El fondo común de la Ley Amazónica, que en mayo cumple un año de su aprobación, ya cuenta al momento con $ 44’568.075 para los proyectos de desarrollo de la región.

Ese fondo es administrado por la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA), que fue creada por la ley para reemplazar al Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (Ecorae).  

La ley establece que del monto total de esa cuenta, el 30% se debe destinar a proyectos en áreas de influencia directa en zonas donde haya extracción minera, petrolera e hidroeléctricas. En cambio, el restante (70%) se encaminará en proyectos de interés y de cobertura regional.

Las primeras asignaciones que llegaron a esa institución se registraron el 19 de febrero pasado y provienen de las utilidades de las empresas privadas nacionales y extranjeras que realizan actividades petroleras y así como de las hidroeléctricas.

Entre ellas destacan los montos de las utilidades de Hidro Alto, Hidro Victoria, Central Hidroeléctrica Loreto, Hidro San Bartolo (...). Además, la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) tiene un monto por pagar, que es el dinero producto de su superávit. No se detalló el monto que debe abonar al fondo común.

Mientras se asignan mas recursos a ese fondo, el Consejo de Planificación y Desarrollo de la secretaría técnica revisa los proyectos solicitados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, por organizaciones, por entidades del Estado y otros.

Así lo señaló a El Telégrafo, la secretaria de la CTEA, Julia Landázuri, quien reconoció que con base a la norma vigente se seleccionarán los proyectos para la región.

Las solicitudes que sean aprobadas pasarán al “banco de proyectos” de la secretaría técnica, quien entregará posteriormente, los recursos financieros de forma directa.

Hay otro fondo para la región

Por la misma legislación se creó el Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico, que es el espacio donde llegarán los réditos de la venta del petróleo a nivel nacional e internacional.

En esa norma se estableció que por cada barril comercializado por Petroecuador el fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico recibirá $ 2 (antes era de $ 1).

Estos recursos que son depositados en el Banco Central se destinarán, por ejemplo, a proyectos de agua potable, alcantarillado y vialidad. Pero esos recursos financieros todavía no son utilizados y no pueden entregarse a ese fondo.

Así lo afirmaron dos asambleístas amazónicos como Raúl Tello y Carlos Viteri, del Bloque de Integración Nacional (BIN) y de Revolución Ciudadana, respectivamente. Ellos consideran que esa anomalía se genera porque el Ejecutivo todavía no realiza el reglamento general para la aplicación total de la ley.

Con esa idea también concuerda Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos no Renovables, que en su última comparecencia a la Asamblea Nacional, afirmó que el Ejecutivo emitirá en los próximos días ese reglamento.

Al mismo tiempo destacó que el Gobierno entregó fondos en los últimos dos años para la región por concepto de la comercialización del crudo. En 2017 el Ejecutivo asignó $ 189’918.000 y en 2019 $ 187’553.000.

Las nuevas autoridades seccionales de esa región, electas el pasado 24 de marzo, esperan que con ese reglamento puedan recibir el dinero para invertir en proyectos productivos. Entre ellos está Amado Chávez, nuevo prefecto de Sucumbíos. Él reconoció que esos fondos ayudarán a suplir las carencias económicas.

Recordó que la provincia debería recibir una infinidad de recursos debido a que allí se extraen al día, cerca de 500.000 barriles. (I)