Grupos económicos se concentran en Pichincha, Guayas y Azuay

Banco Pichincha, OCP, Corporación Favorita, Almacenes Juan Eljuri y Claro, conforman los 5 mayores grupos económicos del país, según un informe del Servicio de Rentas Internas (SRI), publicado la semana pasada. Juntos tuvieron ingresos netos por más de $ 10.000 millones con un Impuesto a la Renta (IR), causado de $ 387’196.858,52.

En su informe, el organismo de recaudación tributaria también generó un catastro de los 125 grupos.  La mayoría (46 compañías) se encuentra en Pichincha, le sigue Guayas (41) y Azuay (10). El resto está distribuido en Manabí, Tungurahua, Loja e Imbabura.

La provincia austral tuvo un importante crecimiento en los últimos años, al pasar de 2 compañías en 2007 a 10 en 2015, aunque solo una de ellas, Almacenes Juan Eljuri, entra en el top 5.

En igual período, Pichincha pasó de 5 a 46 grupos, y Guayas de 9 a 41. Manabí pasó de apenas 1 en 2008 a 9 este año.

Entre los representantes azuayos, destacan en el listado del SRI, Importadora Tomebamba, en la posición 26; Gerardo Ortiz, en la 30; Graiman, en la 55; Consensocorp, en la 39 y Plásticos Rival, en la 104.

Rodrigo Mendieta, experto en desarrollo territorial y profesor de la Universidad de Cuenca, destacó el buen desempeño de Azuay.

A su criterio esto se debe a la tradicional vocación manufacturera e industrial de la zona.

Opinó, además, que el crecimiento de los grupos azuayos está asociado a factores como la exportación, que hace que estos “halen” la economía local. También entran en juego temas regionales, como el crecimiento de los sectores turístico e inmobiliario y el envío de remesas.

Sin embargo, a criterio del investigador, el hecho de que casi la totalidad de los conglomerados se concentre en 3 provincias revela la polarización económica que existe en el país.

“La polarización tiene connotación negativa siempre que signifique aislamiento económico para el resto de localidades”, apuntó.

Mendieta trabaja actualmente en una investigación de la que -añadió- se desprende la falta de “permeabilidad de la riqueza generada en las provincias.  “El desarrollo ocurre en zonas específicas pero no se transmite a los cantones o provincias cercanos. Por ejemplo, crecen las empresas en Azuay, pero qué ocurre con Cañar”, se preguntó.

En tal sentido aseguró que existe un problema de tipo estructural en el desarrollo económico territorial.

Recordó finalmente que tales asimetrías son comunes en América Latina, mas no en países como Estados Unidos en donde los estados no tienen diferencias tan marcadas.

“La mala distribución de los ingresos o inequidades sociales trae problemas, principalmente en  Quito y Guayaquil, pues genera migración desde las provincias, parroquias y cantones más pobres lo que, a su vez, genera problemas urbanísticos y falta de cobertura de servicios”, apuntó.

Opinó que el Gobierno debe hacer un esfuerzo para generar políticas de desarrollo territorial, tomando en cuenta las capacidades productivas de las regiones.

Negocios que se diversifican

El artículo 5 del Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno  define como grupo económico un conjunto de partes formadas por personas naturales y sociedades, tanto nacionales como extranjeras, y en las que una o varias de ellas posean directa o indirectamente el 40% o más de la participación accionaria.

De Banco Pichincha se desprenden otras empresas como Diners Club, Banco Rumiñahui, Banco de Loja, Interdin y Credi Fe. De Corporación Favorita, Supermaxi, Megamaxi, Juguetón, Akí, Kiwi, Sukasa, entre otros. Y Juan Eljuri incluye   Neohyundai, Aymesa, Aekia, Quito Motors Metrocar y Kerámikos.

En términos generales, según el analista Fidel Márquez, estos conglomerados “no son malos”, por el contrario, aportan a la economía de los países por su capacidad de generar empleo, por ejemplo, sin embargo, en algunos casos pueden configurar comportamientos monopólicos, ya que llegan a ramificar de tal manera que complementan su actividad principal con la de las otras empresas capturando el mercado.

“Por ejemplo, si yo tengo una empresa constructora, puedo abrir una de materiales de construcción o una financiera de tal manera que yo mismo me hago préstamos, o una auditora para controlarme”, indicó Márquez.

No obstante, recordó que este comportamiento depende exclusivamente de la ética de cada empresa y el control que ejerza el Estado.

En 2011 se expidió la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, cuyo objetivo es prevenir las prácticas restrictivas y la  concentración económica. También buscar la eficiencia en los mercados y el comercio justo, esto en concordancia con el artículo 5 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.

A través de esta ley, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM) viabilizó la emisión de manuales de buenas prácticas para supermercados que se encuentra en vigencia. Bajo análisis están las de farmacias y compras de vehículos.

Márquez sugirió que los grupos económicos pueden alcanzar un mayor impacto económico a través de procesos de asociatividad con actores económicos pequeños, como  los de la Economía Popular y Solidaria. (I)