Corregir ilegalidades, blindar la autonomía de la seguridad social y evitar concentrar muchos poderes en el Ministerio de Economía y Finanzas son algunos de los cambios que se hicieron al proyecto de Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas.

Así lo destaca Daniel Mendoza, presidente de la Comisión de Régimen Económico. El viernes se realizará el primer debate de este proyecto y el legislador conversó con este diario sobre las propuestas de la mesa.

¿Cuáles fueron los principales cambios que se hicieron al proyecto?

Hubo dos nudos críticos. Uno fue el de la autonomía de la seguridad social y de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

En la clasificación de la administración central se pretendía incluir a estas entidades en el sector público no financiero. La Constitución habla de cómo se conforma el Presupuesto General del Estado (PGE) y la excepción que existe para estas instituciones, la banca pública y las empresas públicas. Era un riesgo la posibilidad de que los fondos de la seguridad social sean incorporados en el PGE, lo que atentaba su autonomía. Esto se eliminó.

¿Cuál fue el otro nudo crítico?

El de dar superpoderes al Ministerio de Finanzas. Aparentemente se buscaba tener una institución que certificara la disponibilidad de fondos, planificara el territorio, priorizara la obra pública, definiera los anticipos a las contrataciones y prácticamente hasta sancionara a las entidades contratantes. Todo eso se contrapone a una serie de normas y leyes que tienen otras instituciones. Recibimos la alerta de la Contraloría General del Estado (CGE) indicando que el Ministerio no puede ser juez y parte. Se tiene un ente planificador que tiene que planificar en base a lo que se certifica de presupuesto.

¿Por eso eliminó el art 6?  

Sí y el artículo 47 y se perfeccionaron otros textos. La conformación del Comité Nacional de Coordinación Fiscal, por ejemplo, estaba inicialmente planteada con 7 integrantes y en la mesa se decidió que fueran 11. Se incorporaron un representante de la Asamblea, tres de la seguridad social y tres de los GAD. Eso da un contrapeso a esa intención de tener mayoría en ese Comité.

¿Por qué se incorporó la necesidad de tener un informe de la CGE antes de cualquier operación de deuda pública?

El endeudamiento público desmedido, irresponsable e indolente le ha hecho mucho daño al Ecuador. Siempre tener el “ok” de la entidad de control máxima para poder asumir ese tipo de endeudamiento es acertado.

Entre los artículos a los que no se llegó a un consenso en la mesa está el que elimina el artículo 124 del código actual...

No se llegó a un acuerdo pero sí se aprobó el artículo 41 que terminó siendo el 40. Este engloba las nuevas reglas fiscales que sustituyen a las actuales de los artículos 81, 124 y el 125. Por lo tanto sí se justifica la eliminación, pero no se logró comprender en ese momento.

Pero este artículo además de poner un límite a la deuda pública del 40% del PIB, también plantea que cuando se necesite superar este techo se requiera aprobación de la Asamblea. 

Hemos garantizado que no se reforme del PGE sin pasar por el órgano de control.

¿Por qué reemplazar los certificados del tesoro por notas del tesoro?

Para prohibirle al Banco Central del Ecuador (BCE)  la compra de estos documentos. Se busca blindar que no se utilicen bajo ningún concepto los recursos o la reserva del BCE como caja chica del Gobierno. Pero si se debe establecer una excepción para que el BCE pueda inyectar liquidez a través de las notas a la economía, no necesariamente al Estado, sino a través de créditos subrogados con entidades financieras para que den créditos más baratos en épocas de crisis. 

¿Qué medidas se tomaron para enfrentar la volatilidad del precio del petróleo?

Se establece un fondo de contingencia. Cuánto nos hubieran ayudado ahora. Hoy todos reconocemos su importancia. Esta ley es un paso más para decirle al mundo que queremos ser responsables con el manejo de los fondos públicos. (I)