La resolución del Concejo Cantonal que declara a Cuenca libre de minería “es inconstitucional, carece de toda competencia, validez y eficacia jurídica”, precisó el ministro del ramo, Xavier Córdova.

Enfatizó que el artículo 261 de la Constitución establece que el Gobierno central tiene competencias exclusivas sobre las áreas naturales, recursos naturales, energéticos, minerales, hidrocarburos e hídricos.

El funcionario considera que la decisión del Cabildo cuencano intenta politizar la actividad minera. Y citó el artículo 328 del Código Orgánico de Organización Territorial, que prohíbe a los órganos legislativos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) interferir en la gestión de las competencias que no les corresponda por disposición constitucional.

En una sesión extraordinaria, el domingo pasado, el Concejo Cantonal de Cuenca aprobó una declaratoria de 12 puntos relacionados con la preservación de las fuentes de agua y la actividad minera.  

En uno de los puntos se declara  libre de minería metálica al cantón azuayo, sus páramos y ecosistemas dentro del área de reserva del Cajas, así como las áreas de conservación ambiental y de fuentes hídricas.

La decisión generó la reacción del presidente Rafael Correa en Twitter: “Pura demagogia en época de campaña y ocultar su terrible fracaso con el tranvía. Sabe que no tiene facultades constitucionales y que minería ya está prohibida en fuentes hídricas”.

El alcalde cuencano, Marcelo Cabrera, respondió: “Presidente, por respeto y dignidad que se merecen los cuencanos y Cuenca, no voy a responder sus ofensas...”.

Cabrera sostuvo que el pedido para la sesión extraordinaria del domingo fue hecho por 9 concejales y que, en tres ocasiones, técnicos de las universidades de Cuenca y de la Municipalidad han intentado sin éxito ingresar al sector de Quimsacocha para realizar estudios.  

El ministro Córdova reiteró que los proyectos mineros considerados como estratégicos fueron definidos por el Gobierno debido a su aporte positivo en la economía y las oportunidades de desarrollo que brinda.

“Reaccionaremos con acciones legales y efectuaremos las consultas necesarias ante la Corte Constitucional más allá de que la Carta Política es absolutamente clara”, expresó, tras anotar que el trabajo continuará apegado a la Ley. (I)