Evaluar los riesgos es una prioridad

Trinipuerto recibe en promedio a unos 50 buques por año. Apenas hace dos exportaciones en ese lapso, pero en cambio recibe mucho trigo, soya, fertilizantes, urea y otros.

Para John Guadalupe, encargado de la protección de las instalaciones, el nivel de riesgo es mínimo. Su experiencia en la implementación del código es amplia, ya que participó en todo ese proceso cuando laboraba en Autoridad Portuaria de Guayaquil y luego en la recalificación a la que se debió someter cuando pasó a manos del concesionario Contecón.

No obstante, tiene claro que desde que se convirtió en una exigencia el PBIP mejoraron las condiciones de seguridad en todas las terminales del país. “Para los responsables de un puerto marítimo o fluvial lo más importante es evaluar los posibles riesgos”, sostuvo. Añadió que cada año cambian las amenazas y por ello hay un plan para actualizar y tomar medidas en función de eso. “Todos los puertos hacemos lo mismo. Unos debemos considerar más aspectos y otros menos”, reveló.

Guadalupe recordó que el Decreto Presidencial 1.111 es el que dispuso la implementación del código como una política de Estado. “Tras eso apareció una resolución en la que se indicó que era obligatorio para todos los puertos públicos y privados, para las plataformas mar adentro y para los buques que arriben al país”.

Actualmente es la Secretaría de Protección Marítima (Seprom) la encargada de velar y auditar a todas las terminales marítimas y fluviales autorizadas por la Dirección de Espacios Acuáticos para que cumplan con la certificación. A más del PBIP existe otra, la BASC, que es emitida por una organización no gubernamental anticontrabando. E

sta última también demanda una serie de medidas de protección y de seguridad en todos los niveles de gestión de los operadores del comercio ecuatoriano. Permanentemente evalúa las prácticas de cada empresa y, en caso de incumplimientos, se podría perder la certificación.