La política regulatoria en Ecuador es un mecanismo para el desarrollo
Los países de América Latina han sido testigos de profundos procesos de reforma del Estado. Estrategias como la liberalización de los mercados y el traspaso de empresas públicas a manos privadas marcaron los últimos 25 años.
Al comienzo la regulación se relacionó exclusivamente con procesos de liberalización financiera y privatización de sectores como electricidad, agua y telecomunicaciones. Consecutivamente, el avance de las reformas en los Estados ha ido poniendo cada vez más en evidencia la necesidad de generalizar el rol regulador del Estado a otros ámbitos.
En años recientes, varios Estados han definido políticas para mejorar la calidad de sus procesos de decisión, en particular, para la construcción de sistemas de gestión de la regulación y control en las entidades públicas.
La calidad del poder normativo del Estado, por lo tanto, apunta a establecer un conjunto de instituciones, mecanismos, procedimientos y prácticas para que la regulación maximice el beneficio social. En este sentido, las entidades con facultades de regulación y control surgen como una condición para obtener buenos resultados y que estos se transfieran a la sociedad.
A partir de 2007, en Ecuador surgió un proceso para afianzar un nuevo modelo económico, anclado en el paradigma del Buen Vivir, entendido como una alternativa a la clásica visión de desarrollo. Esta nueva postura provocó una alteración de la clásica división mundial del trabajo (base de la desigualdad estructural de los países) que promueve la constitución de centros económicos dominantes y periferias pobres y dominadas.
La transformación democrática del Estado ecuatoriano tuvo como primer eje la recuperación de las facultades de planificación, rectoría y control, profundamente debilitadas en el periodo neoliberal. La transformación democrática del Estado estableció la necesidad de contar con entidades altamente especializadas -agencias de regulación y control- en sectores estratégicos.
De esa manera se buscó potenciar la incorporación activa de la innovación tecnológica y la prevención de posibles disfuncionalidades en el desempeño de los actores en ese sector, precautelando los derechos de los ciudadanos y el cumplimiento de las metas y objetivos de la política gubernamental.
En el caso de nuestro país, la regulación y control pasaron por momentos complejos. Durante muchos años fueron instrumentos mal empleados que dieron paso a una desregulación excesiva donde los controles a agentes del mercado fueron mínimos. Por primera vez en la historia de la administración pública nacional se estableció en la Constitución las bases para la recuperación de lo público y la reconstitución del Estado y su rol regulador.
Asimismo, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 marcó una política de Estado para poner en marcha un programa de fortalecimiento y calidad regulatoria, que reviste crucial importancia para garantizar que se atiendan las necesidades de desarrollo. A partir de esto, la regulación empezó a ser un instrumento fundamental para el direccionamiento de la política gubernamental.
En Ecuador se ha establecido un nuevo enfoque para el ejercicio del poder regulatorio, en donde la administración de riesgos y la evaluación anticipada de las consecuencias de la regulación, se convierten en una función principal de los reguladores para diseñar y hacer cumplir normas que reduzcan las condiciones de vulnerabilidad de las personas, de la naturaleza y la economía.
El éxito de cualquier política pública solo puede establecerse a través de una evaluación periódica de la misma. En este sentido, la política regulatoria requiere ser evaluada para poder ser mejorada. Esta evaluación requiere del desarrollo de indicadores que permitan dar seguimiento y monitorear la evolución de las distintas dimensiones de la política regulatoria.
Para dirigir la mejora regulatoria, la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades) promueve e implementa este proceso a través de políticas, lineamientos y herramientas con las distintas entidades del Ejecutivo. En este marco, se elaboró el Índice Institucional de Calidad Regulatoria que busca, mediante la evaluación del ciclo de gobernanza regulatoria, medir la capacidad regulatoria de las instituciones gubernamentales que cuentan con facultades de regulación y control.
Así, el diagnóstico sobre capacidades regulatorias institucionales del Estado realizado por la Senplades con base en este índice, identificó en el 2013 que en Ecuador las instituciones que ejercen facultades de regulación y control utilizan únicamente un 25% de su capacidad regulatoria. Por esta razón, el Gobierno central está impulsado una serie de iniciativas para fortalecer y mejorar la las capacidades del Estado en esta materia.
Bajo este contexto, se ha producido un programa integral para el desarrollo de la mejora regulatoria que busca consolidar capacidades estatales en un 80% hasta el 2017. El programa incluye la introducción de un modelo de planificación y diseño regulatorio basado en el análisis de impacto, que se enfoca en la creación de instituciones robustas que utilicen el poder normativo para maximizar el beneficio social neto.
La implementación de un nuevo sistema regulatorio ha traído resultados de alto impacto, logrando el desarrollo de regulaciones de calidad que protegen la salud de la población, dinamizan la gestión de los recursos estratégicos y la productividad y protegen el medio ambiente. Desde un punto de vista institucional, se reviste al Estado de organizaciones claras y especializadas para ejercer las atribuciones de regulación en los campos económicos, productivos, sociales y ambientales, según las externalidades negativas, fallas o riesgos que se encuentran.
La buena regulación que emitan las agencias de regulación beneficiará a todos los habitantes del territorio nacional al conducir y orientar las interacciones, transacciones y comportamientos de los distintos actores de la sociedad con responsabilidad en función de los valores de la constitución: eficiencia, igualdad, justicia, transparencia, calidad y eficacia.
