Cambios en el cálculo de la deuda pública, armonización de los sueldos de los empleados públicos con los del sector privado y actualización de las tarifas de los servicios que prestan las entidades públicas son algunas de las múltiples acciones que el Gobierno implementará en lo que resta del año.

Son parte de la Carta de Intención con la que Ecuador solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) financiamiento presupuestario temporal por $ 4.200 millones.

El documento de 18 páginas fue suscrito por Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, y Verónica Artola, gerente del Banco Central del Ecuador (BCE).

Data del 1 de marzo de 2019 y está dirigido a Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario. El Gobierno liberó este jueves 21 de marzo el contenido de la Carta de Intención. En ella se exponen los plazos de las metas estructurales previstas y se detallan aspectos previamente anunciados, como reformas  tributarias y laborales.

INFOGRAFÍA

Con el afán de seguir reduciendo el déficit fiscal, por el reajuste de la masa salarial del sector público solo se renovará uno de cada dos contratos que expiren en los sectores no sociales y se armonizarán los sueldos con los del sector privado.

Martínez explicó el miércoles en la Asamblea Nacional que en el Presupuesto General del Estado se estableció una reducción de gasto por pago a personal de $ 350 millones. Sin embargo, con el Plan de Prosperidad se suma un recorte de $ 150 millones adicionales.

La optimización de los subsidios a los combustibles se concentrará en la normalización de los precios del diésel de uso industrial.

Las tarifas de los servicios de entes públicos se actualizarán para que reflejen “con mayor exactitud” los costos y mercados a los que atienden.

Ciertos bienes del Estado seguirán siendo de propiedad pública, pero sus derechos de concesión pasarán a manos de socios privados. Alrededor de $ 800.000 se espera que rinda la monetización de activos en 2019.

Con los ahorros e ingresos de las medidas se garantizará  el aumento del gasto social. A través del Plan Toda Una Vida se asegurará el acceso a salud, educación y vivienda.

En cuanto al manejo de la deuda pública, para finales de junio se revisará la Ley de Fomento Productivo y las regulaciones afines “para asegurar que la deuda pública sea definida con precisión y medida sobre una base consolidada”, siguiendo estándares internacionales.

A finales de abril se publicará un plan de acción para el fortalecimiento de la administración pública financiera y para junio se remitirá a la Asamblea Nacional un proyecto de ley con reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Para concretar la autonomía y las nuevas funciones del Banco Central, en mayo se entregará una revisión del marco legal que rige a la entidad, y para septiembre se presentarán cambios legislativos al Código Orgánico Monetario y Financiero.  

El Central seguirá teniendo potestad para ofrecer apoyo de liquidez temporal a los bancos públicos.  

En octubre aparecerá la reforma tributaria. El proyecto de ley que se enviará a la Asamblea reflejará una actualización al sistema actual, será más equitativo y simple.

Se suprimirán exenciones tributarias no justificadas y preferencias que hoy benefician a los segmentos más ricos de la población. Paulatinamente se eliminarán impuestos distorsionantes vinculados con el volumen de los negocios y las transferencias al exterior.

En días pasados el ministro Martínez señaló que el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) está en análisis.

En materia laboral se harán modificaciones que contribuyan a reducir los índices de informalidad, especialmente en mujeres y jóvenes. Se retirarán “cuidadosamente” restricciones y costos relacionados a la contratación de personal; a su vez, se generarán incentivos para la creación de empleos y crecimiento de pequeñas y medianas empresas.

La Carta de Intención menciona aspectos adicionales en materia de intermediación financiera, banca privada, combate a la corrupción y más.

Para el 15 de junio, o después, se prevé que el FMI haga la primera revisión al plan propuesto por Ecuador; la segunda será en septiembre y la tercera en diciembre.

El monitoreo será con base a criterios de rendimiento, metas indicativas y estructurales. En los siguientes días las autoridades expliquen las medidas. (I)