Asambleístas y empresarios definieron los lineamientos que los llevarán de las palabras a la acción. Ambos grupos persiguen el mismo objetivo: allanar el camino para reactivar la producción.

En ese contexto, ayer se congregaron en el primer taller de trabajo donde los dirigentes empresariales presentaron propuestas con reformas al Código de la Producción; perfeccionar las alianzas público-privadas con participación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD); revisión de la carga tributaria; y mejorar las condiciones del sector monetario y del mercado de valores.

Dado que los proyectos normativos pueden provenir únicamente del Presidente de la República o de asambleístas, los planteamientos serán procesados en mesas de trabajo dentro de las diferentes comisiones de la Asamblea Nacional para luego ser integradas como una iniciativa legislativa.

Lo explicó el presidente de la Asamblea, José Serrano, quien indicó que esas actividades empezarán la próxima semana y estarán articuladas con el Consejo Consultivo Productivo y Tributario.

A mediano plazo, aproximadamente en 6 meses, Serrano propone reducir la tramitología en el sector público, para lo cual se establecerán dos grupos de trabajo. “Hay empresas que han determinado que sus costos son más altos para la tramitología que para la misma producción”, expresó. Agregó que se contempla la creación de una ley de incentivos para las inversiones de todo el país.

El encuentro de ayer es parte de la política de diálogo. Por eso Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, confía en que es posible llegar a consensos en temas sensibles para las partes.

El pago del anticipo del impuesto a la renta es uno de ellos. La discusión no es reciente y los gremios productivos reclaman su eliminación aludiendo enormes perjuicios a sus finanzas. Sin embargo, Alarcón mencionó la alternativa de retomar la fórmula donde el anticipo se calculaba en función del 50% del impuesto a la renta causado menos las retenciones.

Sobre el rol de los gobiernos locales en las alianzas público-privadas, el dirigente señaló que permitirá fortalecer el plan de vivienda del Gobierno, lo cual se traducirá en beneficios para dinamizar la construcción.

Otro de los puntos delicados, y que también será analizado en las mesas de trabajo, es una reforma a la Ley de Plusvalía, aprobada en diciembre de 2016.

Las Cámaras de la Construcción y asociaciones inmobiliarias mantienen su rechazo a la norma e insisten en derogarla, asegurando que su aplicación ha generado pérdidas.

Enrique Pita, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción, dijo compartir la intención de las autoridades de tener un control estricto a la especulación de la tierra. Considera que existe suficiente normativa para regular ese aspecto, así como la plusvalía, pero la ley vigente contiene elementos que complican el escenario ahuyentando a inversionistas y clientes.

Adicionalmente, al interior de las mesas se continuará con las conversaciones para que el sector privado asuma el manejo del dinero electrónico. (I)

PROPUESTAS

Código de la Producción: igualar la exoneración del impuesto a la renta; eliminar límites a las deducciones para Pymes en capacitación, producción e innovación; beneficios a inversiones en Quito y Guayaquil; y fortalecer las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE).

Alianzas público-privadas: potenciar la autonomía de los GAD; y compensación del IVA en proyectos de vivienda de interés social.

Monetario y mercado de valores: apertura al sector privado para manejo de dinero electrónico; apertura a la banca internacional, liberación de tasas de interés; eliminación de impuestos e incentivos al mercado bursátil, entre otros.