El Fondo de Apoyo a las Mipymes aún no se concreta

La superintendente de Bancos, Ruth Arregui, se siente a sus anchas hablando de educación financiera. Una educación en la que los ecuatorianos tenemos “bomberos” y estamos a la cola de los países andinos junto a los bolivianos.

Arregui conversó con este Diario sobre ese tema y otros como el Fondo de Apoyo a las Mipymes, que propuso durante la pandemia, pero que no se cristalizó por la falta de recursos. También sobre el registro de datos crediticios o las 104 empresas que estafan a los ciudadanos con ofertas de préstamos rápidos y a bajos intereses, así como el estado del caso ISSPOL.

 ¿Cómo es el Fondo de Apoyo a las Mipymes propuesto por la Superintendencia de Bancos, el 29 de marzo de 2020?

Se constituye, básicamente, con la cartera de créditos que ha sido aprobada por los multilaterales para el país: Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento, del Fondo Monetario Internacional.  

Puede generar un patrimonio autónomo, que está respaldado por la garantía del Estado, y emitir títulos.

También se puede hacer operaciones de capital de trabajo, de redescuento de cartera, de garantía crediticia a un plazo más amplio, como son los diferimientos que tienen entre 60 o 90 días.

Además, es posible hacer un refinanciamiento de la cartera a mediano plazo: de 3 o 4 años, incluso llegar a 6 años. Es posible otorgar periodos de gracia para   las industrias que no han logrado reestablecer sus actividades productivas, de 3 meses y 6 meses.

¿Hay tasas más bajas para este fondo financiado por multilaterales?

Sí, esa es otra ventaja y se puede trasladar ese beneficio a los usuarios finales, es decir, a los clientes, que en este caso son las Mipymes, las medianas empresas, los hogares y todos los impactados por la pandemia que requieran de este auxilio de política pública.

Está pensado así porque es la única forma de establecer estas condiciones crediticias que no las puede dar otra institución, salvo la banca pública, pero allí los recursos son muy limitados y vienen del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero se ha privilegiado los gastos de salud y es muy poco lo que puede capitalizar el Estado a través de la banca pública.

Los fondos de las Mipymes son ideales, se utilizan en otros países y los han ayudado a salir de la crisis, tomamos esas experiencias positivas y las adecuamos a la realidad de Ecuador considerando que tenemos un esquema dolarizado y eso es una restricción para la emisión monetaria.

Esa es otra razón por la cual un instrumento de esa naturaleza es idóneo para superar la crisis económica.

¿Por qué razones no se ha podido implementar como política pública ese fondo de ayuda?

No había recursos, todos los que llegaron al Estado en marzo, abril y mayo eran pocos y se lograron $580 millones que se destinaron a solventar los gastos de la emergencia sanitaria. No fue posible dar una parte de ellos a este fondo de las Mipymes.

Tampoco el país regresaba a la plenitud de la actividad económica, la semaforización se mantenía en ciertos cantones del Ecuador y no se podía canalizar esos recursos a las empresas y las microempresas.  

Pero no se dejó de hacer créditos para las Mipymes. Este fondo es para las operaciones, que ya fueron diferidas y arrastradas desde marzo de este año. Los diferimientos bordean casi los $10 mil millones, eso representa más o menos un tercio de la cartera.

Tuvimos $10.800 millones, que fue el 35 %, uno de los más altos de América Latina en saldos de volúmenes de diferimiento, el único país que sobrepasa ese nivel es Colombia, que difirió el 45% de la cartera.

Es necesario que esa cartera pueda refinanciarse para mantener medidas de alivio financiero que han sido emitidas con informes de la Superintendencia de Bancos, por la Junta de Política y Regulación Monetaria.

¿Pero hay créditos para las Mipymes o no?

Si hay créditos, las condiciones bajo las cuales se puede operar en este tipo de fondo son mejores que las del mercado, es decir, de la banca privada, en cooperativas, mutualistas o banca pública. Es mejor a través de este instrumento de política pública.

También este tipo de fondo al poder apalancarse puede multiplicar su patrimonio: por ejemplo, con $500 millones, es posible obtener hasta tres veces más con titularizaciones o emisiones de bono.

La Superintendencia de Bancos está trabajando en el diseño reglamento y del instrumento, nos estamos preparando para que con el desembolso del Fondo Monetario se capitalice este fondo. También se añadirán otro tipo de recursos que vengan de los multilaterales y se vayan integrando y alimentando.

Esperamos que esté operativo para hacer el refinanciamiento de esta cartera que ya ha sido diferida por la banca y que son alrededor de $9.800 millones. Esa cantidad significa 1’600.000 operaciones de crédito para Mipymes, familias, microcréditos para sujetos naturales y personas jurídicos.

Está representado la tercera parte del total de la cartera de créditos del sistema bancario. Es decir, es muy significativo.

 ¿Cómo es el perfil de las personas que necesitan ese fondo para salir adelante?

Tenemos en cartera diferida, la mayoría es comercial, consumo y microcrédito. En la primera están microempresas, que no son Mipymes, son pequeños negocios.

 ¿Dónde está distribuida la cartera de créditos? En los polos de desarrollo, hay más diferimientos en Pichincha, luego Guayas, después Azuay, Manabí.

A través de un reglamento se hace las operaciones de capital de trabajo o garantías. Hay industrias que no necesitan dinero, sino garantías. Otras están paralizadas, por ejemplo, el turismo.

Sin embargo, hay pequeños negocios que fueron resilientes y cambiaron, innovaron en los productos que ofrecían. Estos sobrevivieron y vendieron durante la pandemia, por ejemplo, los restaurantes que pertenecen al sector del turismo y atendían en sus locales, pero se reinventaron y ahora llevan la comida a domicilio.

Otros no lograron cambiar, cerraron y despidieron a sus empleados. Es importante que se restablecen las actividades económicas y productivas para los negocios se restablezcan y restituyan la cadena de pagos.

¿Qué otro problema ha tenido el país en el tema créditos?

Los microempresarios despidieron a sus empleados porque no podían pagar la seguridad social y de ella salieron alrededor de 500.000 personas.

Precisamente, queríamos evitar que se rompa esa cadena de pagos. Ahora para restablecer esto se necesita un impulso importante de flujos monetarios en la economía.

En otro tema, la Superintendencia de Bancos tiene un sistema de registro de datos crediticios, ¿cómo ha funcionado el aplicativo?

Es innovador, hemos trabajado desde el año pasado para mejorar el acceso a los distintos servicios de la entidad, que son informativos y de protección a los ciudadanos y se puede hacer denuncias en el portal.

Además, tenemos la central de riesgos crediticios, que se alimenta de información de las instituciones bancarias. Sirve para el procesamiento de información de los burós de crédito de los bancos y de la economía real.

 Ustedes descubrieron a redes de estafadores, ¿cómo operan?

Crean portales de páginas web y fachadas como una máscara parecida a las instituciones reguladas como bancos, cooperativas de ahorro y crédito. Los estafadores usan ese tipo de disfraz e incluso sus mensajes comunicacionales son muy parecidos a los de las instituciones bancarias.

Ofertan servicios financieros, a través de correos electrónicos y de WhatsAPP, envían mensajes y dan préstamos. También por mensajes de texto, que es la más costosa; y por las redes sociales. Por ejemplo, hacen préstamos de $3.000, pero piden un depósito de $1.000.

¿Ofrecen plazos grandes e intereses más bajos?

Así es y si la respuesta del interesado es positiva entran a negociar. Por ejemplo, si les dicen no tengo la cantidad de dinero, pero le puedo depositar 500. Esa es una ganancia, un timo.

Hay otro peligro, el estafador pedirá una copia de la cédula de identidad, e incluso el comprobante de pago de algún servicio. Eso puede terminar en otro tipo de estafa y en esos casos hay dos figuras delictivas: la estafa y la suplantación de identidad.

Hacemos la investigación y si detectamos una anomalía, la trasladamos a la Fiscalía General, que hace la indagación previa y la tipificación de los delitos y además cierra ese círculo.

Ustedes han alertado sobre supuestas empresas que ofrecen préstamos. ¿Qué les recomienda a los ciudadanos para evitar este tipo robos?

Hemos tenido104 reportes y los publicamos en las redes sociales y en la página web. Es un listado para que la gente se informe y no caiga en estas redes de corrupción, de estafa, de robo.

Primero, si alguien le ofrece prestar plata, eso ya suena raro. No es usual recibir un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp y que le digan le voy a prestar dinero.

Segundo, se necesita un margen de duda y de discrecionalidad. Además, es necesario informarse, sobre todo, si ya se quiere involucrar en un negocio de esa naturaleza.

Tercero, ir al portal de la Superintendencia de Bancos, mirar, verificar, incluso ir a las páginas de esas empresas. Es indispensable cerciorarse de los certificados de autorización y cotejar con los listados que publicamos periódicamente.

Todo esto nos pasa por nuestra baja educación financiera.

¿Cómo cambiar la baja educación financiera?

Informándonos; aprendiendo a manejar las finanzas; no sobreendeudarse, por ejemplo, ahora que se restablecen las actividades económicas y productivas, en la medida que se recupera un empleo o tiene recursos usted debe pagar las deudas porque de lo contrario terminará con una bola de nieve tan grande que después no sabrá qué hacer.

También hay que aprender a planificar, ¿cuánto usted destina al consumo en su hogar y al ahorro? Es importante ahorrar y no se necesitan miles de dólares  para ello, basta ahorrar $1 o $5, pero debe disciplinarse.

En materia de educación financiera hay mucho para contar y está relacionado con la política pública, con la reforma de los programas de educación desde la primaria a la secundaria, de manera que desde pequeños podamos adquirir competencias y capacidades financieras.

Eso nos dará la experticia y la pericia para tomar decisiones informadas y hacer negocios. Ayudará muchísimo a los emprendedores, a los microempresarios.

Uno de los problemas del país para tener la inclusión financiera es la baja educación sobre este tema. En las últimas mediciones de la CAF respecto a ello, quedamos en el cuarto puesto, Bolivia en el quinto.

 ¿Qué pasó con el caso de la ISSPOL?

Estamos en el descargo de las evidencias, los resultados tienen distintas aristas, puede haber observaciones sobre temas contables, financieros, de auditoría, así como se evidenció que no se ha demostrado la titularidad de la tenencia de estos bonos.

Hay otras observaciones que están en un plan de acción y se llevan adelante. En cambio, existen otras en las cuales ellos están tratando de conseguir la certificación de la titularidad.

Pero Jorge Chérrez, tenedor de los bonos, dijo que solo bastaba una carta para devolver esos papeles.

Hay inobservancias, por eso la Superintendencia de Bancos desde marzo requirió a la ISSPOL todas las gestiones que hace.

No somos competentes para decir si hubo estafa, es decir, robo. Eso le corresponde a la Fiscalía, pero debemos entregarle toda esta información para que pueda hacer el trabajo.

Hemos entregado la información a la Contraloría General para que actúe como le corresponde. Si era tan fácil como dijo Chérrez debe exhibir los títulos, él dice que son instrumentos desmaterializados, sin embargo, eso no significa que no se puedan ver o no existan.

Él está en la obligación de entregar estos títulos o la certificación de ellos a la ISSPOL, con quién hizo el contrato de asesoría y de colocación de bonos.

Parece que no los tiene porque no los ha mostrado.

La Superintendencia de Bancos hace la supervisión y el control, basadas en la evidencia, que hasta ahora no se ha presentado.