En 2015 la compra de medicamentos a través de Sercop ahorró $ 300 millones

El Estado ecuatoriano garantiza, a través de la Constitución promulgada en 2008, el derecho de la ciudadanía a un sistema de salud eficiente y al acceso oportuno a medicamentos de calidad, seguros y eficaces.

En ese marco, la Red Pública Integral de Salud (RPIS) y el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) desarrollaron la subasta pública de medicamentos que garantiza la provisión de fármacos en todas las unidades de salud pública del país.

Entre los medicamentos que ya han sido adjudicados constan aquellos que son parte del Cuadro Nacional Básico de Medicamentos (CNBM), de los cuales el 30% están destinados al tratamiento de enfermedades catastróficas.

Según Verónica Espinosa, ministra de Salud Pública, los medicamentos del CNBM abarcan el tratamiento del 98% de enfermedades existentes en el país y se trabaja en otros procesos para contar con los otros fármacos. “Solo desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) se han invertido 318 millones de dólares en el tratamiento de estas enfermedades, 14% más que el año anterior”, apuntó.

Para Xavier Córdova, presidente de la Fundación Ecuatoriana de Hemofilia (Fundhec), la atención y cobertura que actualmente presta el sistema de salud pública del país a los pacientes es una tranquilidad. “Los hospitales y centros de salud están abastecidos en todo el país, eso nos garantiza un acceso oportuno y constante a los medicamentos que nos resultan buenos y de calidad”, señaló.

Sin embargo, a pesar de que la calidad de los fármacos está garantizada por la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), se han presentado amparos constitucionales y jurídicos para que los fármacos que son provistos en las casas de salud pública, para tratar enfermedades raras o catastróficas, sean de una exclusiva marca y farmacéutica.

Según Daniel Apolo, gerente de Oxialfarm, empresa ecuatoriana productora de medicamentos, esa es una estrategia que ha sido adoptada por las farmacéuticas grandes para deslegitimar la producción local de medicinas genéricas.

“Es un cuento que viene desde hace muchos años, son alertas que se levantan sin fundamento con el objetivo de favorecer marcas de empresas foráneas”, señaló.

Apolo insistió en la necesidad de que se investigue el lobby farmacéutico que realizan algunas empresas con médicos que prestan sus servicios en el sistema de salud pública. “Las afectaciones en el día a día son continuas, porque en los hospitales hay manipulación de la información, nos cuestionan la calidad mediante oficios o conversatorios, pero ellos saben que deben hacerlo frente a la entidad regulatoria que es Arcsa; sin embargo, nunca se ha demostrado nada”, manifestó el empresario.

Con relación a este tipo de prácticas, Córdova recordó que en agosto de 2016 presentaron una denuncia ante organismos competentes por la presión que tenían de una farmacéutica para fidelizar a los pacientes con un medicamento específico. “Crearon un programa de salud alternativo dirigido solo a los pacientes que utilizaban sus medicinas, discriminando a quienes no lo hacían y amenazando con quitar el beneficio si dejaban de usar sus productos”, indicó el dirigente.

Un fallo de la Defensoría ratifica la calidad de la medicina genérica

Recientemente un grupo de  pacientes insistió en mantener su tratamiento con una marca específica de medicamento para enfermedades que son tratadas con infliximab, principio activo utilizado para tratar la artritis reumatoidea deformante y espondilitis anquilosante.

Este grupo de pacientes presentó un recurso ante la Defensoría del Pueblo para que no les cambien el medicamento que venían utilizando.

La Defensoría realizó una audiencia en la que participaron representantes de los pacientes, del Arcsa, Sercop y Ministerio de Salud y luego de los argumentos presentados determinó, el pasado 2 de agosto, que los pacientes que ya están utilizando determinado medicamento deben continuar con el mismo fármaco para no atentar contra su tratamiento.

De esta forma se ratifica la decisión tomada por Sercop para los pacientes que utilizan medicamentos biológicos. En estos casos, las unidades de salud emiten un informe indicando el número de pacientes que ya están en tratamiento, la cantidad y posología de medicamentos que necesitan y el ente rector de la compra pública autoriza la adquisición de esos fármacos.

Sin embargo, los pacientes que recién inician el tratamiento deben utilizar el medicamento biosimilar que está dentro del catálogo electrónico y que fue adjudicado a través de la subasta pública de medicamentos con un mejor precio y con la calidad garantizada por el Arcsa.

Las medicinas caras no garantizan un mejor sistema de salud  

El Bevacizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado, que se administra en diagnósticos de cáncer en los que ya existe metástasis, y que tiene un valor de $ 600, en su presentación de 4 ml, y de $ 2.192 en la de 16 ml.

Una vez que el Arcsa realizó las investigaciones y estudios pertinentes otorgó el registro sanitario a una empresa farmacéutica, de origen nacional, para que pueda ofertar y distribuir el biosimilar del Bevacizumab en el país y el medicamento vía subasta inversa corporativa fue adquirido en $172 y $262, respectivamente, por cada presentación.

Sobre la diferencia de precios en los medicamentos, la ministra Verónica Espinosa indicó que cada país debe planificar la adquisición y distribución de fármacos con base en la sostenibilidad y acceso de los mismos. “Tener medicinas más caras no nos vuelve un mejor sistema de salud, en Ecuador hay medicamentos monopólicos que pueden costar hasta 10 veces más que en países vecinos”, enfatizó.

El director General del Sercop, Santiago Vásquez, recordó que cuando se presentó la subasta inversa corporativa de medicamentos en 2015 una farmacéutica internacional con representación en Ecuador interpuso un recurso ante un juzgado para evitar que se dé el proceso de compra agregada de medicamentos para todo el sistema de salud pública del país. La pretensión fue mantener el control del mercado público de medicamentos y la exclusividad, evitando la competencia con otras empresas.

Finalmente, no se dio paso a esta acción y la subasta pública de medicamentos se ejecutó con normalidad con un presupuesto referencial de       $ 450 millones, pero la utilización de un sistema de compras públicas eficiente y transparente permitió adjudicar los medicamentos en $ 150 millones, es decir, que el Estado ahorró $ 300 millones para los dos siguientes años en la adquisición de medicamentos de calidad, seguros, eficaces, garantizados y vigilados por la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria.   

En la SICM se dio una de las máximas expresiones de articulación interinstitucional del Estado: el Sercop ejecutó el proceso de contratación pública; la Rpis agregó la demanda de medicamentos del MSP, IESS, Issfa e Isspol; ARCSA revisó los registros sanitarios; SAE identificó los organismos de inspección y los laboratorios en el exterior que puedan hacer control de calidad; el Ministerio de Finanzas gestionó el ahorro fiscal y el cobro de garantías; el Mipro determinó las preferencias a la producción nacional; Proecuador y Cancillería fomentaron la participación de proveedores de genéricos a nivel internacional; la Superintendencia de Control de Poder de Mercado verificó si había colusión; el IEPI revisó las licencias y el SRI y el UAF detectaron los movimientos financieros. (I)