La fiesta sucretizadora y más deuda

El mismo día de la muerte de Roldós, 24 de mayo de 1981. “Muerto el Rey. Viva el Rey”. El vicepresidente Osvaldo Hurtado Larrea inmediatamente se acogió al mandato Constitucional referente a la sustitución y sin problema alguno asumió la Presidencia. Su Gobierno se caracterizó por hacer lo que con toda seguridad el presidente Roldós se habría negado.

Por ejemplo: ordenó sucretizar las cuentas en dólares que tenía el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y cuyas inversiones servían para financiar los programas de vivienda, los mejores y más baratos construidos en Ecuador.

Ordenó que se vendiera por ventanilla, del Banco Central del Ecuador (BCE) los dólares del IESS, dizque para mantener la paridad cambiaria. Los dólares ‘volaron’ a manos de las trincas. Desaparecidos los dólares, el sucre se devaluó escandalosamente. Así se dio inicio a una brutal descapitalización del Seguro Social.

Implementó la ‘sucretización’ ($ 1.500 millones) de la deuda externa adquirida en dólares por la empresa privada, para que tales obligaciones fueran transferidas al Estado. El sistema fue perfeccionado y la deuda acrecentada por León Febres-Cordero, el sucesor de Osvaldo Hurtado. Esta es una de las pesadas cargas que heredamos los ecuatorianos, al tener que pagar la deuda externa de un grupo de pillos, disfrazados de empresarios que añoran volver a las mismas andanzas.

Además de la sucretización emprendió un agresivo endeudamiento externo y sus ministros con la alta burocracia fueron voraces atracadores de los fondos públicos.

La deuda externa del Ecuador, resultante de la Resolución de la Junta Monetaria de 14-05-80 autorizando el endeudamiento especulativo, según el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, “es un atentado a los derechos humanos”.

La ‘sucretización’ fue inmoralmente corregida y aumentada, creando mayores perjuicios al Estado, por ende al pueblo ecuatoriano por el gobierno autoritario del fallecido expresidente de la República, León Febres-Cordero 1984—1988. El gran fraude de la sucretización se estima en seis mil millones de dólares.

Según la doctrina penal, reconocida universalmente, estos delitos no prescriben, por lo tanto los implicados tienen pendiente su presencia en el banquillo de los acusados.