La mayoría parlamentaria aprobó ayer la proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) para lo que resta del año y la Programación Cuatrianual 2017-2020, en medio de cuestionamientos de las bancadas de oposición en torno a los ingresos proyectados y al nivel de endeudamiento del Estado.

La proforma asciende a $ 36.818 millones, lo que representa un crecimiento de 8% con respecto al monto devengado en 2016, explicó Pabel Muñoz (AP), presidente de la Comisión de Régimen Económico. El 39% de los recursos ya ha sido ejecutado.

Se estima que habrá $ 23.546 millones en ingresos totales. El principal rubro corresponde a impuestos por $ 14.760 millones

La cifra ha sido fuertemente criticada por asambleístas como Mae Montaño (CREO), quien durante el debate en el pleno de la Asamblea opinó que “en la proforma hay algunos numeritos que parecen inventados para incrementar los ingresos y disminuir el déficit”.

A lo que Muñoz se anticipó aclarando que la proyección del Servicio de Rentas Internas (SRI) se sustenta en que entre enero y julio de este año la recaudación tributaria aumentó el 10,8%.

Del lado de los gastos, estos se calculan en $ 28.341 millones, de los cuales $ 9.192 millones son gastos de personal (el 87% se destina al pago de remuneraciones de maestros, médicos, policías, jueces).

El déficit se ubica en 4,7% ($ 4.794 millones) del Producto Interno Bruto (PIB). Por otra parte, hay un superávit permanente de más de $ 1.000 millones cumpliendo así la regla fiscal de que los ingresos permanentes cubran la totalidad de los gastos permanentes.

Para Henry Kronfle (PSC), una de las vías para estabilizar la economía nacional es bajando los ingresos permanentes, pero más los gastos permanentes. Además, tuvo reparos en cuanto a que el PGE no contempla todas las obligaciones del Estado, como los haberes pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Con respecto a la deuda consolidada, esta se ubica en 29,4% del PIB. La programación cuatrianual prevé en un escenario de estrés que el porcentaje se eleve a 32% en 2021, manteniéndose dentro del límite permitido por la ley.

Wilma Andrade (ID) reprochó que no se incluyan todos los pasivos contingentes en el PGE, asegurando que si se lo hace la deuda llegaría a 54,8%.

En la misma línea, Fernando Torres (PSC) indicó que la proforma no contiene toda la contabilización de gastos de las finanzas públicas. Coincidió con Andrade en que la deuda superaría los $ 54.000 millones. En cambio, Esteban Melo y Carlos Bergman, asambleístas de Alianza PAIS, afirmaron que las obligaciones no superan el límite permitido y que “la deuda siempre ha sido para inversión”.

Durante el tratamiento del presupuesto hubo criterios divididos sobre las asignaciones a las universidades por parte de las autoridades económicas y académicas. Es así que el Ministerio de Finanzas envió un comunicado a la Asamblea en donde informa que resolverá la situación con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

Finalmente, el PGE proyecta que la economía ecuatoriana cerrará el año con el crecimiento de 0,71%. (I)