El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Proforma Presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2017 y de la Programación Cuatrianual 2017-2020. La sesión se basó en el informe presentado por la Comisión Especializada de Régimen Económico.

En la jornada se registraron 75 votos afirmativos, 22 negativos y 34 abstenciones.

El monto de la Proforma asciende a $ 36.818 millones, que representa un crecimiento del 8% de lo devengado respecto a 2016. Del total de ingresos de la Proforma, $ 16.927 millones, equivalente al 46%, provienen de la recaudación tributaria.

La asignación para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) asciende a $ 3.207 millones, en cumplimiento de la norma que destina el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes, incluyendo las transferencias a los GAD por nuevas competencias.

Pabel Muñoz, presidente de la Comisión, explicó que la Proforma de este año cumple con la regla fiscal prevista en la Constitución. Esa ecuación se comprueba si es que los ingresos permanentes superan los egresos permanentes.

Indicó que el programa cuatrianal es fundamental, pues presenta información sobre el crecimiento económico, el déficit, la inflación y otros elementos dentro de la perspectiva de los cuatro años siguientes.

Dijo que a la Asamblea le corresponde verificar que la Proforma se ajuste al Plan Nacional de Desarrollo.

Añadió que "es necesario entender que lo que registra el Estado en tema de gastos permanentes tiene que ser cubierto con ingresos permanentes y ahí se debe verificar un superávit".

Muñoz explicó que las preasignaciones a los GAD deben contemplar al menos el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los ingresos no permanentes.

Indicó que la Constitución "plantea que lleguemos al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) respecto a educación, gasto, dándonos la transitoria la obligatoriedad de asignar al menos 0,5% anual del PIB para que se cumpla esa meta". 

El legislador subrayó que este año hemos llegado al 4% ($ 4.097 millones) de la meta constitucional en el caso de salud, no así en el caso de educación, pero que la tendencia es creciente.

Agregó que la norma constitucional determina que el límite de la deuda no debe sobrepasar el 40% del PIB. 

El asambleísta Henry Kronfle (PSC) tuvo reparos en cuanto a que el Presupuesto General del Estado (PGE) no contempla todas las obligaciones del Estado, como los haberes pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Wilma Andrade (ID) reprochó que no se incluyan todos los pasivos contingentes en el PGE, asegurando que si se lo hace la deuda llegaría a 54,8%.

En la misma línea, Fernando Torres (PSC) indicó que la proforma no contiene toda la contabilización de gastos de las finanzas públicas. Coincidió con Andrade en que la deuda superaría los $ 54.000 millones. (I)