La descentralización permite la gestión tributaria y administrativa en el territorio
Durante la década de los noventa, bajo el discurso neoliberal, se posicionó a la descentralización como fundamento para la concreción de las políticas de ajuste y reajuste estructural. Esta forma de organización del Estado se planteó como una alternativa para coadyuvar en la reducción de las dimensiones de un estado burocrático y poco eficiente que no contaba con las capacidades para la prestación de servicios públicos que cubran las necesidades de la población en el territorio.
Este discurso fue acogido por los gobiernos subnacionales como un medio para acceder a mayores recursos y responsabilidades, y para visibilizar su gestión frente a sus electores.
Sin embargo, el carácter voluntario de este modelo de descentralización, sumado a la ausencia de planificación y rectoría del Estado, condujeron a la falta de sostenibilidad del proceso, lo que se tradujo en un limitado impacto de la descentralización al momento de redistribuir el poder y generar cohesión territorial.
A partir de 2007, el Gobierno emprendió un proceso de reestructuración de la sociedad y el Estado ecuatoriano. Uno de sus principales objetivos fue reconfigurar su organización territorial y ordenar la forma de distribución de competencias a través de un sistema obligatorio que permita a los gobiernos locales ejercer sus facultades de manera progresiva, coordinada y bajo el principio de corresponsabilidad.
Es así que, la nueva Carta Suprema de 2008, definió al Estado ecuatoriano como constitucional de derechos y justicia; siendo concebida la descentralización como la forma de gobierno en la que se organizará el Estado, por tanto, como un instrumento para alcanzar el Buen Vivir.
En este contexto, es indispensable recuperar las facultades del Estado (planificación, rectoría, regulación y control) para generar equidad territorial y garantizar los derechos de la población. Por ello, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) dispone que, a través de la descentralización, se impulse el desarrollo equitativo, solidario y equilibrado en todo el territorio nacional mediante el fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y el ejercicio de los derechos de participación ciudadana.
En función del marco legal vigente y los avances que ha tenido el proceso hasta la presente fecha, se pueden señalar las siguientes características del nuevo modelo de descentralización:
- Definición de un Sistema Nacional de Competencias con carácter obligatorio, progresivo y definitivo, que busca disminuir la discrecionalidad en la transferencia de competencias, dándole un orden a la descentralización.
- La asignación de responsabilidades y atribuciones por niveles de gobierno, permitiendo la consolidación de cada uno de ellos con responsabilidades exclusivas y delimitando sus roles y ámbito de acción para evitar la duplicidad de funciones.
- Mayor equidad y eficiencia en la distribución del ingreso y destino del gasto público, para promover la sostenibilidad fiscal y el equilibrio territorial en la provisión de bienes y servicios públicos.
Aquello implica:Facultades tributarias por nivel de gobierno, para la gestión de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejora, que permiten a los GAD generar mayores recursos propios; y un sistema de transferencias de recursos desde el gobierno central a GAD en función de las características territoriales, condiciones socioeconómicas y gestión de los gobiernos locales, que buscan generar equidad territorial.
Características del nuevo modelo de descentralización
La descentralización en el Ecuador ha tenido avances contundentes en los últimos 5 años. En términos de su establecimiento e institucionalización ha atravesado una transformación jurídica sin precedentes, producto de coyunturas y consensos políticos. Por esta razón, se debe ser riguroso en la utilización de los espacios institucionales y en el empleo de las herramientas jurídicas generadas. Así también se debe propiciar espacios de reflexión a favor de la sostenibilidad, defensa y retroalimentación del proceso; para mantener activa la voluntad política que hoy lo dinamiza.
Por otro lado, debemos considerar que la descentralización es un medio, cuyos receptores y beneficiarios son los ciudadanos pues, mediante esta, se procura lograr igualdad en el acceso de derechos, acercando el Estado a los ciudadanos; universalizando y mejorando la prestación de bienes y servicios.
En tal virtud, la descentralización perdería sentido si no se consiguiera beneficios sustanciales y concretos en la calidad de vida de las personas.
Con estos antecedentes, es posible identificar algunos elementos a prestar atención en el corto y mediano plazo, de cara a las sostenibilidad de la descentralización en el largo plazo:
- Mejorar la equidad territorial a través de redistribución de recursos, calidad del gasto público local, endeudamiento responsable de los GAD y políticas que promuevan la generación de ingresos propios de los mismos.
- Incentivar y acompañar la creación de distritos metropolitanos autónomos, circunscripciones territoriales y mancomunidades.
- Articular la planificación nacional y local para alcanzar el Buen Vivir territorial.
