En 4 años el Estado compró medicinas a 5 farmacéuticas locales por $ 671 millones

La adquisición de 414 tipos de medicamentos para la Red Pública de Salud, a través de una subasta inversa, genera posiciones encontradas.

Los representantes de la industria farmacéutica local aseguran que el proceso les perjudica, que los pone en desventaja frente a ofertantes externos, que la dinámica de la subasta no brinda garantías sobre la calidad de los productos que ofertarían los participantes del exterior, e incluso advierten de un supuesto riesgo para las plazas de trabajo del sector. Las autoridades del Estado inmersas en el tema responden que la situación no es así.

Santiago Vásquez, director del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), entidad responsable de llevar a cabo la adquisición del medicamento, y Carina Vance, ministra de Salud Pública, sostienen que la subasta inversa busca obtener productos de alta calidad a los precios más bajos.

De ahí que, a diferencia del proceso que se efectuó en 2011, ahora se hizo un llamado abierto en todo el mundo. Uno de los elementos que más se consideran es el Valor Agregado Ecuatoriano (VAE) que muestren las empresas participantes.

Según el Sercop, el VAE es el porcentaje que se obtiene de la relación entre el consumo intermedio de componente nacional respecto al valor de la producción.

En ese sentido se han establecido umbrales de VAE que debe cumplir una oferta a fin de que ésta sea considerada ecuatoriana y acceda a las preferencias detalladas en la normativa vigente.

Vance comentó que en la primera experiencia en realidad no se desarrolló como una subasta, sino más bien como una compra directa, porque de varios oferentes, al final solo se presentó uno.

“Alrededor del 60% de los procesos no se dieron por subasta, se dieron por negociación directa, es decir, hubo un proveedor (de varios) que participó, lo otros por algún motivo que no conocemos no lo hiceron. Entonces eso ya no es una subasta”, reconoció.

“En este caso (el actual proceso) hemos incrementado la participación en la subasta”, añadió Vásquez.

Ecuador es el único país de Suramérica que implementa este sistema. Una experiencia similar existe desde hace ocho años en países de Centroamérica, donde compran sus medicinas de forma aglutinada y tienen ahorros de hasta el 80%.

Información proporcionada por el Sercop señala que la compra pública de medicamentos en el período 2011-2014 sumó $ 671 millones: $ 124 millones  mediante subasta inversa (18%) y  $ 547 millones a través del repertorio de medicamentos (82%).

El monto anterior fue repartido entre las 5 principales farmacéuticas nacionales, aunque sus niveles de VAE son bajos (ver infografía).

La adquisición de medicinas en 2014 a través de la contratación pública nacional representó el 2% y el 0,5% del Presupuesto General del Estado (PGE).

Ahora el nuevo lote de medicamentos se adquirirá por un monto aproximado de $ 450 millones. Representantes de la industria farmacéutica local critican que en la subasta actual quienes oferten no tendrán que justificar domicilio en el país.

Vásquez recuerda que “para poder firmar un contrato con el Estado se debe tener un representante legal en el país o un domicilio fiscal”.

Dijo que en la subasta de 2011 el mecanismo de calificación de proveedores fue manual. Los postulantes tuvieron que presentar una abultada carpeta de documentos, lo cual obligó la compra de un galpón para la revisión.

“Tenemos que hacer contratos que sean objetivos y transparentes. Eliminar la subjetividad. Hacemos un proceso electrónico en donde los proveedores se adhieren a los términos y condiciones”, detalló.

Habrá controles

Los controles de verificación se realizarán bajo la modalidad expost, es decir que los organismos competentes comprobarán en percha si la información proporcionada por el proveedor coincide con las características del producto.

Si durante el proceso se descubre que un ofertante no cumple con lo que ofreció para ganar la subasta el Estado aplicará las sanciones correspondientes de acuerdo a la ley.

Vásquez puntualiza que el proveedor que faltare a su palabra, en este caso que presente irregularidades e incoherencias, es declarado contratista incumplido y pierde la oportunidad de concretar futuras compras públicas con el Estado ecuatoriano.

El titular del Sercop comunicó que la subasta será supervisada por colectivos ciudadanos, representantes del Gobierno, académicos y delegados de la industria.

Para ello se implementaron sendos consejos consultivos en Quito, Guayaquil y Cuenca conformados por más de 400 personas. También participan los comités de usuarios del Ministerio de Salud Pública y los consejos de igualdad.

Por otra parte, los términos de referencia del actual proceso son examinados por la Red de Observatorios de las Universidades.

Asociación de Laboratorios critica proceso

El presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (ALFE), Renato Carló, considera que esta adquisición de medicamentos podría resultar perjudicial para la salud de los ciudadanos,  si se mantienen los parámetros actuales.

Argumentó que al no solicitar registro sanitario como requisito inicial, se corre el riesgo de adquirir medicamento de mala calidad.

En días pasados, Eduardo Egas, ministro de Industrias y Productividad, aclaró que las empresas que despunten como posibles ganadores  tendrán un tiempo prudencial para justificar su oferta.

En referencia a los márgenes  preferenciales para la industria doméstica, mencionados semanas atrás por Nathalie Cely, ministra Coordinadora de la Producción, Empleo y Competitividad, y por  Egas, quienes apuntaban a que se establecerían rangos de entre el 15% y 20%, Carló informó que aún no se esclarece cómo serían dichas ventajas.

En los próximos días representantes de empresas farmacéuticas mantendrían un encuentro con autoridades del Gobierno para abordar el tema.

Carló calificó de “absurda” la exigencia del Valor Agregado Ecuatoriano. Asegura que el VAB se puede exigir siempre y cuando se trate de industrias básicas.

“Todas las industrias, en un 90% en el Ecuador son intermedias, nos abastecemos de medicinas adquiridas en el exterior, le damos un valor agregado y salimos a la venta en el mercado”, explicó el empresario.

Según información de la ALFE, la industria nacional genera alrededor de 100.000 plazas de trabajo de manera directa a indirecta. (I)

Datos

Como parte del cambio de matriz productiva el sector farmacéutico propuso el año pasado al Gobierno sustituir el 30% de las importaciones.

Otra de las sugerencias era participar al menos en el 50% en el mercado institucional y 20% en el mercado privado. También invertir el 10% de las ventas anuales en mejoras tecnológicas y de capacidad.

Según un informe de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (ALFE) del año pasado los contratos con el Estado fortalecen las empresas y fomentan la modernización de las plantas. En los 4 años anteriores la industria invirtió un total de $ 90 millones.

De acuerdo con este documento, los laboratorios han identificado al menos 95 principios activos que están en capacidad de sustituir en el corto plazo y que equivalen al 15% de las importaciones totales del mercado privado.