El éxodo de puertorriqueños en los últimos años ha perjudicado la economía del país, según un informe publicado por la economista Anne Krueger, exdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), y dos economistas contratados por el gobierno de la isla.

La población de la isla disminuyó desde 2006, y ha continuado decreciendo en años posteriores. Este fenómeno ha diezmado poco a poco la fuerza laboral en Puerto Rico. Esto debido a que la mayoría son los que emigran es de profesionales y personas productivas.

Estimaciones de la Junta de Planificación (JP) de Puerto Rico apuntan a que la economía local podría dejar de recibir en la presente década cerca de $ 2.000 millones en ingresos, producto de los 300.000 puertorriqueños que han migrado o que lo harán hasta el año 2020.

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, aseguró que su administración no cuenta con los recursos suficientes para cancelar los más de $ 70.000 millones de deuda pública y pidió plazo a los acreedores para pagarla una vez que se recuperen las finanzas de la isla.

“El informe nos enfrenta a una dura realidad: la deuda pública, considerando el nivel de actividad económica actual, es impagable”, señaló García Padilla.

Además, propuso “una moratoria con los bonistas para posponer por un número de años los pagos de la deuda”, indicó el gobernante, quien agregó: “tenemos que estar dispuestos todos, incluso los bonistas, a asumir algunos sacrificios compartidos hoy, para que mañana podamos compartir los beneficios”, declaró.

El presidente Barack Obama y el Congreso estadounidense prefieren mirar hacia otro lado y aseguraron que no asistirán a Puerto Rico con un rescate financiero.

Ante la indiferencia de Washington, congresistas puertorriqueños proponen un aumento en las contribuciones de las empresas norteamericanas que obtienen en la isla ganancias de más de $ 35.000 millones anuales.

Mientras que, en la isla aumenta la preocupación de que la profundización de la crisis lleve a un marcado incremento de la fuga de las cientos de familias que salen del país en busca de seguridad económica, el gobernador García ordenó la creación de un comité legislativo y ejecutivo que evalúe las políticas de austeridad recomendadas para sortear la bancarrota del erario público. (I)