¿Impuestos, para qué?

La teoría económica clásica reconocía como objetivos de la economía a la asignación, la distribución y la estabilización, según Richard Musgrave (1959). Sin embargo, en la medida en que un país acepta una intervención del Estado, más allá de un regulador de fallos o distorsiones del mercado, sus atribuciones son aún mayores, como redistribuir la riqueza.

Desde 2008, la política tributaria es dotada de mayores atribuciones y participación en la política pública. La Constitución, en su artículo 300, establece que se deberán priorizar a los impuestos directos sobre los indirectos, cumpliendo principios como la equidad, la redistribución, simplicidad y promoviendo la creación de empleo y las prácticas económicas, sociales y ambientales responsables. Claramente, se incluye a la política tributaria en la consecución de múltiples objetivos relacionados tanto al ámbito productivo, social, ambiental como macroeconómico. Se abre un nuevo espacio para los impuestos reguladores llamados también heterodoxos, una posibilidad hasta entonces inexistente.

La nueva política tributaria heterodoxa no persigue como fin primario la recaudación, sino que se articula como instrumento de apoyo en la consecución de objetivos económicos, previstos en la planificación estatal.

Los impuestos heterodoxos apoyan por ejemplo la regulación financiera y la estabilización de la balanza de pagos, condiciones importantes para una economía dolarizada. Esto es posible con tributos como el Impuesto a la Salida de Divisas y el Impuesto a los Activos al Exterior. Además, es posible inscribirse en la lucha contra el tabaquismo y el alcoholismo con impuestos a los consumos específicos. La política tributaria puede también perseguir fines ambientales mediante impuestos redimibles a las botellas plásticas y a la contaminación vehicular. Es posible, incluso, promover la sustitución de energías contaminantes y más caras como el gas por la energía eléctrica, mediante un impuesto a los consumos específicos.

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) tiene tres finalidades: gravar el consumo de bienes que afectan la salud como los cigarrillos y el alcohol, bebidas gaseosas, cerveza; gravar el consumo de bienes suntuarios con fines redistributivos, como vehículos de lujo, yates, aeronaves, membresías en clubes sociales; e incentivar el ahorro de energía, gravando a los focos incandescentes y a las cocinas a gas.

En el ámbito medioambiental se crearon el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular y el Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas, con objetivos claros: incentivar el cambio del parque automotor del país por vehículos menos contaminantes y reducir la cantidad de botellas PET en el medio ambiente. Este último tiene, además, un interés social de mejora de las condiciones de vida de un grupo vulnerable como los recolectores de basura.

En relación a la política macroeconómica, el Impuesto a la Salida de Divisas apoya los objetivos macroeconómicos de evitar un desequilibrio de la balanza de pagos -saldo de los ingresos del exterior (por exportaciones de productos ecuatorianos) y las salidas hacia el resto del mundo (importaciones del país, pagos al exterior, depósitos en bancos extranjeros, entre otros)-. Este desequilibrio es más complicado cuando la fuente de recursos para una economía dolarizada como la nuestra no puede crear su propia moneda y requiere de la entrada de divisas para mantener la liquidez de su economía.

Entonces, es factible y necesario replicar a quienes afirman que en Ecuador se crean los impuestos porque se requieren más recursos para el presupuesto estatal. Si por una vez salimos de la visión sectorial y reducida en la que las políticas públicas son independientes, aisladas y desarticuladas, podríamos llegar a la respuesta. Por supuesto que los impuestos pueden inscribirse en esas políticas y su fin primordial no será el de recaudar. ¡Que reflexionen los incrédulos!