La Comisión de Régimen Económico aprobó el viernes los informes sobre la proforma presupuestaria 2018 y el proyecto de ley económica urgente que serán debatidos esta semana en el pleno de la Asamblea Nacional.

La legisladora Mae Montaño (CREO) votó en contra, pues ya no ve cómo, a través de la proforma, se afrontará la crisis económica del país, tal como lo han mencionado otros asambleístas, empresarios y analistas.  

Ante esto, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, en una entrevista con EL TELÉGRAFO, fue enfático en decir que “en economía no se hacen juicios de valor” y se remitió a las cifras: los egresos de la proforma son $ 1.965 millones  (5,3%) menos que lo establecido para 2017; y el déficit fiscal se reduce un 3,9% frente al 4,5% del año pasado.

“Esto indica que estamos en un proceso de reducción progresiva del déficit y que las necesidades de nuevo financiamiento son menores, es decir, menos deuda”.

A la amortización de la deuda pública también se destinan $ 3.125 millones menos que en 2017 (ver infografía).  De la Torre indicó que el año pasado el Ministerio de Finanzas pagó al Banco Central del Ecuador (BCE) algunos activos que en 2018 ya no se harán.
“Cuando hay reducción de la amortización es porque ya se ha pagado la deuda más cara y de corto plazo”.

Las necesidades de financiamiento bruto para 2018 bordean los $ 8.000 millones, es decir unos $ 4.000 millones menos que en 2017. “Estamos avanzando hacia una recomposición de las variables fiscales y pretendemos que en pocos años lleguemos a niveles sostenibles de largo plazo”.

Dijo también que se recortan los gastos de inversión dado que las grandes obras de infraestructura ya se hicieron en las anteriores administraciones. “Tampoco podemos reducir más porque eso significaría ponerle un freno a la economía”.

Para el mantenimiento de las obras existentes y para las nuevas se buscarán alianzas público privadas. Otro punto cuestionado dentro de la proforma es el aumento de gastos para personal. El ministro  aclaró que esto permite continuar con los servicios gratuitos de educación, salud, seguridad y justicia establecidos en la Constitución.

El 88% de este gasto corriente corresponde al pago de maestros y personal de salud; a policías y jueces en menor medida. Además, la adquisición de bienes y servicios, otro rubro que aumentará en 2018, más del 80% corresponde a pago de insumos hospitalarios, alimento escolar, etc.

“Me dicen que hay que reducir el gasto corriente; yo pregunto: ¿qué escuelas u hospitales cerramos? Ya no tenemos de dónde recortar más”, cuestionó De la Torre a sus críticos.

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Responsabilidad de la banca

El gran objetivo del Gobierno para proteger las reservas internacionales y la dolarización es reducir la circulación de dinero físico ($ 800 millones anuales) porque cada dólar que ingresa al país es un dólar menos en las reservas internacionales.

Para cumplir con esta meta, la banca privada, que próximamente podrá operar el dinero electrónico o billeteras móviles, tendrá un rol importante.

Su responsabilidad no solo será la de impulsar los medios de pago electrónicos, sino que con las reformas a los artículos 95 y 96 del Código Monetario y Financiero establecidas en el proyecto de ley económica urgente, se les faculta a los bancos a que puedan remesar billetes físicos (hasta ahora solo lo puede hacer el Banco Central del Ecuador) cuando ellos lo necesiten y si no cumplen con la meta establecida por las autoridades.

La Asociación de Bancos Privados, a través de su presidente, Julio José Prado, mostró su preocupación a estas reformas, pues a su criterio se les hace corresponsables, junto con el BCE, de sostener la liquidez del país.

Esto fue descartado por el ministro De la Torre, quien enfatizó que él hizo el proyecto de ley. Dijo que dado que la banca estará facultada para manejar el dinero electrónico, y que eso les generará una utilidad, es su responsabilidad que la demanda de dinero en billetes disminuya. “Ellos van a tener que traer de sus depósitos (dinero físico) en el exterior si no cumplen la meta de reducir la demanda de billetes”.

Aclaró que dichas reformas “no tienen nada que ver con la balanza de pagos, solo de la demanda de dinero físico. Los bancos tienen que incentivar el uso de medios de pago electrónicos”.

Otro punto que está en análisis relacionado a este mismo tema es sobre la devolución del 1% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los ciudadanos, como incentivo para realizar pagos con dinero electrónico, tarjetas de crédito o débito.

Pabel Muñoz, presidente de la Comisión de Régimen Económico, indicó que este beneficio se eliminaría porque al permitir que la banca impulse este mecanismo, los incentivos deberían venir de su lado. (I)

Circulante

Impulso a pagos digitales
→Reducir $ 800 millones en billetes circulantes es la meta anual que tiene el país. Para ello, la banca pública y la privada son responsables de incentivar el uso de medios de pago electrónicos con tarifas bajas en sus servicios para los ciudadanos.

→88 por ciento del gasto corriente del Estado se destina principalmente al pago de maestros y médicos.

Gastos que siempre crecerán
→Dado que la población crece cada año y que el Gobierno busca ampliar la cobertura de los servicios gratuitos, De la Torre sostiene que los gastos en salud y educación siempre aumentarán.