El Gobierno analiza opciones legales para revertir la orden del Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) para que el Estado pague $ 471,8 millones a la petrolera Perenco.

En el fallo también se establece que la compañía debe cancelar a Ecuador $ 60,7 millones por daños ambientales en los bloques 7 y 21 donde operó.

Íñigo Salvador, procurador general del Estado, recapituló los motivos de la demanda de Perenco y explicó las vías para apelar el laudo.

¿Por qué demandó Perenco al Estado ecuatoriano?
Ellos alegan que el Estado modificó los términos contractuales. Digamos que en general los contratos de participación en las utilidades establecen una participación de 25% el Estado y 75% la compañía. En 2006, con la Ley 42, se estableció un porcentaje paritario de 50-50.

En 2007 con el decreto 662 se cambia el porcentaje a 99% el Estado y 1% para la compañía. Frente a esto, en  2008 Perenco inicia la demanda porque esto contravendría el Tratado Bilateral para la Protección y Fomento de las Inversiones entre Francia y Ecuador. A esto se suma el acto de declaratoria de caducidad del contrato que el Tribunal concluyó que eso constituye un acto expropiatorio.

¿Cómo se calculan los montos?
El daño emergente, lo que pierde el inversionista por la inversión que hizo, y el lucro cesante, la utilidad que dejó de percibir sobre la base del contrato original. Es lo que el Tribunal determina que equivale a $ 471,8 millones. Reduciendo lo que debe pagar Perenco quedamos en una cifra global de $ 411 millones.

Perenco pidió más...
En 2015 solicitaron $ 1.572 millones y en 2016 bajaron a $ 1.423. Lo que se obtuvo, a pesar de que es un monto grueso y que pesa mucho sobre la economía nacional, es el 30% de la pretensión original de ellos. De modo que el trabajo de la Procuraduría en ese sentido ha sido eficiente.

¿Qué opciones legales tiene Ecuador para revertir el fallo?
La única vía legal que le queda a Ecuador para intentar revertir el pago sería una acción de nulidad planteada directamente ante un comité ad hoc del Ciadi. El Estado ecuatoriano tiene 120 días para presentar esta solicitud de anulación.

Las solicitudes de anulación, según el convenio Ciadi, solamente operan respecto a causales muy específicas. Estamos analizando el laudo, que es de 450 páginas, para ver si incurre en alguna de las causales de anulación.

¿Cuáles analizan?
De las cinco causales de anulación del artículo 52 del Ciadi, pondremos énfasis en tres: si el Tribunal se extralimitó manifiestamente en alguna de sus facultades, si quebrantó de forma grave alguna norma de procedimiento o si el laudo fue suficientemente motivado.

Las otras dos no quedan excluidas, pero son poco probables en esta etapa. Una es que el Tribunal se haya constituido incorrectamente, pero ya hubo un laudo sobre jurisdicción, de modo que el Tribunal ya determinó que está probablemente constituido adecuadamente.

Y la otra sería corrupción de algún miembro del Tribunal que no hemos detectado en lo que va del proceso; lo veo muy difícil en el futuro.

¿Hasta hacer el análisis qué pasa con el laudo?  
El plazo es de 120 días para presentar la anulación, pero en el ínterin es probable que Perenco intente ejecutar el laudo. Si llegamos a presentar la solicitud de anulación lo primero que haremos será pedir al Ciadi que suspenda los efectos del laudo.

¿Qué se hará si se mantienen los efectos del laudo pese a la solicitud de nulidad?
Entonces tendremos que pensar en las otras alternativas que son no procesales, por llamarlas así. Sería sentarse en una mesa con Perenco y tratar de llegar a una solución amistosa que tendrá que ver fundamentalmente con la forma de pagar el laudo porque ya teniendo ellos uno cuyos efectos -en el supuesto que hablamos- no se suspendieran, a Ecuador no le queda otra alternativa que pagar.

Yo me voy a reunir el martes con los ministros de Energía y de Economía y Finanzas para analizar esta situación. Analizaremos cómo abordar un eventual pago al momento que presentáramos la acción de anulación y esta no resultara exitosa para supender el laudo a favor de Perenco.

¿Se puede proponer un plan de pagos a largo plazo?
Creo que es lo único que se puede proponer porque ellos ya tienen un laudo. Si no buscamos una solución amistosa, ellos tratarán de ejecutar el laudo contra los activos que tenga el Estado en diversas jurisdicciones y eso sería grave. Por lo menos a través de una conversación se puede planificar y llegar a consensos de cómo y cuándo pagar.

¿Es viable revertir el fallo considerando que hemos enfrentado casos similares y tuvimos que pagar?
Cada arbitraje y laudo son distintos. De momento quisiera creer que tenemos alguna opción desde el punto de vista procesal al presentar una solicitud de anulación, pero si al final del análisis llegamos a la conclusión de que no procede, tendremos que sentarnos a hablar con Perenco.

¿Cuándo finalizará el análisis?
Al final de esta semana ya sabremos cómo procederemos.  

¿Ha habido acercamientos con Perenco para viabilizar el pago?
No. Todavía es muy temprano. Entiendo que en etapas anteriores del proceso hubo acercamientos que no fueron exitosos.

¿En total el país por cuánto ha indemnizado a petroleras?
El Estado ha sido demandado en 10 arbitrajes internacionales de inversión del sector petrolero, desde 2002 hasta 2018. El monto total solicitado por los inversionistas fue de $ 8.617 millones. Pero el monto total otorgado por los tribunales arbitrales fue de $ 1.706 millones. (I)