarca, ministra de Finanzas (e), en caso de que el proyecto de ley sea aprobado, las asignaciones del Gobierno Central hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) se efectuarán “sobre lo efectivamente recaudado”.

La funcionaria detalló que si el Estado recibe mayores ingresos al Presupuesto General del Estado (PGE), las transferencias a los GAD irán a la par. Lo mismo ocurrirá en caso de que exista reducción.

“Este cambio persigue tener un sistema más justo, más coherente, más real”, enfatizó Abarca, señalando que de esa forma se podrá garantizar que las transferencias a los Gobiernos Autónomos se hagan de manera responsable.

De su lado, el ministro Rivera señaló que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), establece que el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes van como preasignación.   

La reforma tributaria respeta esos porcentajes en función de lo recaudado por el Estado e involucra a toda institución que reciba fondos preasignados, según la ley. (I)