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Entrevista / Diego García Carrión / Procurador General del Estado Ecuatoriano

La Procuraduría indaga cuántos bienes tienen los hermanos Ortega Trujillo

Foto: Archivo / El Telégrafo
Foto: Archivo / El Telégrafo
30 de junio de 2015 - 00:00

Redacción Política

La Procuraduría General del Estado (PGE) realiza trámites judiciales en el exterior para que se establezca el monto y ejecutar el cobro a los hermanos Ortega Trujillo, por los créditos de liquidez y subordinados a los que accedió el Banco Continental (parte del Grupo Conticorp S.A.) entre 1995 y 1996, por parte del Banco Central del Ecuador (BCE).

La aprobación del millonario préstamo subordinado se dio en el tiempo récord de 3 días y contó con el aval de la Junta Monetaria (JM), entre cuyos vocales constaba el exbanquero Guillermo Lasso.  

Se lo dio pese a que sabían que el Banco Continental estaba en insolvencia y no había el respaldo de un informe técnico (socio-económico), cuya elaboración debía tomarle de 3 a 6 meses al BCE. Esos y otros detalles los reveló hace una semana EL TELÉGRAFO, en base a documentos desclasificados de la sesión reservada del 19 y 20 de marzo de 1996.

La aprobación de ese crédito marcó -según expertos- el inicio del salvataje bancario, que años después llevó al Ecuador a vivir la peor crisis financiera de su historia.

Ahora, la PGE busca obtener la liquidación e iniciar la acción de cobro luego de que el 23 de marzo pasado el Consejo Privado de Justicia de la Corte de la Reina (Londres) emitió un fallo -de última instancia- en favor de Ecuador.

La sentencia se dio 19 años después de que la JM aprobara el millonario préstamo subordinado al Continental por S/. 485.400 millones.

En ese fallo, la Corte de la Reina develó las estrategias financieras usadas por los hermanos Luis, Leonidas y Jaime Ortega Trujillo para perjudicar al Estado ecuatoriano. Por ello, los condenó a pagar $ 191,9 millones por indemnización, intereses y costas judiciales.

Como beneficiaria del fallo consta la compañía Interamerican Asset Management Fund Limited (IAMF), domiciliada en Bahamas y cuyo dueño es el Banco Continental Curazao. Esa empresa, a su vez, pertenece al Banco del Pacífico de Ecuador con capital de la Corporación Financiera Nacional (CFN).

La Corte de la Reina determinó 3 operaciones en perjuicio del Estado ecuatoriano: las transacciones de los recibos de depósitos global (GDR, por sus siglas en inglés) mediante las cuales IAMF transfirió a Conticorp una cartera de créditos e intereses en varias empresas que tenían un valor nominal de $ 190 millones, a cambio de GDR y las acciones de Conticorp, que en última instancia no tenían valor.

¿Qué acciones se han emprendido desde marzo pasado, cuando se emitió el fallo de la Corte de la Reina, para iniciar la recuperación de $191’953,517.50 más intereses y costas que Conticorp y los Ortega Trujillo deberán pagar al Ecuador por indemnización de daños y perjuicios en el caso Continental?

La decisión quedó en firme el 13 de abril, sin embargo, previo a su ejecución se requiere una determinación exacta sobre el monto que los hermanos Ortega Trujillo deberán pagar, incluidos los intereses. Esta liquidación ya fue solicitada y al momento se espera que el Consejo Privado de la Reina decida sobre los intereses aplicables y el valor total a ser pagado por los demandados.

A través de IAMF, ¿el Estado ya volvió entonces a las Cortes de las Bahamas para obtener la liquidación total del monto que los demandados deben pagar a Ecuador, e iniciar las acciones en las jurisdicciones donde Conticorp o los Ortega Trujillo tengan bienes que puedan cubrir la deuda?

Una vez emitida la decisión del Consejo Privado de la Reina sobre los intereses aplicables se podrá determinar la necesidad y pertinencia de iniciar acciones en cortes de Bahamas u otros países.

¿El Estado tiene ubicado en qué países podría ejecutar el cobro a los Ortega Trujillo, o si bien se ganó esa acción judicial a escala internacional el cobro será imposible dado que se dice que los exbanqueros no registran bienes a su nombre dentro y fuera del país?

La Procuraduría General del Estado   se encuentra realizando una investigación para verificar en qué lugares, y sobre qué bienes puede ejecutarse la sentencia emitida por el Consejo de la Reina. Por razones de estrategia procesal no se puede revelar más información.

¿Cuánto tiempo se estima tomaría realizar el trámite en la Corte de la Reina y en Bahamas para iniciar la ejecución del cobro? Y, ¿se pedirá que la liquidación se haga en base a las tasas vigentes a la fecha del préstamo subordinado o en base a las tasas actuales?

El valor de la tasa de interés aplicable está siendo discutido ante el Consejo Privado de la Reina. Las dos partes han presentado su posición sobre la tasa de interés aplicable. Se espera que dicho cuerpo colegiado emita una decisión lo más pronto posible. En cuanto al tiempo que tomaría el proceso de ejecución, al momento es imposible de predecir ya que dependerá de las acciones que se tomen y de los lugares donde dichas acciones se vayan a seguir.

¿Cuál fue la argumentación jurídica del Estado que sirvió de base para conseguir que el Consejo Privado de la Corte de la Reina falle a favor del Ecuador?, teniendo en cuenta que en las sentencias de primera instancia que se dieron en Bahamas, en cambio, fueron favorables a los hermanos Ortega Trujillo?

Cuando los argumentos del Estado  fueron rechazados por las Cortes inferiores, la defensa del Estado se enfocó en demostrar al Consejo Privado de la Reina que los errores cometidos por esas Cortes eran graves y, por tanto, le correspondía a la instancia superior subsanarlos.

Para el efecto, la defensa se enfocó en demostrar de manera concluyente que en el proceso se encontraba evidenciada la falta de probidad de los hermanos Ortega Trujillo al procurar y asistir al Director de IAMF a violar sus deberes fiduciarios, provocando así que IAMF sufriera pérdidas por las transacciones de los Certificados de depósitos global (GDR).

En el proceso se logró evidenciar que existía suficiente prueba de que las transacciones de los demandados no constituían operaciones de buena fe y, por tanto, IAMF (actualmente de propiedad del Estado) debía recuperar todos los valores en efectivo, préstamos con intereses y acciones transferidas o entregadas a Conticorp por esas transacciones.

¿Se tiene ubicado el paradero de los hermanos Ortega Trujillo y qué tan dable sería solicitar su extradición?

El procedimiento de extradición no es de competencia de la PGE.

La Procuraduría ¿impulsará alguna acción, dentro o fuera del país, en contra de los exmiembros de la JM y del BCE que, supuestamente, el 20 de marzo de 1996 fueron solidariamente responsables por otorgar préstamos subordinados pese a la situación de insolvencia del Banco Continental y que no cumplieron con la obligación de pedir que se realice un análisis?

Las acciones a cargo de la Procuraduría General están relacionadas con la ejecución de la decisión emitida por el Consejo Privado de la Reina.

¿Qué otras acciones legales se ventilan en torno al caso Continental, de las cuales tiene conocimiento la Procuraduría General del Estado?

No hay ninguna otra acción bajo la responsabilidad de la PGE. (I)

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