La Agenda Nacional para la Igualdad tiene 12 líneas de acción
El Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), en el contexto de la Convención para la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, establecidos por la ONU, instituye los mecanismos para el perfeccionamiento de los conceptos señalados en la Constitución de 1998. La Carta Magna consideraba a las personas con discapacidad como sectores vulnerables de la población, hacia una definición asertiva de grupos de atención prioritaria, determinada en la Constitución de 2008, en la que prevalece el pleno ejercicio de los derechos.
Ecuador fue el vigésimo país en el mundo en ratificar la Convención y su Protocolo Facultativo que entró en vigencia en el orbe.
La discapacidad es una circunstancia de vida como consecuencia de factores internos y externos, que ocasiona desigualdad y exclusión en las esferas social, económica y cultural a las personas, por ello están permanentemente expuestas a la violación de sus derechos y autonomía. La Constitución vigente incluye 32 disposiciones relacionadas con las discapacidades, concordantes con las expresadas en la Convención y su Protocolo, como instrumento vinculante a la legislación nacional para “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.
Los logros alcanzados en la generación de políticas públicas han sido desde entonces significativos, estableciendo una nueva Ley Orgánica de Discapacidades y una Agenda Nacional para la Igualdad de las Personas con Discapacidad (ANID), enmarcado en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, que considera al logro de la igualdad como condición para el mutuo reconocimiento de todos, potenciando la cooperación, solidaridad y fraternidad, en una sociedad que busca recuperar el carácter público y social del individuo.
El objetivo 2 del Plan Nacional para el Buen Vivir, que auspicia la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad, pone énfasis en el reconocimiento igualitario de los derechos, lo que obviamente implica la generación y aplicación de políticas públicas de igualdad, que eviten la exclusión. “El desafío es avanzar hacia la igualdad plena en la diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna, con acceso a salud, educación, protección social, atención especializada y protección especial”, señala el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017.
Complementariamente, la discapacidad puede aumentar el riesgo de pobreza y viceversa, por lo que es fundamental aplicar medidas de acción afirmativa para garantizar el acceso a los bienes y servicios públicos y privados, mejorando consecuentemente las condiciones de vida de este grupo humano.
La ANID fue desarrollada por el Conadis con acompañamiento de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), los ministerios ejecutores y actores de la sociedad civil, en 14 talleres nacionales. Con la expedición de la Ley Orgánica de Discapacidades, su reglamento y la Ley Orgánica de Consejos de Igualdad, el nuevo Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades asume las competencias para la implementación de la Agenda de Igualdad como instrumento de política pública en discapacidades del Gobierno Nacional.
La construcción de la ANID tuvo como base la Constitución del Ecuador y el Plan Nacional para el Buen Vivir por ser instrumentos que orientan al reconocimiento, promoción y garantía de derechos como finalidad primordial de un nuevo modelo de Estado, así como los mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
La ANID tiene 4 segmentos: antecedentes históricos, marco referencial, diagnóstico y direccionamiento estratégico. Es un referente para los sectores públicos y privados, en pro del diseño e implementación de las políticas públicas con enfoque para la igualdad desde la perspectiva de las discapacidades. Para ello, parte del análisis histórico de la problemática de discriminación a los ecuatorianos con discapacidad, así como del reconocimiento a las organizaciones de y para personas con discapacidad, que se han constituido en los referentes de la reivindicación de sus derechos individuales y de sus familias.
