El pasado 5 de octubre, el gobierno de Ollanta Humala concretó el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) luego de 4 años de negociaciones conjuntas con otros 12 países.

El consenso, impulsado desde Washington, no tendrá que pasar por la autorización del Congreso peruano para activarse, y de acuerdo a varios analistas económicos, diseñará reglas globales para el comercio transfronterizo en pleno siglo XXI. Las empresas estatales y privadas cobran, bajo este contexto, una importancia mayor en cuanto a la circulación de bienes y servicios ofrecidos dentro y fuera de sus localidades de origen.

Este acuerdo incluye en su marco de participación a dos pesos pesados: Estados Unidos y Japón; y se calcula que el total del dinero que se movería representará cerca del 40% de toda la economía global.

Las negociaciones, que han derivado en un documento que será revelado recién el próximo 5 de noviembre, tomaron como base el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre Perú y Estados Unidos. Los temas sensibles como las normas ambientales y los derechos laborales se incluyen dentro de este texto.

En Perú, el ente encargado del acuerdo fue el Ejecutivo. Los ministros de Economía, Ambiente, Comercio Exterior y Turismo, delegados por Humala, han seguido el avance y los detalles de la negociación. Ese rol, sin embargo, es visto como el principal indicador de desconfianza. Los opositores a la firma del documento resaltan el secretismo bajo el que se discutieron los tópicos referentes a la propiedad intelectual o protección de patentes.

DATOS

En la actualidad, la minera Ronco acusa al Estado peruano de no brindar las facilidades necesarias para la explotación en la Oroya, una de las 10 regiones más contaminadas del mundo.   

La causa, ventilada en la justicia norteamericana, podría terminar con el pago por parte de Perú, no solo del monto invertido, sino también de lo que Ronco calculó se obtendría una vez empezada la extracción.           

En Perú también se observa la necesidad de los Estados Unidos de tomar acciones geopolíticas para frenar el avance económico de China, país no incluido en el TPP e intentar ganar terreno en medio de las economías emergentes.        

El acuerdo transpacífico abarca el 40% del PIB Mundial. La mayoría de los países que han negociado el TPP son los mismos que han firmado un acuerdo global en 1994, pero con el nuevo compromiso se suavizan las regulaciones entre las empresas y el Estado. Lo único que se conoce de las líneas rectoras que guiarán el TPP, una vez entre en vigencia en 2028, ha llegado a través de filtraciones de difundidas por WikiLeaks. A partir de estas se sabe, por ejemplo, que la posición de Perú, a lo largo de toda la negociación, ha sido siempre la de votar a favor de las modificaciones que Estados Unidos exigía para el acuerdo, a difrencia de países como Chile, uno de los pocos en presentar críticas e inconformidades frente a algunas cláusulas.

La reacción de los representantes del Ejecutivo ha sido inmediata. Magali Silva, ministra de Comercio Exterior y Turismo, dijo esta semana que en todo momento los productores y exportadores del país estuvieron informados de los detalles del acuerdo. Y negó que haya pactos que superen los límites establecidos por el marco referencial del TLC.    

Pero esas declaraciones no han detenido la ola creciente de críticas.

Actores políticos, académicos y comunicacionales expresaron sus inquietudes frente a lo que califican como un acuerdo que pone en peligro la vida de miles de peruanos.

Sus argumentos se basan en el debate sobre patentes químicas y biológicas que ha contemplado el TPP, y su efecto inmediato en la oferta y costo de las medicinas.

La Red Peruana por una Globalización con Equidad, empeñada en la difusión de datos reales alrededor de las negociaciones, ve la posibilidad de que este consenso abra la puerta para el fortalecimiento de monopolios farmacéuticos. De acuerdo a un reciente informe emitido por sus miembros, en Perú se protegerán por 10 años las patentes biológicas, sin que esto impida que, de recurrir a la ley, ese tiempo se pueda prolongar, cerrando la posibilidad de que un medicamento sea producido de forma genérica.

El resultado inmediato será la concentración de propiedad en un solo laboratorio capaz de disponer el precio y el abastecimiento de una determinada medicina.   

Las mismas críticas y sospechas surgen desde el terreno de propiedad intelectual. De acuerdo a los documentos revelados por WikiLeaks, las normas contempladas para el uso de software dejan en manos de las empresas proveedoras de internet la posibilidad de revisar los datos personales de todos sus usuarios. Si alguno de ellos es acusado de descargar ilegalmente contenidos sometidos a derecho de autor podría ser sancionado, incluso, con su expulsión total de cualquier forma de navegación en el ciberespacio.

Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, de paso por Lima la semana pasada, mencionó, en una carta dirigida a Ollanta Humala, el peligro que atañe para Perú ingresar a un tratado de esta dimensión. Las justificaciones de su preocupación estaban emparentadas con las modificaciones a la ley de los países en los que rija el TPP. Esas enmiendas, dijo, estarán únicamente orientadas a la satisfacción y beneficio de las empresas transnacionales.

Para el economista norteamericano, el TPP representa la desterritorialización de la justicia y, por esa vía, el peligro de moldearla al tamaño de la explotación ambiental y laboral. (I)