La Superintendencia de Compañías y Valores (SC) solicitó la semana pasada a un juez constitucional que emita medidas cautelares contra los principales accionistas y administradores del Grupo Ortega Trujillo, por incumplir dos pagos por aproximadamente $ 700.000 en el mercado bursátil y por no entregar cientos de viviendas de proyectos inmobiliarios a clientes que ya las pagaron.

El pedido de medidas cautelares, que fue admitido por un juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Guayaquil, fue interpuesto por Xavier Oquendo, en calidad de procurador judicial de Suad Manssur, superintendenta de Compañías y Valores.

La Superintendencia de Compañías solicitó medidas cautelares para 30 personas naturales, miembros de la familia Ortega y 82 jurídicas. El juez determinó la prohibición de enajenar todos los bienes, derechos y acciones que las personas jurídicas descritas mantengan registrados a su favor en el Registro de la Propiedad de los cantones Guayaquil, Quito, Santa Elena, La Libertad, Salinas, Playas, Daule y Durán.

Además de la retención de todos los fondos, dineros, depósitos, inversiones y valores que las 30 personas naturales y las 82 jurídicas descritas mantengan registrados a su favor, en cualquiera de las instituciones financieras sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS).

También está la prohibición de enajenar los vehículos automotores que dichas personas mantengan registrados a su favor en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

El Grupo Ortega cuenta con más de 30 empresas en el país. Una de las compañías del Grupo, Seguros Bolívar, entró desde el 30 de junio de 2014 en proceso de liquidación forzosa.

De acuerdo a la SBS, entre las razones para el cierre se encontraron el alto riesgo de iliquidez de la aseguradora, la concentración de recursos en empresas relacionadas, los altos gastos administrativos y el incumplimiento del gobierno corporativo de normas de gestión de riesgo.

Seguros Bolívar pertenecía al Grupo Estudio Jurídico Ortega Moreira & Ortega Trujillo, conformado además por Anglo Automotriz Sociedad Anónima (Anauto) y Camposantos del Ecuador. Según el SRI, los ingresos de este Grupo fueron de $ 225,7 millones y el Impuesto a la Renta Causado registró un total de $ 2,4 millones. Se ubicó en el puesto 56 entre 118 de los considerados grandes grupos económicos de Ecuador.

Anauto, una de las mayores empresas del Grupo, tuvo ingresos de $ 73,4 millones en 2013 y registró pérdidas por $ 495.685. De alrededor de $ 10 millones que tiene el Grupo Ortega Trujillo en saldos por vencer por concepto de obligaciones contraídas en el mercado bursátil, a Anglo Automotriz le corresponde $ 6’291.250 hasta diciembre de 2014.

Precautelar intereses generales

“Ellos tienen una serie de empresas que están con vencimiento, tanto en el mercado de valores como con  diferentes compradores de vivienda. Nosotros estamos tratando de que los señores cumplan con sus obligaciones y, para precautelar esos intereses generales, hemos pedido esas medidas cautelares a un juez que las otorgó”, señaló Suad Manssur.

La superintendenta recalcó que por ningún motivo los principales accionistas y administradores del grupo empresarial podrán salir del país y tampoco transferir de sus cuentas corrientes dinero al exterior.

“Ellos tienen dos pagos incumplidos por $700.000 en el mercado de valores y también proyectos inmobiliarios que cumplir a personas que ya han pagado el total de sus viviendas. Están en un proceso difícil, han prometido cubrir todas sus deudas, pero, como órgano de control, nosotros tenemos que precautelar de todas maneras esos activos y asegurarnos de que se queden en el país, negocien y paguen”, acotó la funcionaria.

Con respecto a la operatividad de las empresas intervenidas por la SC, Manssur enfatizó que “las empresas están en marcha, siguen trabajando con normalidad, pero nosotros tenemos que precautelar los activos”.

Este diario intentó obtener una versión de los administradores de las distintas empresas del Grupo Ortega, sin embargo, hasta el cierre de esta edición, empleados de las compañías afirmaron vía telefónica que los representantes están en constantes reuniones, luego de la resolución del juez de la Unidad Judicial Civil.