Un microcrédito por 200 mil sucres fue el punto de partida para Fabián Moposita, un próspero comerciante que en 15 años convirtió a una pequeña tienda de abarrotes en la distribuidora más grande de Amaguaña, una parroquia del sur de Quito.

La idea de levantar un negocio surgió con el fin de ayudar a su madre con los gastos del hogar. Para el hombre, ahora de 34 años, el  primer obstáculo fue el financiamiento, pues “cuando fui al banco me pidieron tener un local o casa propia como garantía pero mi plan era arrendar y empezar con una  tienda”, recuerda.

Fue así que acudió a la  cooperativa de ahorro y crédito Textil 14 de Marzo, que a más de concederle su primer préstamo le brindó asesoría para ampliar el negocio. “Estoy muy agradecido  porque confiaron  en mí cuando no tenía nada. Recuerdo que mi primer crédito fue de 200 mil sucres y el segundo de un millón. Ya no sé cuántos préstamos he tramitado, pero con eso pude comprar mi casa y tener mi local, ahora pienso aumentar artículos de bazar y productos plásticos para atender mejor a mis clientes”, cuenta el empresario, que emplea a otras personas en su negocio.

Moposita es parte de las cuatro millones de personas vinculadas a las 1.221 cooperativas de ahorro y crédito registradas en el país, según datos del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

Las cooperativas surgieron en el país como pequeñas cajas de ahorro que, generalmente, involucraban a trabajadores de una misma empresa o vecinos de una localidad, con el propósito de apoyarse económicamente a través de créditos.

La cooperativa Textil 14 de Marzo empezó hace 42 años como un fondo común para  los trabajadores de la textilera Indutex, asentada en esa época en el centro de San Rafael, en el Valle de los Chillos. Arrancó con cerca  de 80 socios y actualmente son más de 38.000.

Con nueve agencias distribuidas en Quito y parroquias aledañas, y Santo Domingo de los Tsáchilas, la entidad mueve miles de dólares al año (préstamos y ahorros) y cuenta con 14 millones en activos.

Edwin Carrera, gerente de la cooperativa, explica que una de las  características es considerar al  cliente como un socio más “que puede consultar sobre los balances y participar de las decisiones administrativas, lo que no ocurre en un banco, donde  se distingue al accionista del cliente”, comenta.

Es que a diferencia de los bancos, en las cooperativas hay  mayor participación de los socios porque  por cada mil se elige a un representante y se conforma una Asamblea, la cual  designa autoridades y gerentes.

El 65% de créditos va a proyectos productivos

Hace ocho años César Gavilánez decidió abandonar su natal provincia de Los Ríos para radicarse en Quito y mejorar las condiciones de vida de su familia. Dejando de lado la producción de  arroz, resolvió convertirse en comerciante  y abastecer a los barrios del sur de  la capital.

Para arrancar con el negocio accedió a un crédito de 8.000 dólares en una cooperativa del sector para comprar la  gramínea y un vehículo que le sirviera para la distribución. Actualmente, vende entre 300 y 500 quintales al mes, a un valor promedio de 38 dólares cada uno.

“De a poco fui ganando más clientes porque la competencia es grande, pero cada día salgo a buscar una tienda nueva. No me importa si me compran uno o 10 quintales, o si me piden a crédito, a todos les vendo y hasta ahora me va bien. Con este negocio pude construir mi casita en la  Nueva Aurora (barrio del sur de Quito) y ha salido adelante con mi familia”, cuenta Gavilanez, quien  ahora paga  un préstamo de 6.000 dólares que le sirvieron para comprar más producto.

Julio Gualotuña, gerente de la cooperativa de ahorro y crédito Luz del Valle, en Sangolquí, afirma que cerca del 70% de las personas que atiende son microempresarios o trabajadores autónomos, pues equivale al porcentaje de préstamos que se conceden  mensualmente para proyectos productivos o ampliación de negocios. El  30% restante se destina para   consumo.

La entidad surgió en 2002 con 18 socios fundadores y 50 mil dólares de capital, pero  la fecha, más de 27 mil moradores del Valle de los Chillos se benefician de sus créditos y cuentan con  16 millones de dólares en activos.

Carrera y Gualotuña coinciden en que las cooperativas han impulsado el desarrollo rural a través de microcréditos  a bajo interés,  asistencia técnica y asesoría financiera para los nuevos emprendedores, con el propósito de ayudarles a  invertir correctamente su dinero y a planificar el crecimiento de su negocio. 

Nueva legislación reconoce labor de las cooperativas

De las 1.221 cooperativas registradas en el MIES, cerca de 40 están reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, pues la ley vigente hasta 2009   determinaba que aquellas que superaran los 10 millones de dólares en activos debían someterse a las reglas de la banca privada.

El director nacional de Cooperativas del MIES, Freddy Pérez, señala que la suspensión de ese mecanismo se debió a la necesidad urgente de ordenar y reorganizar, e incluso fusionar, a las cooperativas con el fin de reducir la competencia entre ellas y fortalecerlas.

Ese objetivo estaría consolidado en el proyecto de Ley de Economía Popular y Solidaria y su Sistema Financiero que se tramita  en la Asamblea, que reconoce el aporte de las cooperativas y establece mecanismos de fomento e incentivos.

Para conseguirlo, Pérez considera necesario depurar el registro,  que data de 2009, en función de saber cuáles cumplen con esa  actividad y cuáles están inactivas pero mantienen la  personería jurídica. 

Parte del fracaso de algunas cooperativas lo atribuye a la concentración geográfica. De acuerdo con el reporte de la entidad Pichincha (404), Guayas (177), Tungurahua (117), Chimborazo (117), Azuay (97) y Loja (74) son las provincias con mayor número de agencias.

Se estima que las cooperativas empiezan a operar con un capital inicial de entre 10 mil y 30 mil dólares, y están   vinculadas principalmente a la agricultura,  ganadería y comercio.

“Por ejemplo, en Cayambe, el noroccidente de Pichincha, Mejía y otras provincias de la Sierra centro se dedican a actividades agrícolas, pero en Quito y otras ciudades se dedican más al comercio”, anota Freddy Pérez.

Aunque no hay datos  oficiales sobre los recursos que generan las cooperativas, el funcionario asegura que las estimaciones bordean los  1.500 millones de dólares al año, de acuerdo con registros de   2009. El cálculo de  que de tres a cuatro millones de personas están vinculadas con el sistema  cooperativista produjo que  el proyecto de ley lo reconozca  como actor importante de la economía popular.

Hay que fijarse en el hecho, aseguran sus socios, de que muchas cooperativas  lograron mantenerse durante la crisis financiera de 1999, que afectó a gran parte de la banca privada.

Pérez insiste en que la fortaleza de  estas entidades está en destinar el  mayor porcentaje de sus  transacciones a los socios, una forma de operar que espera se mantenga con la nueva ley.