Más allá de un impacto económico profundo, las 29 medidas de austeridad anunciadas a través del Decreto Ejecutivo 135 generarán un efecto anímico en la ciudadanía entorno a que el Gobierno empieza a tomar acciones casa adentro para racionalizar el gasto público.

Es la conclusión a la que llegaron René Puga, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Central; el asambleísta Fernando Torres (PSC) y Marcelo Solórzano, presidente de la Confederación de Trabajadores del Sector Público.

Consultados por EL TELÉGRAFO, los tres opinaron que el ahorro no será cuantioso, pero permitirá regular el desembolso de recursos en áreas importantes que van desde el uso de vehículos públicos hasta la asignación de teléfonos celulares; además de que da paso a una evaluación del rendimiento de cada institución (ver infografía).

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No existe, de momento, una estimación oficial del ahorro que provocarán las medidas vigentes desde el 1 de septiembre.

Puga considera que el decreto es una antesala de las acciones que podría emprender el Gobierno y que se verían reflejadas en la proforma presupuestaria para 2018. Porque si realmente se quiere reducir el gasto, anota, el ajuste deberá ser por el lado de la inversión estatal.

“Lo que vemos ahora es que se está promoviendo una nueva forma de hacer Gobierno”, dijo Puga, no obstante, observa una contradicción en la eliminación de las vacantes dentro del sector público cuando la intención del Gobierno es generar más fuentes de empleo.

La reducción salarial del 10% para los servidores públicos de grado 2 del nivel jerárquico superior representaría un ahorro de $ 30 millones, aproximadamente, señaló el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma.

En agosto, Ledesma dio a conocer la decisión y aunque entonces no especificó a qué nivel afectaría, dijo  que se estaba considerando a aquellos funcionarios que perciben desde $ 2.368 hasta $ 6.261.

A julio de este año, el Ministerio de Trabajo registró 480.475 servidores públicos, de los cuales 421.495 corresponden a la Función Ejecutiva.

“Los ecuatorianos están pasando por una crisis muy importante y creo que lo menos que podemos hacer en el Ejecutivo y las autoridades es demostrar solidaridad con aquello y ajustarnos también los cinturones”, resaltó el ministro.

Con respecto al cierre de todas las vacantes disponibles, Ledesma indicó que no se tiene contabilizado el número exacto de puestos disponibles, para lo cual se recopilará información de todas las entidades públicas a fin de hacer un análisis y proceder de acuerdo con lo que establece el decreto.

Para Marcelo Solórzano, las medidas de austeridad son positivas, sin embargo, sugiere dar mayor precisión en el tema relacionado con las horas extraordinarias y suplementarias para no afectar aquellos servicios que se prestan directamente a la ciudadanía cuando ocurren eventos emergentes, como una falla en el sistema eléctrico del alumbrado público o en la telefonía.

Por otro lado, recordó que durante 4 años consecutivos la remuneración de los servidores públicos ha permanecido congelada; tema que, a su criterio, merece ser analizado por las autoridades.

Fernando Torres manifestó que el Gobierno está enviando la señal correcta en el sentido de cuidar los gastos.

“Lo que Ecuador ahora necesita es un mensaje con el que se le diga que los recursos públicos son tan sagrados, que no pueden utilizarse para viajes sin sustento, para compra de vehículos, contratación de personal innecesario en el sector público. Con un impacto mínimo en el ámbito económico, el decreto dará un gran golpe a la moral ciudadana”, asegura Torres.

El documento también dispone que previa contratación de servicios en general y de provisión nacional, se deberá realizar la comparación de las tarifas de proveedores actuales con otros, para lo cual el Servicio de Contratación Pública (Sercop) deberá revisar los precios o valores con los que actualmente viene trabajando.

En 2016 existían 285.419 proveedores dentro del Registro Único de Proveedores (RUP), según el informe de Rendición de Cuentas del Sercop del año pasado. Las tres mayores entidades contratantes fueron Petroecuador, IESS y Yachay con asignaciones por $ 1.690 millones.

Este diario consultó al Sercop cuál es el número actual de proveedores, la suma contratada y qué ocurrirá con ellos si se determina que sus precios son más altos que los de otros proveedores; al cierre de esta edición no hubo respuesta. El decreto no aclara este aspecto. (I)