Empresas de medicina prepagada mueven $ 300 millones al año

En 2012, el gremio de empresas de medicina prepagada totalizó ingresos anuales por un valor cercano a los $ 300 millones, señaló la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Medicina Integral Prepagada (AEEMIP) en una carta dirigida a este Diario.

La cifra es inferior a la difundida días atrás por la asambleísta Pamela Falconí, de $ 1.000 millones. Ella en abril presentó en la Asamblea el proyecto de Ley de Seguros Médicos y de Medicina Prepagada, cuyo fin será regular el sector y controlar prácticas consideradas ‘abusivas’ por parte de estas empresas.

“Nosotros hemos preguntado a las autoridades de control y no existen cifras exactas, ellos (las empresas) hablan de $ 300 millones, otras autoridades del Estado ponen montos más altos”, dijo ayer Falconí.

De entrar en vigencia la normativa, sería la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) la encargada de regular a estas compañías que, según Pedro Solines, titular de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), se rigen actualmente por una ley “obsoleta que no establece con claridad cuál es su organismo de control”.

La Ley de Medicina Prepagada, vigente desde 1998, estipula que las direcciones provinciales de Salud revisen los contratos que suscriben estas empresas con sus clientes, pero esto no se cumple, aseguró Falconí. La funcionaria indicó que una nueva normativa permitirá a la SBS, la Superintendencia de Compañías y al Ministerio de Salud, regular a las compañías en las 3 dimensiones en las que operan: financiera, societaria y de salud, según el ámbito correspondiente.

Una vez que las empresas de medicina prepagada pasen a manejarse como un seguro médico, deberán acoplarse a los principios que rigen sobre las empresas de seguros: capital adecuado, inversiones obligatorias, reservas técnicas, régimen de reclamos. Lo principal, dijo Solines, será proteger ‘efectivamente’ los intereses de los usuarios.

Este Diario quiso comunicarse con la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Medicina Integral Prepagada, pero no fue posible porque su representante se encontraba fuera de la ciudad.

Usuarios consultados opinaron que estas empresas pueden tener prácticas discriminatorias, incluso las dependencias de la Defensoría del Pueblo reciben con frecuencia quejas de ciudadanos perjudicados, aunque no se precisó cuántos, debido a que varían cada mes.

Según Pedro Solines, en 2012 representantes del sector manifestaron su ‘comodidad’ de ser regulados por la Superintendencia de Compañías y el Ministerio de Salud.