El artículo 9 del Proyecto Reformatorio a la Ley de Minería, presentado por el presidente Rafael Correa a la Asamblea Nacional, establece que “en el caso del oro proveniente de la minería artesanal legalmente autorizada, el Banco Central del Ecuador (BCE) efectuará su comercialización en forma directa o por intermedio de las instituciones financieras pertenecientes al Estado”.

Al respecto, Galo Borja, vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, manifestó que esta propuesta de venta de oro a la entidad financiera antes mencionada, se debe a que existe un “sistema irregular  de explotación del oro, que lo que hace es  sacar el oro por las fronteras, tanto de Colombia como de Perú”.

Según el legislador, “se calcula que alrededor de 10 toneladas de oro al año salen de manera irregular del país, lo cual perjudica al Estado”.

DATOS

Tras la socialización del proyecto, el sector minero propuso que las regalías que vayan a los Gobiernos Parroquiales sean destinadas a remediar el tema ambiental.

El proyecto reformatorio  establece que el Gobierno podrá utilizar también el 60% de las regalías señaladas para obras realizadas por éste en las respectivas localidades mineras.

La minería artesanal utiliza aparatos manuales o equipos portátiles destinados a la obtención de minerales

El vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario recalcó que la salida del oro por las fronteras afecta a las comunidades. “Eso deja un espacio para que la situación social de las comunidades se turbie un poco, porque esto es un comercio ilegal y permite que se compre el oro con dinero mal habido. Esto es algo que se hace regularmente en el sector minero y que queremos terminarlo”, precisó.

Borja agregó que el Banco Central va a comprar el oro sin cobrar ningún tipo de impuesto, “por supuesto, a todos los mineros artesanales que estén regulados”.

En cuanto al tema de las regalías, Borja indicó que la minería artesanal no paga impuestos ni regalías, “porque ellos son los dueños, los trabajadores, y las utilidades se distribuyen entre sí”.

Explicó que dentro del proyecto reformatorio se propone que en la pequeña minería se distribuya el 10% de las utilidades a los trabajadores y el 5% al Estado. Mientras que 5% para los trabajadores y 10% para el Estado  en la mediana y en la gran minería un 3%  y 12% respectivamente.

En cuanto a las obligaciones tributarias, el asambleísta manifestó que igualmente los artesanos no pagan ningún tipo de impuesto. La pequeña minería aportaría con el 3% de las patentes, la mediana 4%, y en la gran minería entre el 5% y el 8%.  

Borja manifestó además que en el caso de la mediana y gran minería, el proyecto reformatorio establece que cuando se hagan inversiones grandes, se va a poner un plazo para que al momento de que recuperen la inversión se empiecen a pagar regalías. “La mediana y gran minería realizan procesos en los cuales se demoran por ejemplo dos años solo en exploración de un territorio, lo que representa solo gastos, pero no  producción”, precisó.

En este sentido, Borja resaltó que para iniciar los procesos de explotación de una zona específica, también se lleva un tiempo, “porque hay que armar una infraestructura para explotar, entonces son inversiones millonarias que no generan regalías porque no se produce nada aún, pero, sí se les da un plazo para la exploración y el inicio de la explotación”.

Consulta prelegislativa

En cuanto a la solicitud  de la dirigencia indígena de que el Proyecto Reformatorio a la Ley de Minería pase por una consulta prelegislativa, el presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, Oswaldo Larriva, manifestó que esta posibilidad es viable no solo para nuevos proyectos de ley, sino también para reformas que “atenten contra los derechos colectivos de los sectores que creen ser afectados. Tiene que existir una justificación y una argumentación adecuada que demuestre que es lo que les afectaría”.

Larriva indicó que la solicitud  ya fue enviada por la asambleísta de Pachakutik Lourdes Tibán a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. “De ahí, el pleno de la Asamblea Nacional será el encargado de  resolver si el Proyecto Reformatorio a la Ley de Minería amerita o no una consulta prelegislativa, en su conjunto darán su respuesta”, precisó el titular de la Comisión.