La inversión pública en Ecuador con el actual régimen pasó de  $856 millones  en el 2006 a $5.243 millones al cierre del 2011, para pasar del 2,0 al 8,0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). En el primer semestre de 2012 se han desembolsado $ 2.877 millones, según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).

Ecuador lidera por dos años consecutivos (2009 y 2010) la inversión pública de los países de América Latina respecto al PIB, según el Informe Macroeconómico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas divulgado esta semana.  Ecuador aumentó su inversión pública en  2011 al 11,1% del PIB.

La inversión por habitante en Ecuador pasó de $64  el 2006 a $353  el 2011, equivalente a multiplicarla por 5,5 veces, a lo que se unió un mejor destino y una mejor ejecución, pues por primera vez se ejecutó en el primer semestre el 50% de lo presupuestado.

Fander Falconí, titular de la Senplades, durante un conversatorio realizado con agencias internacionales de prensa,   consideró que tan interesante como lo que el país invierte en términos del tamaño de su economía está el elemento contra cíclico que ello significa.

Explicó que  la inversión pública es una variable central en términos del desarrollo endógeno, porque no solo nos permite generar infraestructura, que no estaba consolidada anteriormente en el país, sino también construir capacidades.

Lo que se hace con la inversión pública, apuntó, es sembrar, generar empleo, capacidades productivas, sustituir importaciones, y el 90% de ese Programa Anual de Inversiones (PAI) está focalizado en proyectos de infraestructura productiva y para generar capacidades humanas.  

Falconí en compañía del ministro de Finanzas, Patricio Rivera, rechazó también la posibilidad de un ajuste de ese programa de inversiones, este año, por la baja del precio del petróleo. “Hemos recibido al respecto una clara instrucción del presidente  Rafael Correa de no ralentizarlo al considerar que no existen razones para ello, precisaron ambos funcionarios”, enfatizó Falconí.

Primero, detalló Falconí, porque juegan elementos fundamentales en términos contra cíclicos, donde es todo lo contrario de lo que era antes. Lo que se hacía  en las políticas de ajuste clásico estructural era cortar siempre por el lado más débil, la educación, la salud, o la infraestructura productiva, que eran las grandes perdedoras de las políticas públicas, puntualizó.

“Aquí es  lo contrario, no vamos a mermar un solo centavo del ambicioso plan de educación y salud que tenemos, de  infraestructura vial, generación eléctrica”, aseveró. Sin considerar, añadió, el resto del sector financiero ecuatoriano, ni tampoco las empresas públicas, o la inversión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

“Gracias al Código de Planificación y Finanzas Públicas, el Ministro de Finanzas puede trabajar por adelantado para conseguir el financiamiento del presupuesto, dijo, y reveló que ya está negociando el financiamiento para la segunda mitad del 2013”, indicó el ministro de Finanzas, Patricio Rivera.
Muestra del efecto beneficioso de la inversión pública en infraestructura vial, comentó, es que en  2011 Colombia desplazó a EE.UU. en  arribo de turistas, pues con el excelente estado de las vías es muy fácil y cómodo desplazarse a Ecuador.

Para Falconí, esta decisión respecto a la inversión pública estimuló el alto crecimiento de la economía nacional en 2011 (7,8 por ciento del PIB) y arrastró con ella la inversión privada, lo cual va unido a que la acumulación de capital permite ver sus efectos positivos a futuro.

De su parte, el director Ejecutivo del Instituto Nacional de Preinversión (INP), Santiago Medina, dijo que actualmente existe la inversión pública necesaria para el país, lo que antes no ocurría, y que se está trabajando en infraestructura de  carreteras, servicios públicos, energía,  proyectos encaminados en sustituir importaciones, satisfacción de necesidades básicas y crear las bases para una industria nacional.

Mientras que Roberto Villacreses, analista económico, recalcó  que por un lado la inversión publica nos permite gozar de nuevas carreteras, salud y educación, pero por otro lado las empresas locales pierden competitividad. “Si bien tienen su lado positivo, hay que tener cuidado con el peso del Estado en la economía y los negocios para sostener ese nivel de inversión pública”, subrayó.