En el Enlace Ciudadano No. 478, realizado desde Pedernales el sábado 4 de junio, el presidente de la República, Rafael Correa, se refirió al debate sobre la utilización del dinero electrónico e indicó que el sector financiero privado estaría realizando una campaña en su contra aduciendo que este medio de pago no estaría debidamente respaldado.

Para destacar que la banca privada ecuatoriana tendría un “doble discurso” sobre el dinero electrónico, el Mandatario recordó que la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE) tenía una actitud diferente en 2011.   

“¿Saben quién no quería que el dinero electrónico no estuviese respaldado? Los propios bancos. Cuando la Asociación de Bancos quería el negocio, cuando el dinero electrónico ahí sí era bueno, y proponía un encaje de solo 5%, ahí sí tenía capacidad de crear dinero; pero ahí sí estaba bien porque era el billete para ellos, el negocio”, dijo Correa.

Desde fines de abril, el debate sobre la utilización del dinero electrónico adquirió nuevos matices con la promulgación de la ‘Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas’.

En este cuerpo jurídico se establece la posibilidad de que el ciudadano pueda recibir la devolución de una parte del monto gravado por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando sus adquisiciones de bienes y servicios sean canceladas con dinero electrónico.

Sin embargo, en reacción a la posibilidad de una mayor difusión del dinero electrónico, que el Banco Central del Ecuador (BCE) administra y regula actualmente, los miembros de la ABPE expresaron su desacuerdo con el esquema propuesto.

¿Qué decía la banca privada sobre el dinero electrónico en 2011?

A través de un boletín sobre ‘la banca móvil’, publicado en diciembre de 2011, la ABPE destacaba que el país carece de suficientes medios de pago de bajo costo y fácil nivel de acceso. Esta circunstancia impediría que una mayor cantidad de ecuatorianos pudiesen ser incluidos con mayor eficiencia en el sistema financiero formal.

“A julio de 2011, existían 6,3 millones de cuentas bancarias a nivel nacional y (...) en el país existen aproximadamente 14,5 millones de habitantes. Bajo estas premisas se puede afirmar que más del 55% de la población no tiene acceso a servicios bancarios tradicionales o posee una cuenta bancaria. Pero por otro lado, el número de líneas celulares en el país supera ya los 14 millones de abonados, entonces, ¿por qué no utilizar este medio tecnológico para fortalecer la inclusión financiera en el país?”, indicaba el boletín.

Entre las ventajas de la utilización del dinero electrónico, por ese entonces, la ABPE señalaba a la seguridad del medio de pago porque “suple la necesidad de llevar dinero en efectivo (...) evitando que las personas puedan ser víctimas de atracos”. También mencionaba que el dinero electrónico permitiría realizar transacciones a través de una red de pagos compuesta por tiendas, supermercados y farmacias.

En mayo de 2016 la Asociación de Bancos exhibió otra posición

A través de remitido de prensa publicado la semana pasada, la ABPE señaló que, después de las conversaciones mantenidas con las autoridades económicas, sus miembros no estaban de acuerdo con el esquema de dinero electrónico que impulsa el Gobierno Nacional.

Para justificar esta posición, la ABPE recordó que, según lo dispuesto en el Artículo 94 del Código Orgánico Monetario y Financiero, el dinero electrónico sería una moneda equivalente y convertible en dólares y, también, que sería respaldada por los activos líquidos del BCE, circunstancia esta última con la cual no estarían de acuerdo.

“Los bancos privados consideramos que el dinero electrónico debe estar, de forma obligatoria y por disposición legal, exclusivamente respaldado en dólares de los Estados Unidos de América y no en otro tipo de activos (...) más aún cuando las autoridades han manifestado que una de las razones que les impulsa a emitir dinero electrónico es la falta temporal de liquidez del Estado”.

A su vez, la banca privada planteó que la aplicación del dinero electrónico no requiere de monopolio por parte del BCE. Esta posición apareció explicada con más detalle en un artículo publicado por José Julio Prado, presidente de la ABPE, quien calificó a la propuesta de dinero electrónico como una fuente de incertidumbre.

También su artículo menciona que, hace un par de meses, iniciaron conversaciones con el BCE para buscar alternativas al proyecto de dinero electrónico. En esas conversaciones, la banca privada ecuatoriana habría planteado cuatro ‘precondiciones’ para participar en un esquema de dinero electrónico.

En primer lugar, se solicitó que el BCE no mantenga cuentas de dinero electrónico abiertas al público ni a macroagentes y que todas las cuentas existentes en la actualidad migren hacia bancos y cooperativas. A su vez, se demandó que los bancos, cooperativas, telefónicas y empresas de software puedan crear y operar sus propias plataformas, sea en forma individual o conjunta.

Por otra parte, las instituciones privadas condicionaron su participación a que “el dinero electrónico sea considerado exclusivamente como un servicio financiero de billetera/dinero móvil”.

Si así sucediese, decía Prado, el dinero electrónico sería un medio de pago, respaldado siempre en cuentas abiertas en bancos o cooperativas. Por último, en las conversaciones se solicitó que “se generen condiciones de estabilidad jurídica adecuadas, a través de un marco normativo y regulatorio transparente”. Después de aquellos diálogos se flexibilizó el esquema inicial de dinero electrónico planteado por el Gobierno Nacional, permitiéndose así que los bancos privados o las cooperativas pudiesen generar sus propios mecanismos de apertura de cuentas de dinero electrónico.

Según Prado, todavía subsisten dos restricciones para la participación de la banca privada en el esquema de dinero electrónico, a saber, “el BCE mantendrá cuentas abiertas al público y la plataforma seguirá siendo administrada, operada y controlada por el BCE en forma exclusiva”. (I)