Guayaquil-Quito.-

El 0,24% de la población económicamente activa de Ecuador, es decir 16.870 trabajadores, recibe utilidades superiores a $ 8.160, afirmó ayer el ministro de Relaciones Laborales (MRL), Carlos Marx Carrasco, durante un evento de la entidad en Quito.

El monto equivale a 24 salarios básicos unificados (SBU) y es el techo propuesto por el Gobierno como parte de las reformas al Código Laboral, presentadas el sábado, para recibir este beneficio.

Carrasco señaló que el excedente que tengan las empresas —una vez aprobadas las reformas— sería entregado al régimen de prestaciones solidarias de la Seguridad Social para financiar las pensiones jubilares de amas de casa y trabajadores autónomos.

El presidente Rafael Correa dijo el sábado, en Guayaquil, que la propuesta está dirigida a terminar con las inequidades dentro de la clase trabajadora, y recordó que hasta 1995 las utilidades en el país tuvieron límites, pero que, en vista de que pocos empresarios declararon utilidades en los años siguientes, “creemos que es razonable poner nuevamente un límite”.

El dirigente sindical de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), Nelson Erazo, comentó que al menos 100 empresas ecuatorianas no dan utilidades a sus empleados, pero no precisó nombres.

Sin embargo, las empresas que mayores utilidades generan son Conecel, Corporación Favorita, Cervecería Nacional, Andes Petroleum, Otecel, Holcim del Ecuador, Hidalgo e Hidalgo Constructores, Halliburton Latin America, Lafarge y General Motors, según la revista especializada Ekos. Juntas superan los $ 280 millones al año.

Un ejecutivo de Corporación Favorita (CF), quien pidió mantener su nombre en reserva, dijo ayer que es pronto para emitir una opinión respecto a la reforma planteada. “Estamos por analizar al interior de la corporación las implicaciones del anuncio que el Presidente dio el sábado”, comentó vía correo electrónico.

En la Corporación hay 8.500 colaboradores y en 2013 recibieron utilidades por casi $ 4 mil más el proporcional por cargas familiares.

En tanto, voceros de los trabajadores de Conecel (Claro) tenían previsto reunirse ayer con miembros de la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional. Este año los colaboradores percibieron utilidades por $ 15 mil más el proporcional por cargas familiares, informó uno de los empleados.
Diversas posturas  

El artículo 97 del Código de Trabajo vigente señala: “El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el 15% de las utilidades líquidas”, lo que a criterio de Erazo no se cumplirá en caso de aprobarse los cambios. Para el dirigente, esto no afectará a los empresarios, sino a los trabajadores, pues se limita lo que van a recibir.

“Sería diferente que del 85% de utilidades que se llevan las empresas se diga que hay que darles el 30% a los trabajadores autónomos”, señaló.

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), Juan Carlos Díaz-Granados, consideró que, si bien Ecuador es uno de los pocos países donde se cumple con este derecho y los trabajadores tienen mayores garantías, se trata de una solución parche para la falta de acceso a la Seguridad Social.

“El Gobierno deberá fomentar que las empresas crezcan”, dijo tras afirmar que el libre mercado hace que haya más empleo y que más personas puedan afiliarse.  

El Código de Trabajo actual establece que las empresas deben reconocer el 15% de sus utilidades a empleados.

La propuesta de reforma afectaría al 0,24% de trabajadores, aseguró ayer Carlos Marx Carrasco.

DATOS

Se estima que las amas de casa aportan con su trabajo diario con cerca del 15% del PIB del país. Los trabajadores autónomos llegan a más de 2 millones.

Las 10 empresas más grandes del país, según el ranking publicado el mes pasado por la Superintendencia de Compañías, acumulan utilidades netas por al menos $ 1.426 millones.

Otra de las reformas que propone el Gobierno y se analizarán en la Asamblea es que las empresas que paguen con retraso este beneficio a los trabajadores deberán cancelarlo con intereses.

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), Juan Carlos Díaz-Granados, considera que una de las soluciones para optimizar el acceso a la Seguridad Social es que haya más compañías privadas compitiendo en el mercado.