La emergencia sanitaria causó que el Gobierno Nacional decidiera un recorte de aproximadamente $ 4.000 millones en sus gastos. Una gran parte de esa suma se logrará con la supresión de dos entidades y ocho empresas públicas.

Mediante 10 decretos, el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso la supresión de Inmobiliar y del Servicio de Contratación de Obras; y la liquidación de las empresas Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, Correos del Ecuador, Ferrocarriles del Ecuador, Ecuador Estratégico, Medios Públicos, Siembra EP, Tame y la Unidad Nacional de Almacenamiento.

Estas empresas fueron creadas en el gobierno de Rafael Correa y tampoco se han librado de casos de corrupción y de poca rentabilidad.

El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, explicó en el programa Ecuador al Futuro que muchas se crearon con la intención de brindar un servicio público, cuando eso le corresponde a los ministerios. “La empresa tiene que ser un instrumento de eficiencia, pero no puede reemplazar la política pública. Cuando hay esta distorsión se empiezan a gastar muchos más recursos de los que se genera”.

Este es el caso de Tame que, sin covid-19, ya proyectaba pérdidas de $ 45 millones, más deudas arrastradas de administraciones pasadas. Otro caso es el de la Empresa de Medios Públicos. El presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), Marco Ávila, indicó que entre 2013 y 2019 ha recibido $ 185 millones sin tener rentabilidad y era muy dependiente de los contratos estatales.

En términos generales, los decretos establecen 60 días, a partir de su publicación, para que cada empresa calcule el valor de sus activos y nombre un liquidador. Posteriormente, el Ministerio rector se encargará de emitir la política de liquidación y de transición, en los casos que corresponda.

Para otros casos se analizan alianzas con el sector privado. Por ejemplo, para Ferrocarriles del Ecuador habría un administrador privado interesado en asumir el servicio.

Para Correos del Ecuador, mediante un concurso público de concesión, se seleccionará una empresa privada para gestionar todos los servicios postales.

Martínez apuntó que en todos los casos se deberá cumplir con la garantía de los derechos de los trabajadores que serán desvinculados. Y precisó que hay un presupuesto establecido, a cargo del Ministerio de Trabajo, para las liquidaciones. “Este presupuesto se va devengando en función de los procesos de optimización que hagan las entidades”, agregó.

Ávila habló de $ 43 millones presupuestados para liquidar al personal de las siete empresas públicas.

Economistas coinciden en que los cierres es una decisión correcta. Mauricio Pozo recuerda que “las empresas han venido generándole problemas al Estado, ha habido pérdidas de recursos y esto (cierre de empresas) lo que haría es que el Estado deje de perder, lo cual es un avance”. Acota que hay que analizar cuál es la salida para cada una de las empresas y definir el ahorro real del gasto público.

Para el analista Pablo Lucio Paredes, las empresas señaladas no cambiarán mucho las finanzas públicas, pero la medida “sí es una señal positiva”. A su criterio, las que requieren un ajuste importante son CNT y Petroecuador, que son las más grandes y las que más importan.

Sin embargo, del lado de los trabajadores hay mucha incertidumbre sobre su futuro. Remigio Hurtado, de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador, lamenta que en estos últimos tres años el Gobierno actual no haya logrado repotenciar las empresas públicas como lo anunció y que ahora la única salida sea la privatización de sus servicios.

El 15% de los empleos es público

Un artículo publicado por el Banco Mundial (BM) reflexiona sobre las implicaciones de los recortes salariales y despidos en el sector público como medida para enfrentar la emergencia sanitaria. Al igual que Ecuador, gobiernos de todo el mundo aplican medidas de este tipo para redireccionar recursos.

A escala global los sueldos del sector público representan alrededor del 8% del PIB y el 30% de los gastos gubernamentales. Pero también equivalen al 15% del total de trabajadores y el 30% de los trabajadores asalariados, por lo que es un importante generador de empleo. Por otra parte, en diversos países, los empleados públicos reciben sueldos un 20% superiores a los del sector privado (en Ecuador se ha determinado un 40%).

En este sentido, el texto de Zahid Hasnain, especialista en el sector público, reconoce que es tentador formular las políticas con sacrificios para este segmento, pero plantea algunas consideraciones y que depende del contexto de cada país.

En primer lugar, las decisiones deben proteger tanto a empleados públicos como privados. Además apunta que cualquier recorte en los empleos o los salarios impactaría grupos vulnerables que requieren más protección como mujeres o personas con discapacidad.

En segundo lugar, los funcionarios públicos prestan una gran parte de servicios esenciales para responder a las crisis en la primera línea. Por ejemplo, casi el 30% de empleados estatales corresponde a profesores y el 12% a personal sanitario en 10 países de América Latina, según datos preliminares del BM.

Incluso el artículo sugiere que hay argumentos de peso para entregar una remuneración adicional a estos colaboradores con el fin de que sigan trabajando horas extras.

Un tercer elemento, es que una reducción del personal del sector público durante la crisis podría impedir el proceso de recuperación posterior. En muchos servicios, especialmente en la educación, se tendrá que compensar el tiempo perdido y se necesitará un mayor apoyo para hacerlo con eficacia.

Durante crisis fiscales pasadas, medidas de corto plazo, como los recortes de personal y pagos, han creado distorsiones a largo plazo en el sector público.

La publicación concluye que luego de esta crisis, muchos países tendrán que reformar dicho sector para poder gestionar mejor cualquier próxima emergencia.

Servidores rechazan medidas

La Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador rechaza la reducción salarial del 16,6% para la función Ejecutiva. Mientras el Gobierno habla de un ahorro de $ 980 millones con esta medida, el gremio sostiene que eso afectará a la economía en general ya que impacta directamente en el consumo de los hogares.

Sobre la jornada laboral tampoco ven viable la reducción de ocho a seis horas diarias, pues actualmente se trabaja más de 10 horas diarias, tanto los servicios de primera línea como el resto de ministerios y entidades públicas.

También les preocupa la eliminación de contratos ocasionales que afectará a 5.000 familias y de aquellos con nombramiento permanente (4.000 funcionarios).

El gremio convoca a una manifestación nacional para el lunes 25 de mayo junto con otras organizaciones sociales.

Al eliminar la UNA el precio del arroz queda liberado

La Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP) forma parte de las ocho empresas públicas en lista de liquidación. “La UNA para los agricultores es el Estado regulando los precios; mal o bien ha manejado las compras y las ventas”, indicó Richard Intriago, presidente del Movimiento Nacional Campesino (Fecaol).

El dirigente cree que si la entidad está llena de corrupción, lo que se debía combatir es ese aspecto, pero no eliminar la institución. Intriago asegura que al liquidarla se estaría entregando la comercialización de arroz al sector privado, “para que definan precios, acoplen y comercialicen”.

El anuncio lo realizó en la presentación de la demanda inconstitucional contra las medidas económicas presentadas por el presidente de la República Lenín Moreno, que a decir del dirigente afectan los sectores populares, principalmente a los trabajadores del sector público.

Asegura que las empresas pasarán al sector privado y teme que “los mismos que están gobernando sean quienes luego las administren con capitales privados”. (I)