El Gobierno ecuatoriano apunta a que la minería reemplace al petróleo como el mayor generador de ingresos económicos para el país.

Con esa premisa, la planificación macroeconómica del Ejecutivo va dirigida a tres proyectos emblemáticos en la minería.

De ellos, dos empezarán a producir a fin de año: Fruta del Norte y Mirador, ambos al sur de la región amazónica.

En cambio, la extracción mineral en el proyecto Loma Larga, en Azuay, está planificada para finales de 2021 (ver infografía).

Estos y otros proyectos ayudarán a generar inversiones en el país por $ 3.800 millones entre 2018 y 2021.

Mientras que $ 3.600 millones se generarán por concepto de exportaciones.

Con ese panorama, las empresas que concesionaron en esas tres zonas esperan ser las pioneras en la minería de gran escala.

Sin embargo, durante ese tiempo deberán afrontar retos, entre ellos, evitar que la explotación ilegal se concentre en las minas.

Sus representantes trabajan para que no se generen problemas como los existentes en Buenos Aires, un yacimiento de oro en Imbabura, que es explotado de manera ilegal y que trae consigo la presencia de grupos armados y el cometimiento de delitos.

Los proyectos concesionados cuentan planes de contingencia en el caso de presentarse esta situación.

Augusto Flores es gerente de Seguridad, Salud y Ambiente de Ecuacorriente. Esa es la empresa que lleva adelante el proyecto Mirador.

Flores advierte la posibilidad de que “en el menor descuido” la minera ilegal entre a esa área concesionada.

Hasta el momento se han registrado cinco casos reportados a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). Esas personas fueron despejadas del sitio con apoyo de los lugareños.

El funcionario considera que esa actividad ilegal, a diferencia de la minería a gran escala, “sí contamina el medio ambiente y afecta la salud”.

Para mitigar la intromisión al lugar, la empresa se apoya con vigilancia a través de drones; con seguridad privada y con el apoyo de la Policía y militares.

“Hasta el momento no hemos militarizado el lugar”, puntualizó el gerente.

En cambio, en el proyecto Fruta del Norte hay mayor flexibilización con la actividad minera artesanal.

Nathan Monash, vicepresidente de Sostenibilidad de Negocios de Lundin Gold, que tiene la concesión de esa zona, comenta que sí se registra actividad informal en ese lugar. La estrategia para disipar esa actividad informal es la “coexistencia con mineros artesanales”.

Es decir, de observarse una invasión por habitantes de la zona, los funcionarios de la empresa buscarían un acuerdo para “coexistir”.

Pero en el caso de que los mineros provengan de otros lugares, Lundin Gold notificará a Arcom para que tramite los operativos respectivos de desalojo.

Hasta la fecha, esa empresa ha otorgado 16 operaciones artesanales en las concesiones que tiene.

Monash afirma que esas atribuciones son posibles en la etapa de exploración. Reconoce que por ley la empresa tiene el derecho de permitir la minería artesanal, pero no la pequeña minería.

Caso Loma Larga
El proyecto Loma Larga, en Azuay, comenzará a explotarse a finales de 2021 y está a cargo de la empresa INV Minerales. El gerente de esa empresa, Jorge Barreno, cuenta que poseen un plan para mitigar la minería ilegal.

Aunque no detalla números ni la fechas, Barreno sostiene que sí se han registrado casos de minería ilegal en esa zona. Para esos casos, la empresa se unió con la comunidad (trabajadores) y así poder sacar a esas personas de la concesión.

Además hay controles de campo, especialmente en el acceso a la mina. De ser necesario, ellos pedirán la ayuda de las fuerzas del orden.

“Hay gente que entró al lugar a probar si encuentra mineral”, subraya. 

En el primer trimestre de 2019, Arcom ha realizado 79 operativos de minería ilegal. El año pasado, en cambio, cumplió con 156 operativos, cifra que fue superior a la de 2017, que llegó a 118 casos. (I)