La semana pasada se cumplió un mes desde que los mineros informales de varias regiones del Perú iniciaron un paro de actividades que, con el paso de los días, ha ido agudizando sus efectos.

La razón para tal medida se encuentra en la disconformidad con la que el sector recibió el Decreto Supremo N°006–2014–EM, a través del que se establecen cuotas limitadas de hidrocarburos para los departamentos de Apurimac, Loreto, Madre de Dios, Pasco y Ucayali. El argumento del Gobierno central para controlar la venta de derivados del petróleo consiste en evitar el destino ilegal que, en esas regiones, le han dado a hidrocarburos como la gasolina, que es destinada, entre otros usos, para el refinamiento de droga.

Esa decisión resultó de extrema gravedad para la minería informal, actividad que también emplea grandes cantidades de este combustible en la explotación pétrea.

Enardecidos por la situación, el pasado 27 de marzo sus dirigentes decidieron plegar al paro, exigiendo se derogue el decreto, pues atenta contra el libre trabajo, además de calificarlos, según dicen, como narcotraficantes.

Casi 30 días después de anunciada la medida, los resultados son atroces. De acuerdo a la Cámara de Comercio del departamento amazónico de Madre de Dios, lugar en el que se han registrado los efectos más fuertes de la paralización, unos 5 millones de soles se han dejado de percibir por la quietud en la economía local. A la cancelación del 30% de las reservas para visitas turísticas se ha sumado la imposibilidad de exportar, causada por el cierre de la carretera Interoceánica que une a estos departamentos con la costa peruana.

Pero la economía ha sido solo uno de los indicadores de la complejidad de esta situación. Políticamente, el Gobierno del presidente Ollanta Humala ha tenido una estrategia desarrollada en 2 frentes, ninguno de los cuales parece haberle dado total éxito. El primero, que ha implicado la movilización de miles de policías a las zonas en conflicto, ha generado fuertes enfrentamientos con los líderes del paro, logrando hasta ahora 2 muertos y más de un centenar entre heridos y detenidos.

La segunda estrategia, desarrollada específicamente en Lima, ha mostrado a un gobierno imposibilitado de fraguar una negociación aceptable con las distintas partes, lo que ha agudizado el rechazo de los protestantes.

Pero la paralización no significa solamente un congelamiento de las actividades en estas regiones, sino que devela, en su contexto, la preocupante realidad que el Perú vive con respecto a la minería ilegal desde hace varios años. Hasta hoy, unas 30 mil hectáreas de bosque tropical han sido arrasadas por la labor de intervenciones informales, las que han hecho uso ilegal del suelo, aprovechando concesiones de terrenos emitidas para reforestación o turismo como una puerta abierta a la explotación desmedida.

Una vez obtenidas, dichas concesiones, han sido negociadas a nuevos mineros, en una especie de sub-arriendo de la tierra, formando así una larga cadena de explotación que en 2008 se salió totalmente de control. El resultado: grandes extensiones de tierra, literalmente, muerta.

La responsabilidad compartida entre Estado, ente encargado de entregar las concesiones y quienes hicieron mal uso de ellas, ahora no significa nada, pues a ninguna de las partes parece interesarle explicar, históricamente, qué los ha llevado a un enfrentamiento que parece prolongarse indefinidamente.

Esa incertidumbre se ve en el desborde de la inconformidad que ha encontrado eco en la población entera de las regiones que reclaman la derogatoria.

Para el premier René Cornejo, la situación ha merecido una mirada de cautela. Lo dicen sus constantes afirmaciones en las que deja sentada su negación a dialogar con quienes considera ‘secuestradores de sus conciudadanos’. “Hemos encontrado acuerdos con varios dirigentes, apenas nos faltan 2 regiones para lograr un acuerdo definitivo”, señaló horas después de que la televisión nacional emitiera, el pasado fin de semana, las imágenes de varios miembros de la policía arrasando con un campamento de manifestantes en Mozuco, otra de las poblaciones en protesta.

Para el presidente Humala, esta condición ha merecido los calificativos de ‘ilegal’, ‘dañina’, ‘grave’, con los que ha tratado de ilustrar las preocupaciones que para su régimen implica este tipo de informalidad. “Nadie puede estar de acuerdo con la tala indiscriminada de bosques, con el abuso de mercurio en la minería, que tanto mal nos hace”, indicó Humala.

Validando ese razonamiento, Daniel Urreci, alto comisionado para la Interdicción y Formalización de la Minería, en el Perú, señaló que el mencionado decreto será derogado, logrando con ello corregir la consideración de ‘zonas de narcotráfico’, que ha pesado sobre estas poblaciones, para emitir, enseguida, una normativa que sostenga la limitación de hidrocarburos a favor de eliminar la minería informal.

A la espera de ello, los manifestantes han proclamado 7 días de tregua, en los que esperan diseñar una estrategia que les permita, en el caso de no obtener los resultados deseados, defender con más ahínco la causa que los junta.

Encuentro en Quito

Delegaciones de alto nivel de Colombia, Ecuador y Perú participaron la semana pasada, en Quito, del Primer Encuentro Trinacional de Formalización de la Minería Artesanal,  donde se suscribió un acta de compromiso en torno a 3 puntos esenciales que se analizaron en mesas de trabajo, las mismas que estuvieron compuestas por autoridades de cada país en materia minera, ambiental y de seguridad.

Los puntos esenciales fueron el diagnóstico y estado actual de la minería artesanal, regularización y rehabilitación ambiental.

El viceministro de Minas de Ecuador, Dixon Briceño, destacó el trabajo realizado a lo largo del encuentro y saludó la importancia de “sumar esfuerzos y metodologías de otros países para trasladarlas a la práctica, dentro de cada uno de nuestros territorios”. Enfatizó sobre la histórica actividad minera del Perú y el aporte del país vecino para el fortalecimiento del sector.

Briceño aseguró, además, que en la hoja de ruta ecuatoriana no solo se trabaja por la regularización de la minería artesanal, sino que se realizan esfuerzos para que “quienes trabajan en minería de sustento se capaciten y cumplan con las normativas sobre el uso de explosivos y combustibles, trabajen bajo los sistemas establecidos de gestión ambiental y se desarrollen con seguridad laboral”.

Para el director general de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas de Perú, José Manuel Pando, esta cita finalizó de forma positiva una vez que los 3 países han puesto sobre el tapete problemas comunes, “que tal vez tienen distintos nombres, pero cuyo tratamiento y el trabajo que se lleva adelante en cada país es el mismo”.

De su lado, Alain Henao, director Nacional de Formalización Minera del Ministerio de Minas de Colombia, destacó ‘la visión social’ con la que se desarrolló este encuentro, al tomar en cuenta que “miles de personas se dedican a la minería de forma ancestral y que hoy buscan asistencia técnica y legal”. Indicó que la preocupación sobre el tema ambiental es general, por lo que la formalización de los mineros artesanales es primordial.

Colombia, Ecuador y Perú desarrollarán nuevos encuentros trinacionales para dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en Quito. Además, se vigilará que en el tratamiento del tema se diferencie a la minería artesanal de la minería ilegal, cuyos ejecutores buscan exclusivamente los beneficios de la extracción, sin medir los daños que provocan al ambiente y a los Estados.

DATOS

El Primer Encuentro Trinacional de Minería Artesanal Colombia – Ecuador – Perú se llevó adelante en cumplimiento al compromiso No. 80 de la Declaración Presidencial Ecuador – Perú, de Piura el 14 de noviembre de 2013, y por la cual las autoridades competentes en materia de Ambiente, Minería y Defensa deben propiciar el análisis de la problemática de la minería.

Los delegados elaboraron un Plan Trinacional de Trabajo en torno a la minería artesanal. Los 3 países vigilarán que el Plan se cumpla. Los 3 países se comprometieron a organizar nuevos encuentros para dar seguimiento a los compromisos adquiridos en Quito.