Incentivos fiscales: ¿son parte del (sin) sentido común?

Por Nicolás Oliva, Director del Centro de Estudios Fiscales del Servicio de Rentas Internas (SRI)

La sabiduría popular manda que un incentivo (económico o no económico) funciona siempre y cuando la recompensa asociada es entregada después de haber cumplido con el compromiso para el cual fue creado. Por ejemplo, un padre entrega un premio por buenas calificaciones a su hijo cuando muestra las calificaciones, no antes. Ningún padre entregará el premio antes de ver los resultados. De esta forma, el hijo tendrá los incentivos necesarios para esforzarse y cumplir lo acordado. Como este ejemplo hay cientos, tanto en las relaciones personales como en los incentivos del modelo capitalista (máxima en remuneración por productividad).

La aceptación universal de este principio hace que forme parte del sentido común y casi no amerita ser sometido (en condiciones normales) al escrutinio de ninguna teoría del comportamiento humano para confirmar su validez en la estructura de valores de la sociedad actual. Esta lógica que parece natural para todos no lo es para la teoría económica ortodoxa en materia tributaria. Los incentivos fiscales (reducciones, exoneraciones y/o deducciones de impuestos) deben ser entregados sin condición alguna al tejido empresarial, que al recibir el incentivo, automáticamente cambiará su comportamiento según lo que el Estado perseguía como política pública. A pesar de la debilidad conceptual, esta idea es altamente aceptada y es casi imposible desmentirla en el debate público. Como ocurre con la mayoría de visiones, creencias y verdades construidas por los que ostentan el poder, este principio ha perdido su capacidad de ser escrutado en el debate público. Es una idea anquilosada en el imaginario de la sociedad capitalista que sirve para determinados intereses y que atrás de su aparente verdad universal, esconde una profunda defensa al status quo.

Esta práctica que contradice al sentido común forma parte del credo empresarial en Ecuador. No solo contradice los valores básicos del capitalismo (de recompensa en función del esfuerzo), sino que en el terreno práctico se ha demostrado su ineficacia para alcanzar objetivos. Desde el inicio de la República, pasando por la Junta de Planificación de los años setenta, las leyes de promoción industrial basadas principalmente en incentivos fiscales sin condición, monitoreo o evaluación han sido la tónica de la política industrial en Ecuador.

Si para algo hemos sido eficientes ha sido para dar incentivos sin rendición de cuentas. ¿Por qué? Sin duda es la política más fácil y “eficiente” entregar la iniciativa a la empresa privada porque: (i) no demanda recursos públicos directos (indirectamente el Estado deja de recaudar ingentes cantidades de dinero, pero queda oculto el gasto porque no proviene del presupuesto de forma directa)  y (ii) si algo falla se puede culpar al Estado, a la economía, a los servidores públicos, o en extremo, hasta decir que no fue suficiente el estímulo, y que tal vez, se deba abrir más la llave de la exoneración de impuestos. No han existido políticas conexas, acompañamiento real a la pequeña empresa, que ha tenido que enfrentar sola la arremetida de los oligopolios de los grandes grupos económicos, que han devorado el festín de los incentivos fiscales. Históricamente, del banquete llamado incentivos fiscales solo se han beneficiado unos pocos y son los mismos que hoy buscan seguir reproduciendo ese modelo.  

¿Dónde están los resultados de décadas de incentivos fiscales?, ¿qué tejido empresarial se ha desarrollado como consecuencia de la reducción de impuestos sin compromisos de desempeño? No se está poniendo en el debate la eficacia misma de este tipo de políticas. Lo que este editorial pretende rebatir es la política de incentivos fiscales del laissez faire: sin condición, evaluación o cumplimiento de objetivos. Es evidente que nunca servirán si no son condicionados a objetivos específicos de cumplimiento, monitoreo y rendición de cuentas al país. ¡Estado controlador! será la réplica esperada por parte de aquellas élites que se han beneficiado por décadas de los incentivos a la carta.