Desde este fin de semana, los miembros de la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional iniciaron la  socialización del proyecto de reforma a la Ley de Minería.    

El proceso se realizó en el sector minero del cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; en Machala, provincia de El Oro; y en la parroquia San Carlos de Las Minas, del cantón Zamora, de Zamora Chinchipe.  

En la socialización también participó el viceministro de Minas, Richard Vera, y el subsecretario Nacional de Desarrollo Minero, Jorge Espinosa.

Vera explicó a los mineros de la zona los diversos aspectos que contempla el proyecto de reforma. Estos son: agilidad en los procesos de autorización y trámites minero ambientales; normas para el debido proceso en la caducidad de derechos; aspectos económicos y tributarios; fortalecimiento de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y sanciones para la minería ilegal; reformulación de los regímenes de pequeña minería y minería artesanal, y creación de la modalidad de mediana minería.

La Asamblea tiene hasta el 15 de junio para aprobar el proyecto y entregarlo al EjecutivoVera resaltó que el interés del Gobierno “es que los recursos que por regalías generen las empresas mineras se queden en las zonas de influencia de los proyectos hasta combatir la pobreza”. “Esto obligará al Estado a capacitar a los mineros artesanales y pequeños mineros, a enseñarles el uso de tecnología más avanzada”, dijo el funcionario.

Por su parte, el sector minero solicitó que se facilite la regularización de quienes tienen labores dentro de concesiones mineras, por lo cual pidieron  apoyo para la firma de contratos de operación.

Más de 100 mineros de la provincia de El Oro llegaron ayer a Machala para ser partícipes de la socialización de la Ley de Minería.

En un intenso debate varios dirigentes mineros propusieron reformas a esta ley, ante la presencia de la primera vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Aguiñaga, que estaba acompañada del gobernador Carlos Zambrano, del viceministro de Recursos No Renovables, Richard Vera, y de los cinco asambleístas orenses.

Los asambleístas buscan socializar el contenido de las 30 reformas remitidas por el Ejecutivo el pasado 16 de mayo con carácter de urgente.

Carlos Arrobo, dirigente minero en Portovelo, planteó que a la extracción del oro se le dé un valor agregado en los cantones donde se lo explota. “Tenemos que darle un valor más al producto que extraemos, hacer aretes, anillos y varias cosas más”, dijo Arrobo.

El proyecto de ley minera deberá estar listo con las correcciones debidas esta semana para iniciar su primer debate en la Asamblea. La cita se cumplió en el auditorio de la Corte de Justicia de El Oro, que no alcanzó para que todos los mineros presenciaran la socialización.

Otro grupo de mineros se quedó en los bajos del edificio de la Corte Provincial, exigiendo una ley justa y transparente, con varios carteles que decían: “pedimos que se respete el derecho a los trabajadores mineros”, “no más clausura a las mineras”.

Un punto importante es el alto grado de contaminación que se registra en los ríos de Santa Rosa, provocado en su mayoría por mineros artesanales.

Un dirigente minero reveló que son más de 70 mil santarroseños los que están siendo afectados por la contaminación y que muchas madres están teniendo a sus hijos con malformaciones.

CONAIE ANUNCIA RESISTENCIA AL PROYECTO

Dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) manifestaron ayer su oposición y resistencia contra el Proyecto Reformatorio a la Ley de Minería.

Humberto Cholango, presidente de la Conaie, manifestó que entre esta y la próxima semana  presentarán a la Asamblea Nacional los temas con los que están en desacuerdo  del documento presentado por el Ejecutivo. “Como movimiento indígena, vamos a acudir a la Asamblea para presentar los puntos que están violentando los derechos colectivos y otras leyes más”, precisó.

De su parte, Carlos Pérez, titular de la Ecuarunari, insistió en que la normativa legal requiere de una consulta prelegislativa entre las comunas, comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas del país. “Esta es una ley vende patria, entreguista, que se arrodilla ante las mineras chinas y transnacionales”, indicó.